Nunca está de más insistir: A lo largo del siglo XX, el manejo del agua se enfocó en la construcción de enormes obras hidráulicas, intensivas en energéticos y sumamente costosas, para extraer, trasladar, tratar o expulsar el agua. La naturaleza fue tratada como un ente inerte a exprimir, un reto a vencer.
Más aún, durante la bonanza energética de hidrocarburos fósiles del siglo XX, y antes de comprender el impacto de los gases invernaderos sobre el clima, la solución a la crisis del agua parecía ser la construcción de acueductos de trasvase y la perforación de pozos cada vez más profundos. La política de libre descarga de contaminantes a los ríos y lagos reforzó esta creciente dependencia en las aguas subterráneas, incluso en las zonas más ricas en agua.
La extracción de aguas subterráneas profundas es disruptiva para todo el sistema de flujos superficiales y subterráneos: se secan los manantiales, los ríos y los humedales; la superficie se seca, se agrieta y se hunde, las aguas extraídas son salinas, lo que da como resultado la desertificación de las zonas regadas -el caso de vastas regiones del norte de México- y el lento envenenamiento de las poblaciones que consumen las aguas fósiles.
El mal manejo de las cuencas pone en riesgo la vida misma. Al no cuidar las zonas que almacenan picos de lluvia, hay cada vez mayor vulnerabilidad a inundaciones. Al contaminar las aguas pluviales y superficiales se recurre a la dañina y costosa práctica de "minar" las aguas subterráneas milenarias causando hundimientos y grietas. Las aguas subterráneas se contaminan por actividades en la superficie, especialmente en zonas de cavernas y cenotes. En zonas costeras la sobreexplotación de acuíferos provoca intrusión salina.
La agricultura de gran escala en zonas áridas ocupa el 70 % del agua concesionada. Recibe enormes subsidios sin pagar derechos. Contamina y derrocha el agua a costa del uso humano, de los ecosistemas áridos y de la producción agropecuaria familiar y comunitaria.
Aún con trasvases, los servicios de agua para consumo humano priorizan las zonas industriales y residenciales, dejando a colonias populares sin acceso.
Los agricultores que producen para el mercado local no tienen acceso a agua para riego.
Bajo el mal gobierno del agua, las decisiones son tomadas desde arriba a través de negociaciones entre los grandes intereses económicos y políticos.
Los criterios de las decisiones son la apropiación de los beneficios, la socialización de los costos y riesgos.
Los beneficiarios son grandes corporativos y sus socios, contaminadores, empresas concesionarias de megaproyectos hidráulicos, privatizadores de sistemas urbanos de agua, minería tóxica, refresqueras y cerveceras foráneas, agroexportadores, acaparadores del agua.
Los afectados son el medio ambiente, futuras generaciones, comunidades y ranchos pequeños, pueblos indígenas, núcleos agrarios, poblaciones afectadas por contaminación, desabasto, sobreexplotación y discriminación.
Afortunadamente, existen antecedentes culturales e históricos del buen gobierno del agua, y desde febrero del 2012 un vigoroso y creciente movimiento ciudadano y de los pueblos logró consensuar una Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado de Ley General de Aguas, a la vez que construye las instancias previstas en ella.
Falta ahora concretar la voluntad política y legislativa para lograr y hacer valer la Ley General de Aguas que México necesita.
La exigencia del artículo 4° constitucional de lograr el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación ciudadana y gubernamental representa una innovación inédita.
Hasta el 8 de febrero del 2012, las leyes generales sólo distribuían facultades entre los tres niveles de gobierno.
Mientras que la Ley de Aguas Nacionales actual se enmarca en la lógica del libre comercio, la propuesta de dictamen y articulado de Ley General de Aguas se enmarca en la lógica de los derechos humanos, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.
La arquitectura de esta propuesta de ley busca no sólo garantizar el derecho al agua como tal, sino al agua en relación a una alimentación de calidad y suficiente y a un medio ambiente sano, así como el derecho al agua de los pueblos.
Catorce títulos contiene la propuesta de ley: Disposiciones generales, derechos humanos al agua y saneamiento y su interdependencia con otros derechos; de las aguas y bienes públicos inherentes; coordinación entre autoridades en la administración y gestión del agua; participación ciudadana; conocimiento y cultura del agua; de la planeación, gestión equitativa y sustentable de los recursos hídricos; del desarrollo integral e infraestructura; derechos, asignaciones y concesiones de las aguas; servicios públicos de agua y saneamiento; de la calidad y la eliminación progresiva de la contaminación del agua; de la transparencia y acceso a la información; responsabilidades, sanciones y justicia hídrica.
@kardenche
