El detonante fue la expedición de la Ley Estatal que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Querétaro, conocida como la Ley de Aguas, que desató un conflicto generalizado sobre la tierra y el agua en varios municipios de la entidad centro norteña de México a causa dal incremento de posibilidades de privatización de los pozos de agua de comunidades que la ley supone. Es tal la tensión que Front Line Defenders, agrupación protectora de personas defensoras de los derechos humanos con sede en Irlanda, lanzó una denuncia internacional el 3 de julio.
Los actos de violencia están focalizados hoy en la comunidad de Escolásticas en el municipio de Pedro Escobedo y las personas defensoras del agua, la tierra y el medio ambiente en Querétaro.
Persiste en Escolásticas un conflicto por apropiación indebida del manantial comunitario Los Sabinos, que se encuentra dentro del Ejido.
Apenas el 13 de junio la comunidad fue sitiada por policías que detuvieron con exceso de violencia a 11 personas.
Al 5 de julio, ocho personas habían sido liberadas y tres continuaban detenidas e incomunicadas. ¿Qué sucedió?
La comunidad investigó sobre la apropiación de esta reserva, Los Sabinos, que es reconocida para uso comunal, y encontró que supuestamente fue vendida durante la emergencia por pandemia de Covid-19 a un empresario de nombre José Torres, apoyado por el alcalde Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz.
Denuncia la comunidad que los ejidatarios no reconocen la venta del lugar ni el cambio de uso de suelo, y que hay tala de árboles y desvío de agua. Sospechan interés de explotar el agua del manantial para su venta, ya que han observado pipas sustrayendo el vital líquido.
Los pobladores de Escolásticas argumentan que cuentan con documentos, como un memorándum del Departamento Agrario de Querétaro, fechado el 12 de julio de 1945, que certifica que las tierras que defienden fueron constituidas en Ejido por Resolución Presidencial del 29 de enero de 1936.
Lo anterior significa, dicen, que al ser Ejido su destino es para beneficio y uso de la comunidad.
En 2020, por la emergencia de Covid-19, la autoridad municipal prohibió el uso del lugar.
Una vecina relató que el polígono fue bardeado hace décadas para evitar el ingreso de animales, aunque el zaguán de la entrada estaba abierto al igual que otro acceso.
Durante los tres años que duró la contingencia por pandemia, el zaguán fue cerrado con un candado y cadenas. El segundo acceso fue tapado con ladrillos pegados con cemento.
Este año les informaron que ya no podían ingresar porque el lugar supuestamente había sido vendido a dos personas, una identificada como José Torres cuya familia tenía una pequeña parcela en ese polígono desde los años 30, así como el alcalde Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz.
Nunca se les dio una explicación de cómo se hizo la transacción.
El particular José Torres supuestamente adquirió terrenos aledaños al Ejido y agregó una barda en el área ejidal conocida como Los Sabinos, cerrando el paso de la comunidad a los manantiales de agua, e instaló tuberías "con la intención de privatizar el líquido".
Los vecinos no hicieron caso de la advertencia y el 29 de abril ingresaron al predio conocido como Parque Las Escolásticas, lugar de ahuehuetes milenarios y manantiales de agua, a disfrutar de la alberca y chapoteadero de uso común.
En seguida, José Torres realizó denuncias penales en contra de mujeres de la comunidad por el delito de despojo e impidió su paso a los manantiales.
Esto propició que María Trinidad Osorno, delegada de la comunidad, y un menor de edad fueran detenidos acusados de despojo.
El 13 de junio los vecinos de Escolásticas se manifestaron y retuvieron algunas patrullas que había en la localidad para exigir que la delegada y el joven fueran liberados, lo que desencadenó un violento operativo conjunto de las policías estatal y municipales de Escobedo y Huimilpan.
Algunas policías llevaban perros entrenados con los que amedrentaron a la gente.
De acuerdo con videos grabados por los vecinos, policías estatales arremetieron contra los pobladores con piedras. Al final otras nueve personas fueron detenidas.
Alertan sobre amenazas de muerte contra defensores de agua y tierra.
Con base en testimonios de pobladores, Front Line Defenders denuncia que en la zona se registra un creciente número de personas que actúan a nombre de funcionarios estatales "y con apoyo de grupos paramilitares" para apoderarse de las tierras comunales.
"Esto es con el objeto de posteriormente transferir su propiedad a funcionarios estatales, quienes se benefician económicamente de estas tierras, que cuentan con un alto valor ecológico por sus manantiales de agua, los cuales proveen de agua potable a la comunidad, y por tanto se busca privatizar su acceso o vender las tierras a proyectos inmobiliarios".
El detonante fue la privatizadora Ley de Aguas de Querétaro.
@kardenche
