Ingemar, firma que ganó megapermiso para importar millones de litros de combustible a México

Terminaba la administración de Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador estaba a días de rendir protesta como nuevo presidente de México. En ese periodo, el 3 de octubre de 2018, nació Ingemar, S.A. de C.V., que años después está vinculada al megadecomiso de más de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila.

El día de su constitución, la empresa se registró como una compañía con más de 30 actividades distintas, que incluían relaciones públicas, verificaciones, control de calidad, actividades en la industria de la construcción, compra de terrenos y bienes raíces, y hasta trabajos de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gas, entre otras.

De acuerdo con el acta constitutiva, Ingemar se registró ante las secretarías de Hacienda y Economía con un capital social mínimo de 50 mil pesos. ¿El dueño? José Merino Valdés Cuervo, un ingeniero en telecomunicaciones que declaró ser mexicano por naturalización, originario de Gijón, España, donde nació el día 1 de octubre de 1950.

Aunque Valdés Cuervo fue, desde el comienzo, el socio mayoritario al contar con 25 mil acciones, Ingemar tuvo dos primeros socios minoritarios: la empresa Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., con 12 mil 500 acciones, y Servicios Portuarios, S.A. de C.V., con otras 12 mil 500 acciones, ambas propiedad de Ricardo Thompson Ramírez, nombrado secretario del consejo, y Ricardo Thompson Navarro, vocal del consejo de Ingemar.

El gran giro de la empresa ocurrió un 11 abril del año 2019, pocos meses después de iniciado el gobierno de López Obrador.

En aquella fecha, José Merino solicitó la modificación del objeto de la sociedad para entrar en el mercado de los hidrocarburos, incluyendo actividades como servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; compra, venta, importación y exportación de hidrocarburos; vigilancia y custodia de hidrocarburos y para ser contratista del gobierno federal y locales, entre otras.

El 1 de octubre de 2021 se unió a la empresa el exgobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel y, por primera vez, nombraron a un apoderado legal, llamado Alejandro Leonel López Sánchez.

A López Sánchez lo facultaron para firmar toda clase de documentos, públicos y privados; celebrar toda clase de contratos, civiles o mercantiles, a nombre de la sociedad, "así como para realizar todo tipo de acciones en defensa de los intereses y derechos de la sociedad ante las autoridades civiles, ministeriales y de cualquier otra índole, por lo que gozará de las más amplias facultades y poderes".

Para 2022, la empresa anunció el aumento de su capital fijo, pasando de 50 mil a 110 mil acciones, de las cuales 55 mil son de José Merino Valdés; 30 mil, de Ernesto Ruffo Appel; 12 mil 500 de la empresa Dragados y Puertos, y 12 mil de la empresa Servicios Portuarios.

Tras el escándalo del huachicol, el empresario Ricardo Thompson Navarro, fundador de Dragados y Puertos, se deslindó públicamente y pidió una investigación en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, afirmando que en 2021 el exmandatario estatal y su socio, Merino Valdés, lo despojaron de sus acciones de la empresa Ingemar, pasando de tener 33% a menos de 1%.

Sin embargo, en el Registro Público de Comercio la empresa de Thompson Navarro sigue apareciendo como socio de Ingemar con 12% de las acciones.

Con el aumento de capital, Ingemar fue capaz de buscar ser contratista del gobierno federal y solicitó un permiso de importación de hidrocarburos, el cual se le otorgó en el año 2023.

Se trató de un megapermiso para la importación de 500 millones de litros de gasolinas Magna y Premium, así como diésel, lo cual generó especulación, pues hasta entonces la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador había mantenido congelados más de 8 mil permisos de hidrocarburos.

Los permisos fueron distribuidos de la siguiente manera: autorización para trasladar 216 millones de litros de gasolina regular, 102 millones 240 mil litros de gasolina Premium, 173 millones 280 mil litros de diesel y 7 millones de litros de turbosina. Lo anterior encendió los focos rojos de empresarios del ramo, quienes de manera anónima denunciaron que Ingemar carecía de experiencia en la industria.

"Pero este es un caso único en el que la Secretaría de Energía otorgó cuatro permisos para importar 500 millones de litros de gasolinas a una empresa que ni siquiera tiene infraestructura para transportar los combustibles", declaró entonces un empresario que pidió el anonimato para evitar represalias, y cuya entrevista circuló en medios.

Fue en ese año cuando Ingemar comenzó a trasladar combustible con autorización expresa del gobierno federal, permiso que incluso le fue renovado bajo los mismos términos en el año 2024.

Del apoderado legal no se sabe nada, motivo por el que el 26 de febrero de 2024 Ingemar nombró a una nueva apoderada legal: Guadalupe Hernández Hinojosa.

La joven es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y se autodenomina en la plataforma de uso empresarial LinkedIn como una mujer "empática" y "orientada a solventar problemas".

Sin embargo, tres meses después, Ingemar nombró a otro apoderado: una persona llamada Gustavo Sánchez Jiménez, cuya información profesional no es pública.

Se desconoce si la rotación de tres abogados en menos de dos años se debió a problemas legales.

Merino Valdés ha declarado dos domicilios de manera pública: el primero, ubicado en la avenida Ejército Nacional, colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y el segundo, en la calle Rubén Darío, también en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se visitó ambos inmuebles para buscar al dueño de Ingemar; sin embargo, no hubo éxito en ningún caso.

El primer domicilio es un edificio establecido para renta de oficinas, mientras que el segundo es un condominio bien resguardado en el que no se otorgó información alguna sobre José Merino.

Actualmente, después del decomiso de más de 15 millones de litros de huachicol, que iban resguardados en 129 carrotanques de Ingemar, S.A. de C.V., la empresa "100% mexicana" es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber falsificado documentos con el fin de ingresar al país más hidrocarburos de los que tiene autorizados.

Las indagatorias involucran a todos los socios, es decir, a José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro y al político panista Ernesto Ruffo Appel.