En Coahuila, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado pone los sistemas de agua y saneamiento en manos del gobernador, los presidentes municipales o de empresas privadas -quienes imponen consejeros directivos, como sucede ahora en Monclova y Frontera-, sin contrapesos ni mecanismos efectivos frente a la ineficacia, la desviación de recursos o el incumplimiento del derecho humano al agua y el saneamiento. Así, los organismos municipales operadores del agua permanecen al servicio de intereses políticos o privados, vulnerables ante fenómenos de corrupción, quiebra, privatización, alza de tarifas, lucro e incumplimientos. En resumen, resultado sobre usuarios domésticos: Inequidad y tarifas extraordinarias, violación del derecho humano al agua y saneamiento. Pero lo anterior no es exclusivo de este estado norteño; sucede en todo el país. La pregunta es, más bien, ¿cómo lograr sistemas municipales y estatales eficaces y sostenibles?
Existen en el país unos 2 mil 500 sistemas municipales de agua y saneamiento, que atienden principalmente a las cabeceras municipales. Sus consejos de administración son nombrados por el presidente municipal en turno. Con pocas excepciones, sufren de una falta de planeación, de inequidades, condicionantes políticos en la distribución; opacidad y corrupción.
En los estados con sistemas de agua con mayor potencial lucrativo -Nuevo León, Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México-, las comisiones estatales manejan los servicios de agua y saneamiento con procesos encaminados a su privatización.
Gracias al nuevo federalismo, las comisiones estatales han determinado el destino de los recursos federales para los municipios, resultando en el sembradío de plantas de tratamiento mal diseñadas y abandonadas en todo el país.
En las pasadas décadas, las comisiones estatales del agua han sido utilizadas por los gobernadores para impulsar procesos de industrialización y urbanización especulativa que rebasan la capacidad de carga de las cuencas y dejan vastas extensiones de asentamientos sin acceso al vital líquido.
El poder de los gobernadores ha sido fortalecido recientemente con la asignación de grandes volúmenes de aguas nacionales a las comisiones estatales para uso "público-urbano", sentando las bases para trasvases y para una nueva camada de leyes estatales que facultan a los gobernadores para otorgar concesiones a largo plazo de "aguas estatales", sin obligación de garantizar agua para el uso personal doméstico.
Según propuso la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas -impulsada por la coordinadora nacional Agua para Todos-, la alternativa consiste en la democratización de los sistemas municipales y las comisiones estatales de agua y saneamiento; el fortalecimiento de los sistemas comunitarios; el acceso equitativo al agua de uso doméstico; así como en desprivatizar y democratizar los sistemas de agua y saneamiento, como un ejercicio de soberanía.
En la democratización, cada municipio contaría con una Junta Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, con representantes de todos los sistemas en su territorio.
Para alcanzar mayor apertura, tales organismos contarían con representantes de pueblos originarios -en caso de habitar en la zona-, de escuelas y otros servicios públicos, de investigadores y organizaciones de la sociedad civil, así como de poblaciones sin acceso a servicios.
La Junta elaboraría, gestionaría y ejecutaría el plan municipal, el cual especificaría las obras y políticas requeridas para garantizar la distribución equitativa del agua potable, priorizando el uso personal y los servicios públicos; tomas de agua potable en escuelas y plazas públicas; el buen manejo de aguas pluviales; ciclos locales de tratamiento y reúso de aguas residuales.
El Consejo de Administración del sistema estaría compuesto mayoritariamente por representantes territoriales e investigadores, elegidos en asambleas zonales y por tema. La participación ciudadana en este Consejo permitiría lograr procesos de planeación y seguimiento, transparencia y eficiencia.
En esa alternativa, se reemplazarían las actuales comisiones estatales del agua con Juntas Estatales, mayoritariamente conformadas por ciudadanos representantes de Juntas Municipales, sistemas comunitarios, pueblos indígenas -de haber en la zona-, así como investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
La Junta Estatal elaboraría el Plan Estatal de Aguas y Cuencas que definiría las políticas y acciones que serían ejecutadas por funcionarios y dependencias, derivadas de los planes rectores en su territorio.
Esta alternativa, detallada durante nueve años de intensa participación ciudadana, 2012-2021, se encuentra plasmada ahora en el título décimo, referente a servicios públicos de agua y saneamiento, de la Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado de la Ley General de Aguas, pendiente de votación en la actual Legislatura federal.
@kardenche
