LA REVOCACIÓN: JUEGO DE PODERES
Ha generado interesante controversia en los diferentes sectores de la sociedad mexicana, la pretensión del presidente López Obrador de consultar a la ciudadanía para preguntarle si está de acuerdo en revocarle el mandato que el pueblo le otorgó o, por el contrario, desea que se vaya a su casa con anticipación, mucho antes de terminar su período constitucional de 6 años,
La iniciativa para reformar la fracción IX del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue presentada formalmente por senadores de Morena, pero avalada por el mismo presidente de la República. En el proceso legislativo, la propuesta para tal consulta fue inmediata y obviamente aceptada por las fracciones parlamentarias de Morena, PT y Verde Ecologista, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Igualmente se aprobó por la mayoría de las legislaturas de los Estados en el número que la misma Constitución dispone,
Nació así la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual establece que el Instituto Nacional Electoral será el organismo que tendrá a su cargo la organización y desarrollo del proceso en todas sus etapas, exigiéndose en la propia Ley que la revocación sea solicitada al menos por el 3% de la lista nominal de electores, distribuidos en 17 de las 32 entidades federativas del país. La tarea que el INE deberá llevar a cabo es nada menos que la promoción del voto en un proceso en que se observen los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y perspectiva de género.
Más allá del resultado que arroje la encuesta o consulta, lo que ya destaca desde ahora, es la confrontación que observamos se está dando entre los poderes de la Unión y el organismo público que es el INE: por principio de cuentas, la iniciativa que contiene la propuesta de reforma constitucional fue rechazada por los partidos de oposición representados en las cámaras, léase PRI, PAN, PRD.
Al discutirse y aprobarse esta iniciativa, las cámaras se dividieron en dos bandos: morenistas, petistas y ecologistas a favor de la propuesta; en contra de la iniciativa se manifestaron los diputados del PRI, los del PAN y los perredistas. No obstante el voto reprobatorio de las fracciones de oposición, la iniciativa siguió adelante y se convirtió en ley.
Decimos que hay confrontación de poderes porque, obvio, la Ley Federal de Revocación de Mandato es producto de la actividad legislativa, es decir del Poder Legislativo Federal depositado en el Congreso de la Unión integrado por diputados y senadores. Aprobada la Ley y publicada en el Diario Oficial de la Federación, cobró plena vigencia, y entonces el Consejo General del INE tomó el acuerdo de posponer el proceso de revocación argumentando insuficiencia presupuestal derivada de la reducción decretada por la Cámara de Diputados al presupuesto del organismo electoral para el ejercicio de 2022.
El Presidente de la República calificó esta acción del INE como una “chicana”, dijo que eran argucias legaloides de abogados “huichaceros” y ordenó a la Consejería Jurídica de la Presidencia presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la decisión del INE de aplazar la consulta sobre la revocación de mandato. Esta demanda fue admitida por la Comisión de Receso de la Corte, ordenando se notificara al INE como parte demandada y a las Cámaras de Diputado y de Senadores y a la Fiscalía General de la República como terceros interesados.
Hasta este día (29 de diciembre), la Corte conoce de otras dos controversias que tienen relación con la consulta popular sobre revocación de mandato, una promovida por el INE contra la Cámara de Diputados en la que le reclama el recorte presupuestal de casi 5000 millones de pesos a su presupuesto para 2022, lo que le impide realizar la consulta.
La otra fue promovida por la Cámara de Diputados en contra del INE por haber decidido en una sesión del Consejo General aplazar la realización de la Consulta, hasta en tanto la Corte resuelva si deben proporcionársele más recursos.
Las ministras Yasmín Esquivel Mosso y Margarita Ríos Farjat, integrantes de la Comisión de Receso del más elevado tribunal de nuestra Patria, concedieron a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, es decir a Andrés Manuel López Obrador una medida cautelar contra la decisión del INE. Los resultados aún no se conocen.
El domingo 22 del presente mes, una vez admitida la Controversia de la Cámara de Diputados, las ministras determinaron suspender el aplazamiento del INE a la consulta prevista a realizarse el 11 de abril, ordenándole seguir adelante con los preparativos y realizarla con los recursos disponibles, alrededor de 1500 millones de pesos.
En un régimen democrático ideal, que no es el nuestro, es saludable y positivo que se dé el juego de poderes, que opere el sistema de balanzas y contrapesos, para evitar el predominio o avasallamiento de un poder sobre los otros. En el panorama político actual de México observamos confrontados a los poderes de la Unión: por un lado el poder legislativo que es el emisor de la Ley en comento; luego el INE, organismo público autónomo promoviendo contra el poder legislativo por la reducción de su presupuesto; después, la Cámara de Diputados que interpone controversia constitucional contra el INE por el acuerdo que tomó su Consejo General de aplazar la consulta por insuficiencia presupuestal; y en el mismo sentido, el poder ejecutivo a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República; luego, la Corte que conoce de las controversias constitucionales promovidas que tendrá que resolver, y finalmente , las ministras Yasmin y Margarita que determinaron suspender el aplazamiento de la consulta, esto es dejar sin efecto el acuerdo tomado por el INE.
Lo que queda claro es que la revocación de mandato es impulsada por el propio titular del poder ejecutivo federal, lo que no se entiende pues no hay demandas, movimientos en las calles que pidan su salida. Ni sus más acérrimos críticos han manifestado su deseo de que se vaya, lo que le quita sentido a la propuesta .
Analistas de diferentes corrientes ideológicas han calificado a la revocación que se pretende realizar como una farsa, un engaño. Bien lo dijo Luis Carlos Ugalde: “La revocación de mandato es un derecho político que tienen los ciudadanos que se sienten agraviados por el desempeño de un gobernante, a quien quieren remover anticipadamente; no un instrumento del presidente para polarizar al país, buscando fortalecer su nivel de popularidad”.
