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A puerta cerrada

¿Quién manda aquí o dónde está el piloto?

MARCELA GÓMEZ ZALCE

Las organizaciones criminales están implementando nuevas estrategias de empoderamiento para diversificar sus negocios ilícitos e ir posicionándose aún más en los mercados locales e internacionales. México vive un prolongado periodo de violencia y sangre hace décadas, pero es innegable que en esta administración encabezada por el presidente López Obrador, la política pública en seguridad está sustentada en proteger la vida humana de delincuentes que operan fuera de la ley como lo afirmó en su mañanera del día de ayer [jueves] justificando el vergonzoso episodio contra nuestras fuerzas armadas expulsadas por civiles armados en Michoacán.

El video es otra muestra contundente de que el Estado mexicano tolera episodios que atenten contra la paz y seguridad de millones de mexicanos humillando y arrodillando a nuestros militares. Regiones enteras son tierras sin ley. Territorios controlados por la delincuencia organizada sumidos en dinámicas de violencia y descomposición extrema, miles de muertos, desaparecidos, extorsionados, secuestrados, torturados. Franjas completas del país donde el Estado ha sido suplantado, desaparecido o capturado.

Se debe rechazar la idea de que México tenga como única salida de la demencial espiral desatada el establecimiento de una pax mafiosa a partir de los abrazos presidenciales y la tolerancia hacia miembros del crimen organizado y entre este último y las estructuras corruptas gubernamentales que están terminando por instaurar un Estado administrador de la actividad criminal.

El polémico cambio de paradigma propuesto por el Ejecutivo de sólo atacar las causas que empujan a las personas a la esfera delincuencial debe estar acompañada por un mecanismo de combate eficaz en sus finanzas, por un sólido aparato de justicia que termine con la impunidad, por presencia y operativos conjuntos -con autoridades locales e internacionales- y por la aplicación irrestricta de la ley. ¿Qué mensaje se envía a los capos criminales y su séquito de sicarios cuando desde la mañanera se informa que el Estado va a cuidar también a los integrantes de sus bandas? ¿Cuál es la señal para los policías, militares, autoridades civiles, jueces, legisladores y ciudadanía? ¿Cuál es el papel del Estado según la visión y misión de la cuatroté?

Hay vasta evidencia empírica de que el crimen organizado -nacional, regional o transnacional- no es un fenómeno inevitable. La seguridad nacional va acompañada del Estado de derecho. La percepción en el contexto actual es que la impunidad se tolera, se permite y por ende, es bienvenida. Los protagonistas de escándalos de corrupción, de acoso, de abusos se han convertido en ejemplos que ahora desafían al aparato de justicia.

López Obrador en su manía de fijar diariamente agenda que distraiga de los focos rojos en el plano económico, social y el desorden en áreas estratégicas -otro inédito botón es el caos en el SENEAM- apuesta además que la pax narca emprendida por su administración, no tenga consecuencias. Sin la elaboración de un mapeo serio de los vacíos de Estado, estos mismos en escasos tres años se han ido ocupando exhibiendo hoy la peor cara de quién(es) verdaderamente mandan aquí.

Twitter: @GomezZalce

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