La clave para posibilitar o dificultar el desarrollo sostenible de una región metropolitana está en su modelo o prácticas habituales de gobernanza. Es decir, la manera, los mecanismos y las herramientas de que disponen sus tomadores de decisiones para articular estrategias, implementar proyectos y en general para plasmar en la ciudad las necesidades y anhelos de desarrollo humano de sus habitantes.
Como hemos compartido desde Metrópoli Laguna -tanto en publicaciones de redes sociales como en foros, conferencias, reuniones con actores públicos y privados- el diseño y puesta en marcha de un modelo de gobernanza a la medida para nuestra zona metropolitana es tarea de todos, es decir, que implica el desarrollo o la aplicación de todas las capacidades del Estado (ciudadanía y gobiernos) para trabajar en colaboración.
Los desafíos que enfrenta La Laguna, en términos de su desarrollo y gestión, ofrecen también la oportunidad para transformarla social y políticamente hacia un mayor traspaso de competencias, mayor descentralización y mayor delegación a los gobiernos locales, sumando además un mayor compromiso cívico y las capacidades que han desarrollado las organizaciones ciudadanas para participar, incidir y agregar valor a la solución de problemas viejos desde nuevas visiones de transversalidad.
Esto precisa nuevos acuerdos institucionales. Algunos se han dado ya en el marco de la legislación vigente a nivel federal desde el 2016, en la Ley de Ordenamiento Territorial (LGAHOTDU), en las leyes locales para Coahuila y Durango (aunque falten reformas a las mismas para dar sustento legal a la instalación de órganos metropolitanos en La Laguna) y en acciones esporádicas de coordinación para temas urgentes, como la crisis sanitaria por Covid-19.
La gobernanza colaborativa es un proceso, siempre vivo, que requiere también de debates, discusiones, perfeccionamiento constante. Pero es indudablemente necesaria, y para Brian Roberts, de la Universidad de Canberra, y John Abbot, estas son razones poderosas para que los gobiernos y otras organizaciones colaboren entre sí y con la comunidad:
Primero, que la sociedad enfrenta tareas y problemas cada vez más complejos y esto genera incertidumbre en los gobiernos, que las otras organizaciones pueden mediar y aportar conocimientos para solucionar de manera colaborativa. Ahora es más evidente que además de los gobiernos, otras organizaciones comparten el poder y tienen roles y responsabilidades superpuestos.
Por otro lado, estos nuevos esquemas de colaboración suponen la compartición de formas menos burocráticas, más sencillas y menos costosas para mejorar, en eficiencia y eficacia, la administración de las ciudades.
Otra fuerte razón para la colaboración es que la inclusión, en los órganos de gobernanza de planeación y gestión de la ciudad, de otras organizaciones, que representen verdaderamente a todas las visiones de la comunidad y a sus problemas, permite aumentar la capacidad de la región metropolitana para analizarse y resolverse a sí misma utilizando todas las herramientas disponibles de sus sistemas analíticos, administrativos y operativos (públicos y privados).
Por último, que las redes productivas y comerciales a las que deben estar conectadas las ciudades son cada vez más grandes, más complejas y más necesarias. Por ello, articular las capacidades de gobiernos y empresas, cámaras, otras organizaciones público-privadas, es fundamental para aprovechar las relaciones internacionales en favor del desarrollo económico local y la prosperidad urbana.
