Del 10 al 12 de septiembre, la Red de Investigadores Sociales Sobre Agua (RISSA) tendrá su VIII Congreso Nacional en Morelia, Michoacán, con el tema central "Del paradigma neoliberal del agua a la justicia hídrica y ambiental", que espera la participación de investigadores, estudiantes, tomadores de decisiones y profesionales del agua de todo el país. Abordará tópicos clave como la explotación y modelación de aguas subterráneas, la calidad del agua superficial y subterránea, la gestión integral de recursos hídricos, y las tecnologías emergentes para enfrentar la escasez, según el Seminario Internacional sobre Escasez de Agua.
Iniciará el Congreso con dos conferencias de corte magistral a cargo de Jacinta Palerm y David Barkin.
Un documento base del Congreso explica que los problemas del agua en México son cada vez más complejos debido a la inserción del país en la economía capitalista mundial, con los consecuentes cambios relevantes en materia económica, política, social y cultural.
El modelo neoliberal fue la ruta que se inició desde finales de los años ochenta del siglo pasado y que en materia de aguas significó la conversión de un bien nacional -con uso predominantemente social- a un bien económico sujeto a derechos individuales, las concesiones.
Ésto llevó a la privatización y mercantilización del agua, donde los actores económicos se beneficiaron con las concesiones y el acaparamiento de las aguas otrora llamadas de la nación.
En ese marco surgieron la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Ley de Aguas Nacionales para dar certeza institucional y legal a las inversiones nacionales y trasnacionales en los nuevos proyectos que se vislumbraban en el país como la explotación minera, el crecimiento de la agroexportación y agroindustrias y la expansión del sector inmobiliario y turístico, entre otros.
La Conagua se fue consolidando como entidad discrecional que más que velar por el interés nacional se convirtió en administradora de los derechos de agua en un juego de mercado e impulsora de megaproyectos consistentes con el modelo capitalista neoliberal.
La Conagua favoreció el otorgamiento de concesiones a los grandes capitales y propició la acumulación y acaparamiento de agua en pocas manos a costa del despojo de los derechos de los pueblos y los bienes nacionales -agua superficial y subterránea-.
La Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) se convirtió en administradora de quejas, sin dar mayor solución a los conflictos por afectaciones ambientales a las aguas nacionales de estos nuevos actores económicos que impunemente -y bajo la vista gorda de la Profepa- acapararon y/o contaminaron acuíferos, ríos, lagos y mares además de devastar bosques y suelos vitales en el ciclo del agua.
Se llega al siglo XXI así, con un país en estado cada vez más crítico en materia de aguas: escasez y acceso desigual del agua en asentamientos humanos -ciudades y pueblos-, contaminación de la mayoría de ríos y lagos que afecta la salud de poblaciones y ecosistemas, sobreexplotación de acuíferos para fines económicos y menor disponibilidad de agua para la población, conflictos por despojo de agua de los pueblos, campesinos e indígenas para favorecer intereses privados, así como por la construcción de obras hidráulicas -presas, acueductos, trasvases de agua-, que exacerban las desigualdades regionales; violan derechos humanos y en particular el derecho humano al agua para beneficiar proyectos inmobiliarios, agroexportadores y mineros, entre otros; y devastación ambiental de ecosistemas forestales, humedales y costeros por megaproyectos e inversiones económicas que elevan la vulnerabilidad hídrica y social en cuencas y territorios del país.
Problemas que aunados con los efectos del cambio climático -de corte antropogénico y asociado con el desarrollo del capitalismo- en los recursos hídricos, conllevan a la afectación directa en la disponibilidad del agua y la presencia de eventos extremos -sequías e inundaciones- que hacen más vulnerables a los pobres del campo y la ciudad.
Frente a este panorama de injusticia hídrica por la devastación ambiental asociada con el capitalismo y su modelo neoliberal, se han agudizado las tensiones sociales en los territorios y han emergido múltiples luchas y movimientos por defensa del agua.
Y ojo: Desde el Estado no existe una estrategia institucional de gestión de los conflictos por el agua para resolverlos y alcanzar la justicia social y ambiental.
Más bien el actuar del Estado muestra la permisividad y tolerancia con los que agravian, y el alargamiento de los conflictos por la vía del desgaste y el cierre de canales de solución para los agraviados.
Desde la sociedad han habido movilizaciones de resistencia a megaproyectos y despojos de agua, y presión social para lograr el reconocimiento del derecho humano al agua y exigencia desde hace más de una década para la implementación de una nueva Ley General de Aguas que integre el mandato constitucional.
Sin embargo, la violencia institucional y de los actores privados y extremos -crimen organizado-, ha estado muy presente en los territorios durante la avanzada neoliberal que se caracteriza por el despojo y la devastación ambiental.
Igualmente, han habido acciones para mostrar formas alternas de hacer efectivas la justicia socioambiental a través de tribunales éticos, campañas mediáticas y cabildeo internacional para mostrar el desvío de poder del Estado -que favorece a los actores privados- y el desastre nacional por una política de agua y ambiental que ha devastado las regiones y permite la existencia de zonas de emergencia sanitaria o los llamados "infiernos ambientales". ¿Qué hacer?
En instalaciones de la UNAM ubicadas en Morelia, el Congreso de la Red de Investigadores Sociales Sobre Agua desarrollará un programa de tres días en mesas de trabajo, conferencias, paneles y presentación de libros.
En diciembre se darán a conocer los resultados.
