El miércoles 26 de octubre, el cabildo de Saltillo autorizó la construcción del megaproyecto inmobiliario Ciudad Derramadero, descrito por el comunicador Freddy Fernández como una colonia laboral gobernada por las empresas del sureste de Coahuila con todos sus servicios públicos privatizados. Cientos de habitantes y decenas de organizaciones advierten que será en perjuicio de la población de los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente; región que padece grave crisis de agua por acuíferos sobre concesionados y sobreexplotados. Empresas y gobiernos se proponen edificar 6 mil viviendas en los próximos años y llegar a 35 mil en 2040. Un negocio de más de 25 mil millones de pesos, que obliga a la comunidad campesina a migrar, dicen, a estos centros de explotación y -se prevé- hará crecer la mancha urbana de Saltillo en más de 175 mil personas. ¿De dónde sacarán el agua?
Vivimos en el desierto -alertan quienes se oponen al megaproyecto. En la región sureste sólo caen unos 300 milímetros de lluvia al año; "somos un desierto que, sin tenerla, entrega agua a la industria automotriz y a las agroempresas que no producen alimentos para el consumo local, únicamente generan ganancias en dólares exportando hortalizas, produciendo pastura para la empresa lechera de La Laguna, vinos y nueces. Empresas que sobreexplotan las reservas de agua desde hace muchos años y están matando de sed a los ejidos y comunidades campesinas".
Ahora el gobierno -añaden-, junto con algunos empresarios que se han dedicado al saqueo, imponen Ciudad Derramadero. "Estos megaproyectos que impulsan los empresarios y el gobierno son proyectos de muerte. Para los ricos un gran negocio; para el pueblo, muerte, desarraigo forzado, explotación, miseria, hambre y sed".
¿De quién es el negocio?
La Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico del cabildo saltillense, de mayoría priísta, revisó y aprobó dicho proyecto "ecocida" -dicen los opositores-, "que atenta contra la vida de nuestros pueblos y territorios para provecho de grandes empresas inmobiliarias y de industrias trasnacionales como Chrysler Motors, DaimlerTruck, Saint Gobain y Freightliner, entre otras".
El primer anuncio del megaproyecto Ciudad Derramadero lo hizo el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos del Olmo, el 17 de septiembre del 2018 en un acto de la central obrera en Coahuila.
En tal ocasión se firmó un convenio entre David Penchyna Grub, entonces director del INFONAVIT [eran los últimos meses de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República] y representantes del Sindicato de la Industria Automotriz adscrito a la CTM, dirigido en la localidad por Hugo Díaz. Del Olmo se certificó como testigo.
Al día siguiente, 18 de septiembre del 2018, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, oficializó el anuncio acompañado por David Penchyna Grub, Manolo Jiménez Salinas, entonces alcalde de Saltillo -hoy aspirante a relevar a Riquelme- Carlos Aceves del Olmo, Verónica Martínez, senadora por Coahuila, y Jorge León Wolpert Kuri, director de la Comisión Nacional de Vivienda.
No se informó de la presencia de autoridades federales, estatales o municipales en materia ambiental.
Ahora, el dictamen del cabildo saltillense afirma que el proyecto será "para que el ordenamiento territorial garantice un desarrollo equilibrado y sustentable que estimule la atracción de inversión de particulares y la generación de empleos, al tiempo que mejora la calidad de vida de los trabajadores al disminuir la pérdida de horas-hombre por traslado".
El megaproyecto se divide en 7 etapas. Al finalizar en 2040 serían 35 mil viviendas.
Pero hay poca disponibilidad de agua. Los acuíferos que abastecen al sureste de Coahuila están sobre concesionados o sobreexplotados.
El lugar de construcción se ubica en inmediaciones de los ejidos Agua Nueva, San Juan de la Vaquería, Derramadero y otros de la denominada Zona Industrial Derramadero, que alberga a cinco parques industriales, en la región sur de Saltillo.
El impacto mayor es en la captación, distribución y suministro de agua; e implica que en el futuro mediato, la disputa por el agua tendrá lugar con consecuencias -previsibles varias de ellas- de conflicto social y político.
Impactaría más a la población tradicional campesina, a la instalada en la Zona Metropolitana de Saltillo, que abarca también a Ramos Arizpe y Arteaga.
Desde los años ochenta, las autoridades locales y federales conocían los graves niveles de abatimiento de las cuatro y luego cinco zonas de carga o recarga de acuíferos que nutren a la Zona Metropolitana de Saltillo: Zapalinamé, Loma Alta, San Lorenzo, Terneras, Agua Nueva y Carneros.
Los graves problemas de agua se extienden a municipios vecinos como General Cepeda y Parras.
De ahí que ante el megaproyecto Ciudad Derramadero se oponga la frase "no es sequía, es saqueo".
@kardenche
