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EDITORIAL

Minería y SCJN, cae proyecto de sentencia injusto

Yo río libre

JULIO CÉSAR RAMÍREZ
sábado 16 de mayo 2020, actualizada 7:45 am


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La Suprema Corte de Justicia de la Nación retiró un proyecto de sentencia que, de aprobarse tal como lo elaboró el ministro Javier Laynez Potisek, mantendría el sistema de explotación de recursos mineros con el cual se violentan los derechos indígenas. ¿Qué pasó? Una movilización virtual intensa del pueblo maseual de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla -en la punta de la pandemia de COVID-19-, en combinación con una acertada asesoría jurídica, una amplia política de alianzas y una atinada estrategia de comunicación e incidencia, obligó a que fuera el mismo presidente de la segunda sala del máximo tribunal quien apartara de la lista la muy controvertida tesis que había sido publicada en Internet. Sucedió en la sesión remota del miércoles 13 de mayo.

El proyecto del ministro Laynez aseveraba que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta, por lo que planteaba no amparar las comunidades poblanas.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos y del ambiente consideraron que la decisión no sólo afectaría a comunidades de las sierras poblanas, que tramitaron un juicio de garantías contra el Estado mexicano por haber transgredido su derecho de autodeterminación, sino que dejaba intacta la Ley Minera que protege los megaproyectos depredadores y conflictos socioambientales en todo el país.

El 17 de marzo de 2014 el pueblo maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, interpuso un amparo que fue admitido por el juzgado segundo de distrito con sede en Puebla. El acto reclamado fue la concesión de esos territorios a la industria minera sin que los pueblos indígenas hubieran sido consultados, como obliga el artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por esos hechos fue demandado el Estado mexicano, representado por el Presidente de la República y el Congreso de la Unión. El juicio de garantías no se interpuso sólo contra las concesiones, sino sobre todo contra la Ley Minera que permite la entrega de territorios y viola los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas.

Una semana después, el pueblo nahua de Zacualpan, Colima, ingresó su demanda de amparo, aceptada por el juzgado primero de distrito. El 7 de abril de 2014, la comunidad de Tecoltemic, municipio de Ixtacamaxtitlán, presentó un juicio de garantías que admitió el juzgado cuarto de distrito en Puebla.

De esta manera, el Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión de plano de concesiones mineras a favor de los pueblos originarios en los tres casos, lo que implica que mientras duren los litigios las compañías no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

En su momento, el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Consejo Tiyat Tlali, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, destacaron que la relevancia de estas acciones jurídicas reside en que evidencian la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera.

La Ley Minera ha sido instrumento que posibilita la expedición de títulos de concesión para el despojo de territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye discriminación, pues viola la Constitución y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, sobre todo el de los pueblos originarios y equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han usado ancestralmente.

CEMDA declaró este 14 de mayo: Celebramos el retiro del proyecto de sentencia sobre la Ley Minera. Comunidades indígenas y organizaciones sociales esperamos que el sentido del proyecto de sentencia sobre amparo en revisión 928/2019, previsto para ser votado el día de ayer, 13 de mayo, sea reconsiderado para que la decisión garantice los derechos del pueblo Maseual, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales. La Ley Minera debe ser declarada inconstitucional dado que no fue consultada a las comunidades y pueblos indígenas.

Agradecidos con quienes los apoyan, los pobladores dijeron: Sólo buscamos una buena vida, Yeknemilis, como decimos en lengua masewal. Timotasohkamatih, que en español quiere decir: nos sentimos en amor con su acompañamiento.

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