Una de las formas más perversas del ejercicio del poder es minimizar e invisibilizar al otro. Eso hizo el presidente con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) el cual dijo no conocía sino por el escándalo en redes a raíz de la invitación a un evento sobre el tema de un humorista en redes que se ha reído del hijo del presidente, lo cual es una muestra de perversidad política o preocupante falta de memoria, pues él nombró y ha tenido a las dos presidentas recientes de este organismo, Mónica Maccise y Alejandra Haas, en las ruedas de prensa mañaneras. Tienen toda la razón el presidente y sus esposa en defender la intimidad de su hijo menor de edad: él no es no debe ser parte del escrutinio público. Justamente por ello la discusión sobre los límites del humor y la discriminación es y debe ser parte de la agenda a debatir.
Más allá de ello la discusión de fondo que está poniendo el presidente sobre la mesa es la de la existencia de los organismos constitucionales autónomos que él considera inútiles. Son claras y permanentes las embestidas contra estos organismos, desde el Instituto Nacional Electoral hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasando por la Comisión Reguladora de Energía o ahora el Conapred, cuya función principal es acotar el poder presidencial. Si hemos hecho estas instituciones es porque la historia nos ha dicho que dejar todo en manos del presidente termina siendo una tragedia para el país.
La existencia del Conapred es un triunfo de la izquierda en México. Su promotor, fundador y primer presidente fue Gilberto Rincón Gallardo, uno de los luchadores sociales más importantes del siglo XX. Su visión, que el presidente no comparte, fue que en un país como el nuestro donde la discriminación por motivos de género, raza, discapacidad u orientación sexual se requería una institución que velara por los derechos de los excluidos porque claramente el gobierno no lo estaba haciendo. Pensar que la Secretaría de Gobernación puede hacer ahora lo que nunca hizo es poco menos que ingenuo. Se requiere un organismo especializado vinculado, como está, a la secretaría.
La evaluación del trabajo de un organismo público no puede estar sujeto a si está o no en la memoria y el corazón del presidente. Eso es regresar el presidencialismo más rancio e indeseable. Podemos discutir la pertinencia o no del Foro al que citó y luego suspendió la Comisión, pero la existencia o no de los organismos públicos y particularmente los que atienden abusos cometidos por el propio Estado, como la CNDH o el Conapred, no puede quedar al capricho del presidente en turno, da igual cómo se llame y por cuántos votos haya ganado la elección.
