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Consulta popular demagógica, esteril y costosa

RAÚL MUÑOZ DE LEÓN 24 de julio de 2021

Resulta ocioso e intrascendente, preguntar a la gente si está de acuerdo o no en que se procese penalmente a los expresidentes de la República, a quienes Andrés Manuel López Obrador considera responsables de diversos delitos de índole financiera o económica cometidos durante el ejercicio del cargo, aprovechándose precisamente de su situación privilegiada para incurrir en peculado, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias, lavado de dinero y otros del mismo tipo.

Ya se sabe que el Presidente de la República obtuvo aplastante victoria en las elecciones del 2018 porque basó su campaña política en acabar con la corrupción “cualidad” que caracterizó, por lo menos a los cinco sexenios anteriores (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña); dijo que haría limpieza completa en el gobierno, barriendo las dependencias, como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que empezaría con “los peces más gordos”, con los funcionarios de mayor jerarquía, y en esta línea se ubican los exmandatarios. Esa promesa de campaña electoral, ese ofrecimiento político, que se convirtió en un compromiso, le valió la simpatía popular que se tradujo en votos, obteniendo por eso un triunfo arrollador en las urnas, que en la práctica le representó obtener un poder exorbitante que ejerce omnímodamente, sin que tenga hasta ahora un efectivo contrapeso; poder que al ejercerlo tan autoritariamente, le ha valido perder poco a poco la simpatía, el carisma que tuvo al inicio de su gestión,

Han transcurrido tres años y medio de su gobierno y hasta ahora no se sabe de alguna denuncia formal en contra de uno o varios de los señalados como corruptos, simplemente los ha mencionado y siempre de manera indirecta. No se le ha oído decir: “Salinas es un ladrón”; “Fox incurrió en actos de corrupción”, por ejemplo, haciendo alusión sólo y simplemente a los “neoliberales”. Si llegado al poder, si habiéndole sido trasmitido el mando encontró elementos suficientes para fincar responsabilidad política y administrativa a sus antecesores; si tuvo a la vista evidencia bastante para proceder por la vía penal contra los “corruptos exmandatarios”, pues lo que tenía, y aún tiene, que hacer, sin necesidad de pedir opinión de la gente, es formular y presentar la denuncia respectiva ante la autoridad correspondiente, acompañada de las evidencias que hagan prueba plena; se formule así causa penal y se impongan las sanciones que la ley contempla en este tipo de casos; porque es claro que habiendo dejado de ser lo que eran, los expresidentes devienen simples ciudadanos, con los derechos y obligaciones de todo mexicano y pueden ser denunciados sin requisito alguno. Entonces, convocar y llevar a cabo una consulta popular para que la gente opine sobre algo que ya está legislado, es una actitud demagógica, porque se quiere hacer creer al pueblo que se le toma en cuenta y resulta estéril porque una opinión multitudinaria no puede estar sobre un precepto constitucional y dejarlo sin efecto. Con la autoridad y el poder que la ley le otorga por su alta investidura, como Presidente de la República que es, hace mucho tiempo que Andrés Manuel debió haber formalizado las acusaciones ante el órgano competente.

Ahora, desde otro punto de vista, hipotéticamente hablando, si el resultado de la encuesta es en el sentido de que la gente se pronuncia, pensando ilusamente, porque no se procese penalmente a los expresidentes, ¿quedaría impune su conducta, a pesar de que las pruebas lo condenen claramente? ¿En qué papel se dejaría a la Constitución Política, que es nuestra máxima ley? Si se quiere dejar sin efecto la norma constitucional, que se recurra, entonces, a otras figuras jurídicas como el referéndum o el plebiscito. Por eso consideramos dicha consulta como demagógica y estéril; es más un acto circense que uno serio y formal. Y esa farsa oficial le costará al pueblo nada más ¡500 millones de pesos!, recursos que bien pudiera ser utilizados en obras de beneficio social. 

¿Qué le parece el objetivo de la Consulta Popular organizada por el gobierno y puesta en práctica por el INE? Se le preguntó a gente de la calle, de distintos estratos sociales, y se obtuvo respuestas en tono burlesco e incrédulo: ¡es cierto, es más un show, pura cortina de humo! Y es la opinión de la mayoría, “vox populi”, como dicen los que presumen de intelectuales.

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