En 1972, Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República, decretó iniciar la construcción de la presa Cerro de Oro sobre los ríos Santo Domingo, San Juan Evangelista y Tesechoacan, en el estado de Oaxaca. "Cuando supimos que las aguas inundarían todo lo que teníamos y todo lo que éramos reaccionamos furiosamente pero no logramos parar la obra", relataron después los afectados, que fueron alrededor de 26 mil campesinos y campesinas, en su mayoría indígenas chinantecos, habitantes de 37 ejidos, muchos de los cuales tenían tierras de alta calidad en las que producían maíz, frijol, chile, ajonjolí, tabaco, arroz y camote. En esa época, más del 50 % hablaba exclusivamente su idioma. "Para desalojarnos el Estado usó la violencia verbal y hasta física, sobre todo en contra de las personas que al final del desalojo todavía se resistían a salirse de sus tierras y viviendas". Esa lucha por justicia, quizá el antecedente más antiguo del movimiento de los afectados por las presas y en defensa de los ríos en México, comenzó en 1975.
Los testimonios de los afectados y afectadas destacan que hasta el momento en el que se emitió el Decreto Presidencial que formalizó la construcción de la obra, en 1972, la población no había sido informada y menos aún consultada.
"Las autoridades no nos hicieron partícipes conscientes en la elaboración de nuestro destino; lo único que había eran noticias confusas y de personas provistas de maquinaria en la zona".
En el momento del anuncio oficial, en el cual no se mencionaron las zonas afectadas ni los lugares de reubicación, los pobladores quedaron desconcertados por la noticia.
Los trabajos empezaron en 1974 y, a causa de varias interrupciones, terminaron sólo en 1989.
La obra formaba parte de un programa más amplio, formulado en 1947 con la creación de la Comisión del Papaloapan, que preveía la construcción de un sistema de presas asociadas sobre los ríos tributarios del Papaloapan, que debían servir para la generación de hidroelectricidad para la CFE, la protección contra inundaciones y el desarrollo de distritos de riego, según el modelo de la Tennessee Valley Authority (TVA).
Los afectados fueron reubicados forzadamente en varios municipios de Oaxaca y Veracruz.
Uno de los grupos más numerosos fue desplazado al Valle de Uxpanapa, Veracruz, muy rico en biodiversidad en aquel tiempo, donde se formaron 25 núcleos agrarios.
Sin embargo, para construir los nuevos poblados e implantar un proyecto de cultivos agrícolas colectivos y mecanizados, la autoridad procedió al desmonte de 85 mil hectáreas en dos años con maquinaria pesada, cosa que provocó una deforestación masiva cuyos efectos negativos se resienten hasta el día de hoy: incendios forestales, escasez de agua, baja fertilidad de los suelos, etc.
Por la lucha chinanteca, el gobierno prometió dotarlos de tierras, construir caminos e infraestructura urbana en los poblados, pagar las indemnizaciones territoriales, bienes comunales y parcela escolar, y darles posibilidad de explotar maderas finas.
El pago de indemnizaciones fue establecido a través de la Resolución Presidencial del 4 de abril de 1978, consistente en el acuerdo de retribución de indemnizaciones, bienes comunales y parcela escolar.
Las indemnizaciones debían depositarse en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), para distribuirlo a los afectados.
Ninguno de estos compromisos se cumplió.
Algunas personas recibieron un mísero pago para objetos personales, árboles frutales y animales, pero nada de lo previsto en el Decreto Presidencial.
Tuve el honor de conocer en 2011 a uno de los chinantecos que llevaban casi 40 años exigiendo justicia, don Juan Zamora, en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
En diciembre de 2012 presentó el caso de la presa Cerro de Oro en la pre-audiencia sobre Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad, mesa de devastación ambiental del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en Temacapulín, Jalisco.
Demandó ahí a la presidencia de México, a la Secretaría de la Reforma Agraria, al FIFONAFE y a la Comisión Nacional del Agua.
Falleció en 2017, sin encontrar justicia para su pueblo.
El MAPDER le rindió homenaje, con estas palabras: Desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, hacemos un reconocimiento a nuestro compañero Juan Zamora González, quien dedicó con inmenso amor su vida entera a la defensa del territorio, el agua, los ríos y los derechos del pueblo chinanteco. Agradecemos el gran ejemplo y la fuerza que dio a nuestro movimiento desde su conformación, hasta los últimos días de su vida. Juan Zamora es de los hombres que nunca mueren, quedan prendados en el corazón de quienes sabemos que su lucha fue por la vida; y no nos queda más que estarle eternamente agradecidas, y hacer el mejor de nuestros esfuerzos por seguir su ejemplo.
Semillas fueron y florecen.
@kardenche
