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De acuerdo con organismos que amparan autos de procedencia extranjera, el decreto para la legalización de vehículos extranjeros se dio 'a medias', ya que no se contemplan las marcas europeas y asiáticas e incumple con el costo que implicará hacer los cambios para su nacionalización.
Como primer punto, la legalización de los automóviles "chocolate" incluye costos "ocultos" además de los dos mil 500 pesos anunciados por el Gobierno federal, la inversión total por vehículo podrá ser de casi 10 mil pesos, señaló Armando García Grimaldo, coordinador de la organización UCD Nacional.
El decreto no es para regularizar vehículos, explicó. "Es para la importación legal de las unidades. Y eso lleva otros pagos ajenos a la Secretaría de Hacienda o al Gobierno federal", precisó.
El trámite se tendrá que realizar a través de agencias aduanales, que seguramente aplicarán una tarifa de honorarios, que podría ser quizá de unos dos mil 500 pesos. Otros requisitos, como el certificado de cumplimiento de las normas ecológicas, que exige la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se tiene que realizar en el país de origen de donde sale el vehículo y tiene un costo de entre 40 y 60 dólares. De acuerdo a la ley para importación de vehículos, se debe realizar la baja de la unidad en Estados Unidos.
También hay que tramitar un documento en el registro vehicular de Estados Unidos, que es el historial del automóvil desde su salida de la agencia, el paso por todos sus propietarios en la unión americana y el número y tipo de accidentes y siniestros en los que pudo estar involucrado.
El líder nacional de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), José Guadalupe Barrios Núñez, expresó que el decreto es "una burla a lo que se prometió en octubre pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el apoyo a esta iniciativa gubernamental". Declaró que entonces no se había mencionado nada de recurrir a los servicios profesionales de una agencia aduanal.
En ese contexto de importación y no de regularización refirió que el valor de cada trámite se habrá de elevar en función de las características de la unidad y considera "difícil" que los agremiados de Onappafa puedan pagarlo, pues se eleva hasta en un 400 por ciento en varios casos.
El dirigente nacional de la Confederación Nacional de Protección para el Patrimonio Familiar (Conappafa), Jesús Manuel Barrios Núñez, consideró que quedará fuera por lo menos un 40 % de las unidades que circulan en Durango.
Solo en La Laguna de Coahuila y Durango hay cerca de 160 mil vehículos de procedencia extranjera en situación irregular, mientras que en ambas entidades suman casi 600 mil.
