Más de 20 mil sistemas comunitarios de agua que históricamente han garantizado el disfrute del derecho humano al agua y saneamiento de pueblos y comunidades en las zonas marginadas del país, solicitan al gobierno de Claudia Sheinbaum y a la actual Legislatura del Congreso de la Unión, apoyo para alcanzar el reconocimiento en la Constitución, evitar la discriminación, hostilidad y los intentos de desaparición de estas instituciones locales por parte de los gobiernos municipales; además para ser incluidos en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 y en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, presentado y firmado, respectivamente, el 21 y 25 de noviembre.
Se trata de sistemas comunitarios de agua de Durango, Chihuahua, Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros.
En México, más de 20 mil sistemas comunitarios proveen servicios de agua y saneamiento al menos a 25 millones de personas.
Realizan funciones que el Estado no cumple: el abastecimiento de agua en zonas rurales y periurbanas.
Tales sistemas de agua han surgido en un contexto donde los municipios, obligados por la Constitución a proveer agua y saneamiento, no han logrado hacerlo, dejando en el rezago y la marginación a las poblaciones rurales, periurbanas y dispersas.
A pesar de trabajar en condiciones adversas y con recursos muy limitados, los organismos comunitarios construyen, operan y dan mantenimiento a infraestructura básica, hacen labores de gestión ante instancias para mejorar los servicios de agua y saneamiento, buscan capacitación y promueven el cuidado del agua, entre otras actividades.
Todo ello de manera honorífica; es decir, sin paga alguna, solo por la necesidad de contar con tan fundamental derecho y con el compromiso de servicio a su comunidad.
La gestión comunitaria del agua, guardiana de saberes ancestrales, ofrece excepcionales beneficios ante la crisis hídrica, pero enfrenta una constante tensión con los municipios, que, aunque no logran cubrir el servicio, sí reciben los recursos destinados para ello.
Lo justo -explican- es que se reconozca jurídicamente a los sistemas comunitarios de agua y se les destinen recursos para que dejen de operar en condiciones precarias y marginales.
Así garantizarían servicios de calidad que, por derecho, deberían llegar a esas comunidades.
Requieren, por lo tanto, ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho público.
El agua y el saneamiento deben ser derechos humanos garantizados, no bienes y servicios mercantilizados y privatizados -argumentan.
Los sistemas comunitarios expresan preocupación por la reserva interpuesta en el dictamen del artículo 27 de la Constitución, aprobado el 14 de agosto de este año en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Dicha reserva, aseguran, desvirtuó el sentido original de la reforma que consistía en el reconocimiento pleno de la gestión comunitaria del agua, y en cambio otorgó a los municipios la facultad de autorizar, vigilar y revocar la gestión de estos sistemas, amenazando gravemente la autonomía y los sistemas normativos de pueblos y comunidades campesinas e indígenas.
En noviembre de 2023, las diputadas Adriana Bustamante Castellanos y María Eugenia Hernández Pérez presentaron una iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución para otorgar reconocimiento jurídico a la gestión comunitaria de agua.
Esa reforma instaba a los municipios a reconocer , fortalecer y coadyuvar con la gestión comunitaria del agua, de manera tal que los recursos pudieran llegar de manera directa a estos sistemas y que se les protegiera frente a intervenciones abusivas, como los intentos de algunos municipios por despojarlas de sus sistemas de agua.
En la comprensión de que legislar debe ser un acto cercano al pueblo, en diálogo abierto y permanente, la construcción de esa propuesta desde el año 2022, involucró la experiencia de asociaciones de organismos comunitarios del país, organizaciones civiles así como redes que promueven el derecho humano al agua y saneamiento en Latinoamérica.
En el proceso, el diputado Joaquín Zebadúa presentó una nueva iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución.
La propuesta se basó en su experiencia como alcalde que fue de Berriozábal, Chiapas, donde impulsó la creación del primer Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y Saneamiento.
En dicho organismo, la Junta de Gobierno está compuesta mayoritariamente por representantes de la gestión comunitaria de agua, lo que demuestra que tales sistemas pueden coadyuvar con los municipios en su obligación de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento; y los municipios colaborar con los organismos comunitarios.
La iniciativa del diputado Zebadúa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 10 de enero de 2024.
En el dictamen a la reforma, entre otros, del artículo 27 constitucional enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de alimentos, medio ambiente sano y protección del agua, se brinda reconocimiento jurídico a la gestión comunitaria del agua y se aduce la obligación de los municipios a reconocerla, fortalecerla y coadyuvar con ella.
Fue aprobada el 14 de agosto; sin embargo, una reserva facultó a los municipios a autorizar, vigilar y revocar los sistemas comunitarios de agua.
El llamado ahora es a corregir esta injusticia que pone en peligro la existencia de más de 20 mil sistemas comunitarios de agua que históricamente han garantizado el disfrute del derecho humano al agua y saneamiento de pueblos y comunidades en zonas marginadas del país y que el Estado no cumple.
@kardenche
