En cascada se vinieron los acontecimientos y por ello la posibilidad de digerirlos ha sido lenta, y en algunos casos, difícil de entender.
El pasado 8 de agosto acontecen dos sucesos que parecen fueron diseñados en tiempo y forma para que nos llevaran a pensar que las cosas siguen sin cambiar, a pesar del interés por el cambio.
En primer lugar, la entrega de la constancia de mayoría por el Tribunal Federal Electoral, que le da la calidad de Presidente de la República (electo) a Andrés Manuel López Obrador, quien en su discurso presenta mesura, invitación a trabajar por el bien de todos y pinta su raya respecto de los otros poderes, pero no de los otros ámbitos de gobierno (estatal y municipal). A su vez, ratifica el respeto y la no intromisión en el trabajo y las responsabilidades de las instituciones y órganos autónomos.
A pesar de que está de acuerdo en que el proceso interrumpido para constituir el Sistema Nacional Anticorrupción, iniciado por el gobierno de Peña, siga su curso y quede en manos del Congreso atender a las propuestas que el titular del Ejecutivo presente a manera de terna para escoger al nuevo Fiscal que seguirá sometido a la instrucción del presidente. Es claro que el asunto debe ser discutido con seriedad, contando con la participación de la diversidad de organizaciones de la sociedad civil, que no cejan en establecer bases firmes para combatir este lacerante problema, la corrupción y su gemela, la impunidad.
El otro suceso, la liberación definitiva de Elba Esther Gordillo al no poder demostrar la PGR su culpabilidad por los delitos de lavado de dinero (1,978 mdp) y asociación delictuosa. Estos millones tenían una procedencia legal, ya que así lo establecen las leyes, por lo cual, una vez más, lo legal no es lo justo.
¿Qué nos dejan estos dos sucesos?
El primero, que las promesas sirven para atraer votos apelando al sentimiento -coraje, rabia, enojo- y que para cumplirlas será necesario un cambio serio, profundo y no sólo de estructuras como normalmente lo llaman, sino de los detalles y procedimientos que es por donde corren las decisiones, los recursos y las actuaciones de los servidores públicos, que a la vista de la situación en la que está el país, no han sido de lo mejor.
El segundo, que a pesar del poder que detenta la PGR para conseguir información, para investigar, para presionar, para hacer uso de su autoridad y poder indagar donde sólo ella lo puede hacer, no haya podido integrar un excelente expediente para que no se le vaya la liebre.
Es lamentable que en términos de la regla, el olvido, la deficiente actuación y el mal trabajo, no sean sancionados (claro que la decisión pudo ser política). Es la costumbre que cuando el poder se equivoca, no hay responsabilidades ni responsables que perseguir, tal parece que aquella frase que el inefable Ignacio López Tarso recita en su disco de relato de corridos, sigue siendo válida, "el supremo gobierno no se equivoca nunca".
Pero no queda todo allí, ese mismo día, "comentaristas" y analistas de medios de información empiezan a hablar de la transición del gobierno, cuando lo que estamos viendo es el inicio de otro proceso de alternancia. Lamentablemente, no dejará de ser eso hasta en tanto no veamos que exista, no sólo un plan para un cambio profundo y efectivo de un régimen agotado, sino también estrategias y programas que deben acompañar un proceso de esta naturaleza y que efectivamente perfilen acciones orientadas a la sustitución de estructuras y soportes del antiguo régimen, el cual al menos nos debe llevar un par de décadas.
Sentar las bases es lo primero para empezar a discutir el tipo de país que queremos y el rumbo que debe iniciar. Visto así el panorama, a los coahuilenses nos debe interesar saber qué está sucediendo en el estado y sus regiones en donde los órganos de gobierno siguen haciendo lo mismo y con los mismos resultados.
Dos ejemplos: el Congreso del estado que tiene una Ley Orgánica, pero no su Reglamento -, donde deben estar los detalles de tiempos perentorios para que sus procesos culminen-; mandar a Comisiones asuntos propuestos por algún diputado y que no sea de interés de la mayoría, sigue significando cancelar su discusión, total siempre se ha hecho así; vicio viejo éste que se traslada a la hora de que se aprueban nuevas leyes, es decir, tenemos la ley, pero no su reglamento, los detalles de cómo se aplica y a qué obliga. Así los diputados encantados de la vida jugando a legislar, sólo hay que ver el beneficio que produjo a la comunidad el trabajo de los legisladores en el primer período ordinario (enero a mayo de 2018). El hacer las cosas a su antojo sin rendirle cuentas al representado, es uno de los grandes pendientes que tenemos que remontar para ver si la transición inicia. Nosotros lo podemos impulsar en el plano de gobierno cercano, ya que el modelo de actuación del congreso se reproduce en el Cabildo.
Amable lector, en PC 29 mantenemos el interés por rescatar la representación efectiva de los diputados, llamarlos a cuentas para que nos comprueben lo que hacen y los efectos positivos de su actuar, en la sociedad. Acércate a nosotros, entérate, te decimos como vamos a trabajar para que la misma exigencia sea trasladada al Cabildo de Torreón, donde un día sí, y otro también, al menos a partir de lo que El Siglo de Torreón reporta, el sainete y la práctica de dimes y diretes, reclamos, y buenas intenciones, cada fracción partidista representada en el mismo, busca llevar agua a su molino, y no hacer un trabajo serio para proyectar el Torreón de los próximos años. No esperemos la línea del centro que se dejará sentir en los próximos meses, iniciemos nuestra discusión; también los Regidores y Síndicos -así con mayúscula todavía- tienen un muy buen sueldo, y nulas cuentas rendidas a nosotros, la comunidad, sobre su actuación.
En el Cajón. Seguimos sin conocer en qué condiciones recibió Jorge Zermeño las finanzas del Gobierno municipal, de Simas, y de la Administración Pública Municipal toda. Es su obligación exigir cuentas a los responsables, y nuestro derecho exigirlas a él.
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