Poco tiempo después de la tragedia, el 26 de enero del 2015, di a conocer las bitácoras del 27 Batallón de Infantería asentado en Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27: los militares -publiqué- habían estado enterados de absolutamente todo lo que ocurría a lo largo de aquella infausta noche. Lo supieron hora a hora, a veces minuto a minuto: tenían conocimiento detallado de cada una de las agresiones que iban perpetrando policías de Iguala, Cocula y Huitzuco contra estudiantes de Ayotzinapa.
También escribí que, hasta ese momento, no había evidencias de que los soldados hubieran participado directamente en la captura de los jóvenes, en su entrega a manos criminales (sicarios del cartel de Guerreros Unidos), así como en su desaparición y posterior asesinato. Ni un testimonio, ni una pista: la gente estaba aterrorizada.
Eso sí, los soldados -tecleé- pudieron haber intervenido para evitar la tragedia, pero los militares que cuestioné en Iguala y Ciudad de México siempre esgrimieron el mismo argumento -muy polémico- atado a la legalidad: si hubieran intervenido, por mandato de ley lo hubieran tenido que haber hecho del lado de la autoridad constitucionalmente establecida. Es decir, que la ley los hubiera obligado a ponerse del lado de las policías municipales, aunque éstos no fueran otra cosa más que criminales con uniformes y placas policiales.
Su razonamiento fue: "Nos abstuvimos de intervenir porque de tiempo atrás existía la orden de no confrontarse con los estudiantes de Ayotzinapa, y por eso nos concretamos a observar lo que ocurría. Para nosotros las horas iniciales eran de policías deteniendo a jóvenes que habían capturado autobuses. Asentamos todo lo que pasaba (tenían soldados patrullando y elementos vestidos de civil), lo informamos, y nunca intervenimos, salvo cuando civiles nos pidieron acudir a una clínica porque supuestamente había hombres armados al interior del lugar. Fuimos y constatamos que no, que eran estudiantes que se habían refugiado ahí, así que nos retiramos".
A pesar de todo eso, más adelante redacté en mis columnas lo que me sugerían algunas fuentes en Guerrero: que tal vez en Iguala sí existían nexos de militares con el cártel local. Se trataba de verificar si mandos castrenses locales estaban en las nóminas narcas, lo que hubiera explicado la inacción de las tropas aquella madrugada. No lo pude comprobar, pero hoy parece haber indicios de que sí podría haber ocurrido: mandos militares en Iguala habrían estado desde tiempo atrás bajo órdenes criminales. De acuerdo a información reciente de la FGR, hasta armas habrían entregado soldados locales a los sicarios.
Aquella argumentación que me dieron mandos castrenses destacados en Iguala y en CDMX, que citaba leyes y enarbolaba la Constitución para justificar la no intervención en la oscura noche de septiembre de 2014, entonces más bien era una coartada, porque según el más reciente informe del gobierno federal sobre el caso, habría quedado establecido que militares de Iguala protegían a Guerreros Unidos. Los soldados imputados, junto a policías de tres municipios y el alcalde igualteco, formaban el infranqueable muro de impunidad de los criminales.
Así las cosas, al haber participado en la barbarie al menos un alcalde (el de Iguala), tres cuerpos policiales de sendos municipios (los presidentes municipales de esos lugares eran responsables del comportamiento de sus efectivos), y los soldados del 27 Batallón con su estática complicidad, se confirma que, de muchas maneras, en este crimen sí fue el Estado mexicano el responsable -junto a un nutrido grupo de sicarios-, aunque no se haya tratado de una política de exterminio dictada desde la cabeza del Estado por el entonces presidente de México y el gobernador de Guerrero.
Veremos en qué acaba el caso, pero nunca olvidemos la tragedia humana, que es lo más lamentable y doloroso: 43 padres perdieron a sus hijos debido a la sinrazón criminal.
