La migración terminó siendo el asunto central de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California la semana pasada. De forma superficial, la Declaración de Los Ángeles firmada por 20 países asistentes a la cumbre puede entenderse como un logro de la administración Biden. Pone en el foco la preocupación de Estados Unidos por la creciente ola de migrantes que se registra en el continente y cuyo principal destino es la potencia americana. Consigue que países de tránsito asuman parte de la responsabilidad en la contención de la migración estableciendo cuotas de trabajadores inmigrantes, asilados y refugiados. Y promete una inversión multimillonaria del sector privado para elevar el desarrollo de los principales países expulsores de migrantes. Sin embargo, la declaración no sólo se queda corta, sino que adolece de un error desde la concepción misma del asunto migratorio. Lo interesante no está en lo que dice, sino en lo que no dice y que, incluso, deliberadamente oculta.
Poco antes de presentar el resultado de la Cumbre, el presidente Joe Biden dijo: "se necesita que todas nuestras naciones trabajen juntas para atacar este problema". La frase deja clara la visión que Washington tiene respecto al asunto: la migración es un problema. Y se entiende que sea así, ya que, para EUA, principal país receptor de inmigrantes en todo el continente, la migración es vista como un problema… cuando así conviene. La realidad es que la mano de obra migrante, con papeles o sin papeles, representa una fuerza laboral necesaria para ciertos sectores clave de la economía estadounidense. Y no sólo porque los trabajadores inmigrantes lleven a cabo tareas que los ciudadanos estadounidenses ya no quieren desempeñar, sino porque, sobretodo, abaratan en general el mercado laboral al ofrecer salarios más bajos y con menos compromisos laborales. Además, esos trabajadores inmigrantes también son consumidores y, si bien buena parte de sus ingresos son enviados a sus familias en los países de origen, estos envíos se hacen a través del sistema financiero, y una parte se queda en EUA como gasto de consumo. Lo que en verdad busca el gobierno de la potencia americana, ya sea con la retórica xenófoba estilo Trump o la muy aparente mesura de Biden, es tratar de meter a la migración en la lógica del mercado estadounidense. Es decir, para EUA la migración es un problema mientras no la puedan controlar.
Pero si vemos la realidad desde los países expulsores, la migración conlleva beneficios y perjuicios también. Para quienes emigran, se trata de la oportunidad de una mejor vida a la vez que del abandono de su tierra y su red familiar o comunitaria. Para los países representa una válvula de escape a la presión social generada por economías estancadas o sociedades criminalizadas. Además, las remesas son oxígeno puro que ayuda a mitigar la pobreza en los estados de origen. Pero pensar que la gente emigra sólo por factores económicos es un error. Además de la falta de oportunidades de trabajo, las personas emigran por factores como violencia y criminalidad, corrupción y debilidad institucional y, algo que poco se dice, la acción depredadora de empresas trasnacionales o socias de las mismas que en el pasado o el presente han expulsado comunidades de sus territorios originales. En México hemos visto cómo los capitales golondrinos de la industria maquiladora en la década de los noventa dejaron una estela de destrucción del tejido social y de lumpenización de comunidades que creó en parte el caldo de cultivo de la explosión de violencia que vivimos hasta hoy. Si sumamos que la presencia de cárteles de la droga que dominan territorios y rutas responde a la triple lógica de un negocio ilegal que de alguna forma termina tocando lo legal, el círculo se completa. ¿Cuál es esa triple lógica? EUA demanda drogas duras como ningún otro mercado y vende armas como ningún otro estado, y el blanqueo de ese negocio de ida y vuelta ocurre a través de las fronteras porosas del sistema financiero internacional.
Y es aquí donde comienzan a saltar las omisiones de la Declaración de Los Ángeles, que habla de cuotas para la migración "legal" en estados de tránsito y de fuertes inversiones de capital privado en los países expulsores, pero muy poco o nada de la seguridad continental y el desarrollo institucional de los estados. Visto sin cortapisas, la declaración no toca el negocio y distrae la atención del asunto de fondo, es decir, la migración como un fenómeno multifactorial en el que los países receptores son igual o más responsables que los expulsores o de tránsito. Porque de la misma manera que el narcotráfico no es una actividad espontánea, la migración tampoco lo es. Ambos requieren de una amplia red de conexiones y flujos de dinero a ambos lados de la frontera para que ocurra. Otro punto importante es que en América Latina el mismo estado débil y corrupto que no hace frente al crimen ni desarrolla la economía de su país para retener a su población, es el mismo estado que abrió las puertas a empresas transnacionales que, bajo esquemas de escasa responsabilidad y laxa legalidad, obtuvieron beneficios a costa de la desarticulación de sociedades en décadas pasadas. Porque es mentira que sólo los países con gobiernos autoritarios son expulsores de migrantes, también estados considerados democráticos por EUA expulsan a su población. Por otro lado, cruelmente irónico es que las armas que hacen huir a miles de personas cada año de Latinoamérica a Norteamérica tienen como origen la nación a la que los migrantes aspiran llegar. Dejar fuera compromisos multilaterales en materia de seguridad y fortalecimiento del estado de derecho es tan equivocado como creer que sólo la inversión privada puede resolver el "problema", cuando hemos visto que incluso lo puede agravar si no se da en un marco de seguridad social, instituciones sólidas y beneficio comunitario.
Pero, concedamos, hubo acuerdos puntuales. Los países firmantes se comprometen a aumentar las cuotas de recepción de migrantes en números que van de 4,000 a 20,000 al año, según sea el caso. La Unión Americana se compromete a recibir 10,000 en 2023 y otros 10,000 en 2024. Para darnos una idea de lo pequeño del compromiso basta citar que sólo en 2021 EUA deportó a 225,000 mexicanos que cruzaron sus fronteras. Súmele los de otros. Este dato por sí solo refleja la pequeña magnitud del acuerdo alcanzado en Los Ángeles, aunque es suficiente para justificar las acciones represivas contra la migración no controlada. Pero lo que más evidencia es la negativa de EUA a abordar el asunto migratorio desde una perspectiva distinta. El problema no es la migración, el problema es la desigualdad intra e interestados, la corrupción, el crimen y la violencia y la primacía de la lógica económica sobre la dimensión social y humana de las poblaciones del continente.
@Artgonzaga
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