Alito Moreno vs Fernández Noroña: ¿cómo es el proceso de desafuero de un senador?

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña compartió en su cuenta de X que ha levantado una denuncia penal contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, así como los participantes en agresión contra su persona, que también provocaron lesiones serias a Emiliano González González, colaborador del morenista.

La denuncia penal no es la única medida que ha tomado Fernández Noroña, también ha exigido el desafuero de “Alito” Moreno del senado; pero, ¿cómo se lleva a cabo este proceso y en qué consiste?

¿Cómo es el proceso de desafuero de un senador? 

El desafuero es un proceso legal que permite a la Cámara de Diputados eliminar la inmunidad procesal de un servidor público, para que pueda ser juzgado penalmente por los delitos que haya cometido durante el ejercicio de su cargo. 

El proceso de desafuero de un servidor público, en este caso, del senador “Alito” Moreno, debería seguir el siguiente orden:

1. El proceso inicia cuando la Fiscalía recibe una denuncia penal contra el funcionario.

2. Antes de que la denuncia llegue a un juez, la Cámara de Diputados, a través de una Sección Instructora —conformada por cuatro personas legisladoras— deberá investigar el caso y presentar el dictamen ante el pleno antes de 60 días, para que esta determine si el proceso penal puede continuar. Más de la mitad de la Cámara deberá aprobar el dictamen.

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En caso de que los diputados aprueben el desafuero, la persona acusada pierde inmediatamente su cargo y es puesta a disposición de la Fiscalía; pero sin la declaratoria de la cámara, el proceso penal no puede continuar. 

Esta no es la primera vez que se busca el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI.

La primera solicitud se dio en 2022, luego de que fuese acusado por desvio de recurso millonarios cuando fue gobernador de Campeche de 2015 a 2019, la cual fue archivada como improcedente.

La segunda solicitud de desafuero contra Alito Moreno se dio el 27 de julio de 2025 por el peculado y uso indebido de atribuciones para supuestamente desviar 83.5 millones de pesos, según detalla un artículo de El Economista.

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