La madrugada del 29 de mayo, habitantes del municipio de San Miguel Xoxtla, región Cholulteca, bloquearon con llantas en llamas por más de ocho horas la autopista México-Puebla en ambos sentidos para protestar por un acuerdo que hicieron el gobierno de esa localidad y la empresa Concesiones Integrales S.A.de C.V., conocida públicamente por su marca Agua de Puebla para Todos -encargada del servicio de agua potable en la entidad-, mediante el cual se establecía, sin consentimiento previo, que la mitad del líquido que se extraía de un pozo ubicado en sus terrenos sería para abastecer a la capital del estado, mientras ellos padecen falta de agua. Conflictos similares han brotado en poblados como Nealtican, Acuexcomac y Sanctorum. Dato relevante a considerar: Desde 2024, el nuevo director general de la compañía es Jordi Bosch Bragado, exdirector de Aguas de Saltillo (AgSal), egresado en Gestión Integral del Agua de la trasnacional Aguas de Barcelona (AgBar). En Saltillo y en su zona periférica en el norte de México, y ahora en Puebla, saben lo que significa esto.
Dice el reporte de fecha 10 de junio titulado "¿El agua de Puebla para -[tachada la palabra todos]- algunos/as? El caso de Concesiones Integrales, la privatización y el saqueo de agua en el Valle de Puebla", de NODHO Derechos Humanos, que Jordi Bosch Bragado, cuando fue director 9 años de Aguas de Saltillo, "enfrentó denuncias sociales por altos costos y cortes en zonas periféricas".
La llegada de Jordi Bosch Bragado a Puebla -agrega el reporte de 9 páginas de NODHO-, coincide con la reconfiguración accionaria de la empresa Concesiones Integrales y con la obligación de invertir más de 7 mil 641 millones de pesos entre 2025 y 2044 para cumplir su contrato.
Pero en Puebla se topó con la acción directa de pueblos y comunidades que se movilizan ante el despojo.
El 9 de junio, después de varios bloqueos carreteros en la México-Puebla, habitantes de San Miguel Xoxtla cerraron simbólicamente el pozo 4 que daría la mitad de su agua a zonas residenciales e industriales de Puebla capital y rechazaron el convenio ratificado por Concesiones Integrales y la presidenta municipal.
La acción, que tuvo respaldo del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla y de colectivos de municipios cercanos como San Pedro y San Andrés Cholula, fue decidida durante una asamblea popular comunitaria el 8 de junio a un costado del pozo, ubicado en una zona rural de Xoxtla.
Cerca del pozo había ya maquinaria de Concesiones Integrales y del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), así como tubería para empezar el proceso.
Un convenio de 1997 establece que una vez que el agua comience a escasear en Xoxtla se detendrá la extracción que se hace a través de tres pozos, con los que ya se surte a la capital del estado.
En un comunicado, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) hizo ver que la presidenta municipal de Xoxtla declaró que la empresa Concesiones Integrales administraría el agua del pozo número 4 para suministrar el líquido a las zonas residenciales de Puebla.
La historia de privatización del agua en Puebla comenzó en diciembre de 2013, cuando el gobierno estatal de Puebla, a cargo de Rafael Moreno Valle, entregó el control del agua en la zona metropolitana de Puebla capital a la empresa privada Concesiones Integrales S.A.de C.V., conocida como Agua de Puebla para Todos.
A más de una década de esta privatización -dice el reporte de NODHO Derechos Humanos-, la población enfrenta aumentos descontrolados en tarifas, interrupciones prolongadas del servicio, conflictos socioambientales crecientes y múltiples indicios de corrupción.
El reporte describe cómo, bajo la administración privada, el derecho humano al agua se convirtió en mercancía y en privilegio.
Analiza primero la confusa estructura accionaria y el laberinto financiero de Concesiones Integrales.
Revela que la empresa concesionaria, Concesiones Integrales, fue constituida el 19 de diciembre de 2013, apenas tres días antes del fallo licitatorio.
El proceso fue tan acelerado -dice- que al momento de firmar el contrato de concesión por 30 años, el 26 de diciembre, la empresa no tenía experiencia previa en el sector hídrico.
Su inscripción original en el Registro Público de Comercio se hizo en Aguascalientes, lejos de la jurisdicción de Puebla.
El reporte explica luego de dónde extrae Concesiones Integrales el agua que vende.
Hasta 2023 Concesiones Integrales tenía una infraestructura de 200 pozos, 505 tomas intermedias, 116 estaciones de rebombeo, 3 mil 387 kilómetros de red, seis plantas potabilizadoras y administraba cinco plantas de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, reportes de pobladores de zonas cercanas mencionan que operan de manera deficiente o simulada.
En síntesis, el agua que comercializa Agua de Puebla proviene básicamente del acuífero Valle de Puebla, dentro de la ciudad, y de tres campos periféricos -Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla-, con nuevos proyectos en Cuautlancingo.
Cada uno de estos frentes de extracción implica conflictos sociales y ambientales que hoy condicionan la viabilidad a largo plazo de la concesión.
En conclusión, NODHO Derechos Humanos ve que ante la cadena de irregularidades, abusos e imposiciones en torno a Concesiones Integrales "estamos ante actos y omisiones que generan daños a terceros o al interés público".
Los indicios de corrupción -señala-, la negligencia, el saqueo, violaciones a los derechos laborales, los daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin el apoyo activo, omiso y aquiescente del Estado. "Ambos, corporación y Estado han entablado una relación de interés mutuo".
"Son este tipo de crímenes los que están en el centro del caso de Concesiones Integrales y su relación con las administraciones estatales en Puebla, desde Rafael Moreno Valle hasta Alejandro Armenta".
@kardenche
