A más de un año de presentada la denuncia, la Fiscalía General del Estado aún no judicializa la carpeta de investigación, y al ser cuestionado por el Juez dijo que porque aún no tiene pruebas suficientes. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Coahuila Centro Norte, solicitó a un Juez penal a través de sus abogados que inicie el juicio contra su expresidente Ricardo Gutiérrez por un desfalco de dos millones de pesos.
A más de un año de presentada la denuncia, la Fiscalía General del Estado aún no judicializa la carpeta de investigación, y al ser cuestionado por el Juez dijo que porque aún no tiene pruebas suficientes.
Sin embargo los asesores legales de la cámara empresarial, Héctor Javier Liñán García y Jaime de Hita Heredia, explicaron al Juez que en el expediente obran suficientes pruebas para confirmar que sí existe delito y que puede ser judicializado de manera inmediata.
“El objeto de la audiencia era urgir al Ministerio Público a que presentara la acusación correspondiente. Ha habido una omisión grave, dolosa y una protección evidente a la figura del señor Ricardo Gutiérrez (el acusado)” expresó Liñán García.
Ricardo Gutiérrez fue presidente de la cúpula de empresarios constructores de las regiones Centro y Norte de Coahuila en la pasada administración que concluyó en 2019, y la actual le detectó un desfalco por dos millones de pesos. Después de fracasar en negociaciones para que el acusado restituyera el dinero, fue denunciado penalmente. Las pruebas de la demanda fueron acumuladas en la carpeta de investigación 037/2019.
Héctor Javier Liñán García explicó que la audiencia de este viernes fue para presionar a través del Juez mediante un acto jurisdiccional al órgano investigador que es el Ministerio Público, para que haga su trabajo, pues tiene más de un año la denuncia.
El Juez otorgó al Ministerio Público 20 días hábiles a partir del regreso de vacaciones que inician este sábado, para que concluya la carpeta de investigación con todas las pruebas obtenidas por su investigación y las aportadas por la parte demandante, ademas de facilitar una copia del expediente a los asesores jurídicos de la Cámara de la Construcción.
Liñán García y De Hita Heredia indicaron que el Ministerio Público tiene seis semanas naturales para concluir el expediente, facilitar la copia y dictaminarlo para su judicialización
