
Mejía Berdeja.
La creación de una Ley General Antiextorsión, propuesta por la presidenta de la República, será uno de los primeros temas a discutirse el próximo 01 de septiembre, tras el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
Por lo anterior, El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, destacó que este será un paso histórico para enfrentar un problema que calificó como un “cáncer social y un impuesto criminal” que padecen miles de familias y negocios en todo el país. “La extorsión destruye vidas, cierra negocios, provoca miedo, y no podemos seguir permitiendo que se normalice. Esta ley general es fundamental para dar una respuesta nacional, uniforme y contundente a este delito”, sostuvo.
Asimismo, el legislador recordó que también ha presentado diversas propuestas legislativas en la materia.
Entre ellas, indicio, destacan sancionar la intención de extorsionar, de manera que la simple amenaza sea castigada, aun si no se concretó un pago.
También, eliminar beneficios preliberacionales y condenas anticipadas a sentenciados por delitos graves como extorsión, desaparición forzada, feminicidio, secuestro y tráfico de drogas sintéticas.
“Muchas veces la víctima no llega a entregar dinero, pero ya sufrió daños psicológicos, tuvo que cerrar su negocio o abandonar su trabajo. Desde ese momento la extorsión está causando un daño y debe sancionarse con todo el peso de la ley”, puntualizó.
En ese sentido, cuestionó al Gobierno de Coahuila por lo que calificó como un doble discurso: usar el tema de la extorsión solo para golpear a sindicatos, mientras protege a líderes corruptos y mantiene en la impunidad a mandos policiales señalados por extorsión.
Aunado a lo anterior, denunció directamente al dirigente sindical Tereso Medina, a quien responsabilizó del colapso del transporte público en Saltillo y de enriquecerse a través de los transportes especializados.
“Tereso Medina es uno de los grandes causantes del atraso en Saltillo y en Coahuila. Se ha hecho millonario a costa de los trabajadores y utiliza al Gobierno del Estado para imponer su voluntad, incluso encarcelando dirigentes legítimos como ocurrió en Piedras Negras con Leocadio Hernández”, aseguró.
No obstante, hizo un señalamiento directo contra la Policía Estatal de Coahuila, a la que acusó de operar como una verdadera red de extorsión.
Mencionó a mandos conocidos como “El Jaguar”, “El Hummer”, “El Bóxer”, “El Pantera”, “El Lince” y “El Ray”, quienes, dijo, se dedican a extorsionar migrantes en retenes, hostigar a empresarios locales y permitir el libre flujo de drogas como el cristal en distintas colonias.
“Estos jefes policiales tienen charola para extorsionar. Van a las colonias, levantan jóvenes para luego pedir dinero a cambio de no consignarlos, y en los retenes abusan de los migrantes. Si el Gobierno de Coahuila realmente quisiera combatir la extorsión, empezaría por limpiar a su propia policía”, advirtió.
Alertó sobre la pérdida de competitividad en Coahuila a causa de la corrupción, el sindicalismo charro y la falta de infraestructura.
Recordó que estados vecinos como Nuevo León, Chihuahua, Sonora o Baja California siguen atrayendo inversiones, mientras en Coahuila las empresas dudan en instalarse.
“El último bastión del PRI en el norte es Coahuila y eso lo mantiene en el atraso. Aquí no llegan nuevas inversiones porque el Gobierno no genera confianza, porque se permite la extorsión y porque los programas sociales se usan como botín político. No podemos aceptar que mientras otros estados avanzan, Coahuila retroceda”, señaló.
Finalmente, el diputado federal reiteró su compromiso con la ciudadanía de Coahuila y de todo México para mantener una lucha constante contra la corrupción, el sindicalismo charro y la extorsión en todas sus formas.