El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen el deber de blindar la elección. Tienen la obligación de proteger a los aspirantes.
A lo largo del proceso electoral del 2018 un total de 152 políticos y 371 funcionarios fueron asesinados, de acuerdo con el indicador que en ese entonces compiló la empresa de análisis de riesgos Etellekt. Descomunal fue el charco de sangre en el país: 523 acribillados, entre políticos y funcionarios.
Esa fue la dimensión de la violencia política generada durante los estertores del "nuevo priismo" que encabezaban Enrique Peña Nieto y sus émulos estatales (los Duarte, los Borge, etcétera). No sabemos, porque las procuradurías no indagaron, cuáles fueron ejecuciones exclusivas del crimen organizado y cuáles atribuibles a disputas entre políticos en el poder y opositores.
Etellekt informó en aquellos días que, de los 152 políticos que mataron, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, aspirantes de todos los partidos, pero en realidad fueron más los ejecutados, de acuerdo al conteo que llevábamos en el medio de comunicación del cual yo era Subdirector (Milenio): nuestros números nos dieron 53 aspirantes ultimados, 28 precandidatos y 25 candidatos.
Imagine usted: el crimen organizado (incluyo ahí a los políticos que mandan a asesinar a un adversario) tachó a 53 personas que querían servir en algún nivel de gobierno o de representación popular y por tanto palomeó a otros 53 individuos que tuvieron vía libre para acceder al poder.
Eso, en el proceso de 2018. Una semana antes de las elecciones federales del 2021, le pedí a Ricardo Salazar, que era director de Etellekt, que me compartiera los datos sobre políticos ultimados en ese nuevo proceso electoral, para publicarlos aquí, en EL UNIVERSAL: fueron 89 asesinatos de políticos en 22 estados y 79 municipios. De ese total, 35 eran aspirantes y candidatos a un puesto de elección popular en 16 entidades y 32 municipios. Siete eran mujeres.
De acuerdo a Data Cívica, en tu trabajo denominado "Votar entre balas", de 2018 a lo que va de 2024 se han registrado en México mil 564 ataques, asesinatos, atentados y amenazas "contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos". De ese total, 9.6%, "tenían una candidatura al momento del ataque", según el trabajo realizado en conjunto con el Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE. Es decir, 150 personas, 150 candidatos. Y sostienen: "En México, la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios".
Sí. Tal cual. Así es desde que inició el siglo, pero en los últimos diez años ocurre cada vez de manera más descarada. Es la ley de plata o plomo del crimen organizado (y sus cómplices o patrones en la política), que en términos electorales opera de esta manera: en unos municipios los capos se acercan a los aspirantes, les advierten que no pueden ser candidatos porque ya tienen a sus propios elegidos, y si no declinan los matan; en otros casos se aproximan, les advierten cuáles son sus aspiraciones (el jefe de la policía a su servicio, un porcentaje de los recursos presupuestales), les ofrecen dinero para sus campañas, y si no aceptan tienen que declinar o los matan.
Si conté bien, en doce días de 2024 ya van tres asesinatos contra aspirantes. Uno cada cuatro días. El gobierno federal y los gobiernos estatales tienen el deber de blindar la elección. Tienen la obligación de proteger a los aspirantes, pero no sólo eso: tienen la encomienda por ley de investigar las amenazas y asesinatos contra esas personas. O lo hacen, o la impunidad provocará que lo del 2018 y 2021 parezca insignificante comparado con la matanza que podríamos padecer ahora, ya que los criminales hoy son más insolentes y temerarios que nunca.
Cuidado, de verdad cuidado, que se nos va de las manos el proceso electoral.
