Seguimiento. Mario Alberto Sánchez Zúñiga denunció el presunto fraude.
Luego de que el empresario de bienes raíces Mario Alberto Sánchez Zúñiga denunciara el presunto fraude del que fueron víctimas cerca de 300 mil familias que fueron desalojadas de sus viviendas de manera ilegal en diferentes entidades del país, entre ellas Coahuila, fueron liberadas y ejecutadas las primeras órdenes de aprehensión.
Desde 2015, Sánchez Zúñiga ha denunciado estas irregularidades de manera pública, y pese a esto, asegura que continúan cometiéndose. Entre las familias afectadas, cerca de 5 mil de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, según el empresario.
Pero además de las detenciones, dice que es necesario la reparación del daño del que fueron víctimas aquellas familias que perdieron sus viviendas. El perjuicio sería por 700 mil millones de pesos a nivel nacional. Cifra que resultaría impagable para el Infonavit, organismo que señala como principal responsable.
"En mi opinión que el Infonavit está tronado, yo creo que van a tener que empezar de cero, porque para empezar que si estamos hablando de la reparación del daño de todo esto y estamos hablando de 300 mil créditos… Entonces de cuántos millones estamos hablado, no creo que exista en el mundo una empresa que pueda soportar ese reembolso para los afectados", dijo Zúñiga.
Sobre las órdenes de aprehensión, dijo que fue la Fiscal Anticorrupción del Estado de Nayarit, estado en donde presuntamente se llevaron a cabo los 300 mil juicios hipotecarios, la que le informó que fueron cuatro las órdenes liberadas y ejecutadas.
"Esas detenciones son solamente el principio, tenemos que ir en contra de los funcionarios de primer nivel, porque ahorita nada más se fue un abogado (de un despacho del estado de Chihuahua), pero no es el único, se fue algunos actuarios y secretarios, son los primeros que van con respecto a esas órdenes de aprehensión", dijo el empresario.
En el proceso que se desarrolla de forma ilegal, es para que Infonavit se adjudique las viviendas que se dejan de pagar, mismas que posteriormente son rematadas en paquetes a inmobiliarias, y las personas afectadas no son notificadas de forma directa en sus estado o viviendas, imposibilitándolos para emprender una defensa.
Señala que además de las familias que perdieron sus viviendas, se suman aquellas que han adquirido las que fueron rematadas, las cuales se adquieren nuevamente a través del Infonavit.
