Febrero: Mes del Plan de Iguala
El calendario oficial impuesto por el gobierno marca el día 24 de febrero como el festejo—muy escueto— del “Día de la Bandera”, dentro del programa de estudios de la Secretaría de Educación Pública; lo mismo aplica para la burocracia y las Fuerzas Armadas acuarteladas en el país.
Tal reduccionismo no puede entenderse sino como un intento por ocultar nada menos que uno de los documentos fundacionales, si no es que el documento fundacional de carácter constitucional—como lo asientan juristas e historiadores especializados como Felipe Tena Ramírez y Jaime del Arenal Fenochio— para la Independencia y construcción de México como patria independiente: el Plan de Iguala.
Para entender el impacto que tuvo la proclamación del Plan de Iguala en un país que triplicaba en extensión territorial al actual, así como su éxito y recepción apoteósica que logró al poco tiempo en una nación mestizada como la nuestra, es preciso medirlo a la luz de su natural contraparte —y detonante—, que fue la constitución masónica expedida en 1812, impuesta para todo el Imperio Español en 1820.
Uno de los grandes dilemas que se habrían de presentar tendría que ver con lo plasmado en el Artículo 22 de la misma:
“A los españoles que por cualquiera línea traen origen de África, para aspirar a ser ciudadanos les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento, y en consecuencia las Cortes podrán conceder carta de ciudadano a los que hayan hecho servicios eminentes a la patria, o a los que se distingan por sus talentos, su aplicación y su conducta; bajo condición respecto de estos últimos de que sean hijos de legítimo matrimonio, de padres ingenuos, de que estén ellos mismos casados con mujer ingenua y avecindados en los dominios de España, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio, suficiente a mantener su casa y educar sus hijos con honradez” .
Hay una enorme contradicción desde el momento en que se reconoce la “nacionalidad” como española a los negros y castas con la salvedad de que se les niega el ejercicio de la ciudadanía, cuya consecución quedaba condicionada deliberadamente y de manera muy subjetiva, con la obvia finalidad de reconocer los menos posibles. Esta situación habría pasado inadvertida en la España peninsular, pero en la Nueva España estaba lejos de pasar desapercibida.
El virrey Apodaca acudió a las cortes, informándoles el 1 de noviembre la conmoción que generó la Carta Magna no sólo por su antirreligiosidad sino por la discriminación que hacía de la mayoría de los mexicanos, notificándoles que había tomado resolución de declarar iguales a todos los individuos pertenecientes al Ejército de Pardos y Morenos; esto es, violar la constitución. Pese a ello, el virrey ni siquiera mereció respuesta por parte de sus “venerables hermanos” de logia en las “augustas y liberales” cortes.
La respuesta vendría en poco tiempo, y no de Cádiz o Madrid, sino del suelo mexicano, cuando el 24 de febrero de 1821, tras intercambio epistolar con el insurgente Vicente Guerrero desde noviembre del año anterior, el coronel del Regimiento de Celaya, Agustín de Iturbide, proclamó su célebre Plan de Iguala con el Ejército Imperial de las Tres Garantías. El Plan iniciaba no como un llamado a las armas o a la destrucción de un bando, sino como un manifiesto generoso en el más pleno sentido de la palabra: “Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen”.
Sobra decir que este proyecto que no se apartaba de la senda constitucional —pues exigía una constitución propia para el país— ni de los derechos del hombre libre, logró no solo la sumisión de Guerrero sino una adhesión tumultuaria bajo el rojo de la bandera nacional —hecha por Iturbide— que consagraba la garantía de la unión de todos los mexicanos, según el Artículo 12: “Todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos, ni indios son ciudadanos de esta monarquía con opción a todo empleo según su mérito y virtudes”.
Dado lo anterior, no deja de sorprender cómo, a más de doscientos años de nuestra Independencia, sigue intentando imponerse el silencio desde lo más ominoso del sistema político mexicano, como una apuesta constante por la desmemoria. Lo mismo sucede con la persona del Libertador de México en cuanto a su obra y el recibimiento que tuvo el Plan de Iguala en el norte del Imperio, como reconoce Moisés Guzmán, pese a los esfuerzos de Guadalupe Jiménez Codinach, Jaime del Arenal Fenochio David Brading y José Antonio Jiménez Díaz, entre muchos otros.
