La pandemia por COVID-19 develó una serie de obstáculos más para la mayoría de las zonas metro en México, pues la salud no forma parte de los temas de interés metropolitano que contiene esta ley federal, y ninguna de las constituciones locales lo contempla. Entendiendo que la salud no debe limitarse a la atención de las y los enfermos, sino que abarca la procuración del bienestar físico, mental y social de las personas, podemos reconocer una serie de atribuciones municipales, estatales y federales que se han puesto en marcha para tratar de contener las cadenas de contagio; extender la capacidad hospitalaria en las instituciones públicas y privadas; cerrar y después recuperar la actividad económica gradualmente; establecer protocolos de higiene en espacios públicos y establecimientos privados, y vigilar su cumplimiento o emitir sanciones de lo contrario.
Sin embargo, la pandemia ha cobrado casi 150 mil vidas en nuestro país, según cifras oficiales. En el centro de esta crisis sanitaria, económica y social, lo que se juega la población todos los días es la vida misma, la propia y de sus seres queridos. Nuestro país se encuentra también, lamentablemente, en la lista de países con mayor número de muertes entre personal sanitario que está en primera línea de atención a los enfermos por coronavirus. Según un estudio de Amnistía Internacional publicado en septiembre del 2020, México y Estados Unidos concentraban el 85% de todas las muertes registradas entre personal sanitario en el continente americano.
Entonces, por todo el país han surgido, como corresponden, análisis y preguntas sobre quién o quiénes son responsables en los gobiernos por la tragedia que enfrentamos, como casi cualquier otro problema en México, con poca planeación, recursos limitados y falta de información clara al respecto. Si bien el Gobierno federal tomó la batuta, al inicio, de una estrategia a nivel nacional para encarar la pandemia, casi de inmediato los estados abogaron por su soberanía y se deslindaron de las rutas marcadas por el centro. En mayo del año pasado, los gobernadores de Coahuila y Durango junto a otros cinco rechazaron el semáforo epidemiológico para el “arranque de la nueva normalidad” anunciando que cada estado implementarían sus propias estrategias para reanudar actividades. A partir de entonces, los protocolos y las medidas que se anuncian por cada estado, e incluso por cada municipio, han diferido al grado del absurdo cuando en noviembre se modificaron los horarios del transporte público en Durango durante los fines de semana y vimos a decenas de pasajeros cruzando el vado del río Nazas a pie, para ir al trabajo o regresar a sus casas.
En La Laguna necesitamos, en calidad de urgente, instituciones capaces de hacerle cara a este y cualquier otro reto. Que reconozcan las particularidades de nuestra región y zona metropolitana y sean capaces de proponer rutas y proyectos para el desarrollo urbano con base en evidencias, al contrario de las ocurrencias tan socorridas durante campañas. Necesitamos, urgentemente, mecanismos de comunicación metropolitana eficiente y clara. Este vacío informativo generado por falta de coordinación entre las autoridades económicas y sanitarias ha sido ocupado por organismos de la sociedad civil que trabajan con sus recursos y herramientas para tratar de encontrar sentido a declaraciones, estadísticas y estrategias, y comunicarlo a la población metropolitana.
El semáforo epidemiológico se ha convertido en un símbolo que nada expresa en términos prácticos pero que desata pasiones partidistas en los tres órdenes de gobierno. Al día de hoy, las y los laguneros desconocemos las implicaciones reales del máximo riesgo epidémico que marca el rojo de Coahuila y el Alto riesgo que marca el de Durango. De contar con instancias de gobernanza metropolitana, en La Laguna podríamos blindar de estas disputas ciertos aspectos claves para garantizar el bienestar de la población urbana.
