Tanto a nivel nacional, como en los estados de la República, los sistemas anticorrupción nacieron de las demandas ciudadanas para mitigar los efectos de la corrupción en todo tipo de trabajos y acciones que involucran recursos públicos.
No había, ni parece haber aún, interés alguno de los actores gubernamentales por acabar con siglos de despilfarro, compadrazgos, enriquecimiento ilícito y las respectivas consecuencias sociales. Si bien la sociedad civil organizada ha logrado avances significativos en el posicionamiento del tema en la agenda pública de los últimos años, el impacto real de estos esfuerzos está muy lejos de saciar la sed de justicia de mexicanas y mexicanos.
La novela de la instalación del Sistema en Coahuila ya es conocida por quienes hemos tratado de participar sumando propuestas, y también por quienes han seguido el tema a través de redes y medios: la participación ciudadana ha sido simulada desde el principio, y las designaciones en puestos claves como el Consejo de Participación Ciudadana y demás cabezas de instituciones integrantes del Comité Coordinador, a todas luces han favorecido el estancamiento en la investigación y sanciones de funcionarios involucrados en temas que aún nos lastiman (y lastimarán por años, como la megadeuda).
Más allá de seguir denunciando estas irregularidades -pues los señalamientos no pasan de incendiar las redes para llegar a oídos sordos en la toma de decisiones del gobierno- las organizaciones nos hemos debatido entre diferentes esfuerzos para tratar de evaluar, cuestionar y proponer mecanismos para un funcionamiento medianamente decente de los órganos que integran al Sistema, así como están constituidos actualmente, en un ejercicio de civismo ciudadano y de corresponsabilidad.
La pregunta de la que partimos, entonces, es ¿de qué manera podemos evaluar los resultados?
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que el único indicador para evaluar a los sistemas debería de ser "la cantidad de redes de corrupción desmanteladas por el trabajo del Sistema". Para alcanzar una meta de tal calibre, todas las instituciones y órganos autónomos que se sientan a la mesa del Comité Coordinador, deberían estar trabajando coordinados, enfocados y con un alto grado de ética y especialización de sus tareas.
Lo que vemos en medios es, en cambio, una serie interminable de capacitaciones, pláticas, apariciones de funcionarios en prensa y radio, y un CPC que acude a vestir eventos por todo el estado. Lo que precisamos son mecanismos de rendición de cuentas del Comité Coordinador. No se trata de poco el presupuesto destinado a las flamantes instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA, y es válido el señalamiento contra su nómina cuando no se percibe ni un solo resultado.
Para medir el desempeño del Sistema, es necesario además evaluar al Congreso del Estado. Sabemos que fue una bancada con aplastante mayoría la que dejó preparado el terreno para la comodidad en la designación de los puestos, pero tampoco percibimos una notable diferencia de la actual legislatura, quienes llevan ya casi un año sin elegir a quienes ocuparán las vacantes en la Comisión de Selección para preparar con transparencia el proceso de designación al CPC de este año.
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