La búsqueda de legitimar determinados procedimientos que tienen mucho más que ver con la esfera del poder que con la de la verdad ha empujado al presidente López Obrador al abismo. La mentira o las medias verdades han sido parte esencial de su dispositivo retórico y parte sustancial de la propaganda mañanera y elemento central alrededor de su proyecto de transformación. La solución del caso Ayotzinapa prometido en la campaña es ya un bumerán en la línea de flotación presidencial. El desaseo, la descomunal ignorancia, la imprudencia y el manejo discrecional son los ingredientes de la próxima implosión en la esfera del (no)poder; la filtración de documentos, la salida del fiscal del caso y la innegable señal del gobierno estadounidense solicitando transparencia y justicia son señales que deben ser leídas con cautela y cuidado.
El Ejecutivo ha jugado con un cerillo en medio de una pradera muy seca y las consecuencias aún distan de ser visibles al exterior, pero muy socializadas al interior de los pasillos del palacio. El engrudo se ha hecho bolas gracias a las señales confusas y difusas que alimentaron la indecisión que es la peor decisión. La primera estrategia de apoyar la labor de Alejandro Encinas y del renunciado fiscal Gómez Trejo para luego titubear muestra su nulo sentido del manejo del riesgo en asuntos que involucran el ala castrense. Es de todos sabido que la orden de abrir todos los expedientes fue del Ejecutivo.
El conjunto de conductas poco delimitadas alrededor del caso Ayotzinapa ha exacerbado un agravio latente dentro de nuestras fuerzas armadas que serán, como se ha puntualizado de manera constante en este espacio, las que pagarán el costo del desaseo civil y de las complicidades referidas de aquella noche.
El margen de maniobra es estrecho y borrar la frontera de la relación civil-militar es arena movediza. López Obrador ha usado y utilizado al ejército para resolverle problemas. La disciplina castrense le ha redituado en lo que considera las piedras angulares de su mentada transformación alrededor de grandes proyectos y áreas que percibe carcomidas en el pasado por la corrupción.
Sin matices, filtros ni visión estratégica la impulsividad presidencial ha colocado en un delicado predicamento a su círculo civil-militar. El empoderamiento del ex fiscal Gómez Trejo fue el detonante del desastre en el manejo del caso. Atropellando la comunicación en la cadena de mando en la fiscalía de Gertz, el primer tropezón visible fue la detención de Murillo Karam que tomó a muchos por sorpresa en la coyuntura sobre las órdenes de aprehensión giradas contra mandos militares.
Epicentro de discordia y molestia que obligó a López Obrador a sostener hace unos días que "Gómez Trejo renunció porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar..." dichas órdenes. Y al diablo el juez, los elementos de prueba y los indicios.
No se vislumbra salida del laberinto de verdades históricas, verdades a medias y mentiras completas. El reporte del GIEI suma piezas del cochinero de ese rompecabezas que ya es bastante público.
El manto de protección presidencial tiene fecha de caducidad al no poder controlar los efectos que ocurrirán en la ruta de la justicia con gracia y la justicia a secas.
Sin embargo, la presión está lejos de terminar y las maromas para salir sin costos también con mención especial a la tensión al interior del gabinete.
Suponer que los espaldarazos y la pirotecnia distractora serán suficientes, es observar el árbol y evitar ver el bosque.
