México se adentra a un tiempo de turbulencia política mayor rumbo al 2024. En septiembre inicia oficialmente la disputa por la Presidencia de la República, pero también la batalla por 128 senadores, 500 diputados federales, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos, 24 juntas municipales, 16 alcaldías capitalinas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Además, el día 1, empieza el primer periodo de sesiones ordinarias de las cámaras del Congreso de la Unión, que terminará el 15 de diciembre. Lapso extremadamente complejo para aprobar, entre el amplio paquete de iniciativas legislativas, la necesaria Ley General de Aguas con base en los 12 consensos ciudadanos.
Permanece, aún así, enlistado en el Senado el dictamen de la Ley General de Aguas -de muy difícil votación-, que viene, en su reciente versión, de una no difundida consulta promovida por las comisiones de Recursos Hidráulicos y Estudios Legislativos Segunda de dicha cámara, con pocas esperanzas.
En agosto, la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida -la mayor agrupación de organizaciones defensoras del agua en México-, pulió su agenda de lucha rumbo al 2024 y más allá.
La presentó, primero, al pueblo de México, y en seguida, el 16 de agosto, al partido Morena en los foros que realiza con el título "Proyecto de Nación 2024-2030".
Y acudirá a debatirla el 13 de septiembre en el Encuentro nacional de movimientos sociales hacia una agenda unitaria de transformación, citado en la Ciudad de México.
Diez puntos integra la agenda nacional por el agua 2024 de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida.
En primer lugar, Ley General de Aguas. En segundo, respeto, justicia y protección a defensores y defensoras del agua, la tierra y la vida.
Tercero, reconocimiento de los derechos de pueblos originarios, ejidos y sistemas comunitarios con equidad de género. Cuarto, defensa de la salud y contra la contaminación de agua, aire y suelo.
Quinto, agua para la soberanía alimentaria y justicia socioambiental. Sexto, contra la corrupción e impunidad en la gestión del agua. Séptimo, por el reconocimiento de las contralorías ciudadanas autónomas del agua.
Octavo, remunicipalización de organismos operadores privatizados. Noveno, gestión integral sostenible y colaborativa en cada cuenca y sistema karstico; no a los trasvases. Y décimo, no a la minería tóxica, el fracking y megaproyectos destructivos.
-¿Quién no ha tenido problemas de agua en el campo, en su hogar, en la empresa, en su escuela? -comenzó diciendo Pedro Moctezuma, de Agua para Todos, en el foro de Morena el 16 de agosto.
"Este es ya un tema de todas y todos, que ha venido creciendo y que, afortunadamente, ha contado con una serie de proyectos e iniciativas en los últimos trece años para darle una solución, que se basa en cambiar el modelo, de un modelo extractivista -extraer agua de muy profundo y de muy lejos para luego desecharla-, a un modelo de gestión de ciclos naturales, respetuoso de la naturaleza, que contribuye a cambiár la dinámica de cambio climático que ya nos tiene en emergencia en todo el mundo y en muchas de nuestras ciudades", dijo.
Adentrándose en el tema, Ricardo Ovando, de Agua para Todos, recordó que el 16 de enero del 2018 Víctor Toledo, biólogo, escribió en el diario La Jornada que el verdadero agente del cambio no es el gobierno sino el pueblo organizado.
Un gobierno de izquierda, dijo, es aquel que dota de poder a comunidades, cooperativas, gremios, sindicatos, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, y que es capaz de acotar la depredación del capital, y de conducirle por caminos que tengan un verdadero significado social.
"Sabias palabras del maestro Toledo, que nos llevan a reflexionar cómo en materia hídrica podríamos como país revertir la grave crisis hídrica que hoy aqueja a México y el mundo".
De hecho, nuestra Constitución política nos da la pauta para la acción en el párrafo sexto del artículo cuarto que dice: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía. Repito: Así como la participación de la ciudadanía, para la consecusión de dichos fines.
Desafortunadamente, dijo Ovando, a pesar de que el artículo tercero transitorio del decreto del 8 de ebrero del 2012 mandató al Congreso de la Unión una nueva Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos, esto no ha sucedido aún después de más de diez años, a pesar de existir una propuesta madura en el Senado de la República.
Perfilada está, pues, una agenda nacional ciudadana por el agua rumbo al 2024 y más allá.
@kardenche
