
Hasta conocer la resolución judicial sobre el amparo. (ARCHIVO)
Coahuila no distribuirá los libros de texto de educación básica hasta conocer la resolución judicial sobre el amparo que interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Esto, pese a que en un comunicado, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, anunció que 31 estados "acordaron que en conveniencia y privilegiando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, los nuevos Libros de Texto Gratuitos se distribuirán en todas las escuelas del país el 28 de agosto, fecha de inicio del ciclo escolar 2023-2024".

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Cuestionamientos y críticas derivan del cambio profundo y la nueva perspectiva que representan para la educación, según titularFue el secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, quien dio a conocer la postura del estado luego de asistir a la Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), en donde la mayoría de sus homólogos aceptaron el acuerdo, algunos bajo reservas.
Saracho Navarro refrendó el compromiso del Gobierno de Coahuila con el magisterio y la niñez, concretando las siguientes acciones:
1.- Acatar la resolución judicial que emitan las autoridades competentes respecto al recurso de amparo interpuesto.
2.- Determinar con base en el análisis de los libros de texto, las áreas de oportunidad para el mejoramiento y enriquecimiento de su contenido en todos aspectos.
3.- Elaborar material de apoyo para las áreas de Español y Matemáticas y reproducir el libro Coahuila La Entidad Donde Vivo.
4.- Realizar jornadas en todo el Estado para dialogar sobre los temas controvertidos y establecer estrategias para su abordaje en el aula, lo que brinde tranquilidad y certeza a padres de familia y esclarezca y unifique criterios con los maestros y maestras.

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Doctor Escobedo Hernández indicó que hay un grave problema de deserción escolarFrancisco Saracho reiteró el total apoyo del Gobierno del Estado a los trabajadores de la educación y padres de familia en el desarrollo de este proceso, anteponiendo el interés superior de la niñez y el compromiso del Estado de garantizar una educación digna y de calidad.