Coahuila
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'Todos sabían lo que pasaba'

Violencia. Centro penitenciario de Piedras Negras.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-
PRESENTAN INFORME DEL COLMEX SOBRE ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN PENAL DE PIEDRAS NEGRAS

Todos los niveles de gobierno sabían lo que ocurría en el norte de Coahuila, la violencia generada en Allende y en el interior del centro penitenciario de Piedras Negras, hechos que marcaron esta región y que hoy puede comprenderse mejor a través del informe: "El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011".

El documento que consta de 73 páginas, fue presentado ayer martes en la Ciudad de México por sus autores: Sergio Aguayo, periodista y catedrático; y Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos y analista internacional. Informe generado en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Dicho informe trata de responder a una pregunta: ¿Qué ocurrió en el norte de Coahuila? Y lo realiza en tres vertientes, lo que pasó en el penal de Piedras Negras, la venganza de Los Zetas y la responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos en la venganza Zeta. "Hay evidencia de que el Gobierno de Coahuila y la Federación sí supieron que algo grave había pasado en el norte de Coahuila", refiere el documento. Lo anterior en relación a la declaración ministerial del Fiscal General de Coahuila, nombrado por Humberto Moreira Valdez y quien derivado de reformas administrativas tenía a su cargo la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema Penitenciario.

"La primera noticia por parte de una víctima fue cuando se presentó la denuncia por secuestro", fue lo que manifestó el 19 de julio de 2016 en su declaración ministerial el exfiscal General del Estado; al ser cuestionado sobre si previo a esa denuncia tuvo conocimiento de alguna víctima o persona relacionada de lo que había pasado en Allende… o bien alguna otra autoridad le informó o solicitó apoyo o colaboración.

Y es que en el expediente sobre Allende, que proporcionó el Gobierno de Coahuila, aparece solo una llamada de auxilio en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4); realizada el 22 de marzo de 2011 a las 15:09 horas.

Respecto si las autoridades federales tomaron conocimiento de los sucedido, el documento refiere que la pista más concreta la da el propio exfiscal General, al señalar que al enterarse de lo que ocurrido en Allende, le informó a Patricia Bugarín, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR).

"La PGR no atrajo el caso, pero la CNDH sí se puso a investigar y emitirá una recomendación sobre Allende a finales de noviembre o principios de diciembre 2017", detalla el informe del Colmex.

El documento detalla las actividades en el interior del penal, bajo el control del grupo del crimen organizado de Los Zetas y revela que pagaban un millón y medio de pesos al año en sobornos, a las autoridades del citado centro penitenciario; ubicado en el norte de Coahuila.

El mencionado informe refiere incluso la omisión realizada por las autoridades de Coahuila, pues entre el 18 y 22 de marzo de 2011, los habitantes de Allende y Piedras Negras realizaron llamadas de emergencia al Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4); donde recibieron mil 451 reportes. Sin embargo, en el expediente del caso Allende se hace referencia a una sola llamada de auxilio del C-4, registrada el 22 de marzo de 2011 a las 15:09 horas.

Parte de la investigación hace referencia a lo contenido en el expediente de la Averiguación Previa Penal 005/2014-BIS, que consta de mil 535 folios y que les fue proporcionado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Dicho documento contiene las declaraciones de 11 miembros del grupo del crimen organizado de Los Zetas, 49 internos del penal de Piedras Negras, 21 custodios y 18 empleados del penal.

También se detallan las actividades desarrolladas en el interior del penal, bajo el control del grupo del crimen organizado de Los Zetas y revela que pagaban un millón y medio de pesos al año en sobornos, a las autoridades del citado centro penitenciario; ubicado en el norte de Coahuila. Puntualiza el uso del inmueble como base de operaciones, de elaboración de uniformes, así como para la reparación y transformación de vehículos para transportar droga e inclusive como para desaparecer personas.

DETALLAN ESTRUCTURA ZETA EN EL EL PENAL DE PIEDRAS NEGRAS

El informe presentado por el Colegio de México (Colmex) y denominado: "El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011", detalla la forma en cómo el grupo del crimen organizado de Los Zetas mantuvo el control en el norte del estado; particularmente en el interior del centro penitenciario de Piedras Negras que lo convirtió en sí mismo una fuente de ingresos con la población cautiva.

Lo novedoso, refiere el informe, se centra en tres vertientes: lo que ocurrió en el interior del centro penitenciario de Piedras Negras, la dimensión de la venganza Zeta registrada el 18 de marzo de 2011 y la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en esta venganza.

 ¿CÓMO OPERABAN LOS ZETAS EN EL PENAL?

En el documento se hace referencia a que el jefe de la plaza en ese entonces en Piedras Negras, era David Loreto Mejorado, a quien también se le conocía como "El Comandante Enano o Nano".

Derivado del acceso a la declaración ministerial de quien fuera el jefe de cárcel en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, de quien no se revela su nombre, refirió que: "yo me encargaba de manejar la plaza adentro del penal", esto para que todo estuviera bien y que funcionara bien la venta de drogas entre los internos. Aunque bajo el mando de David Loreto.

Se detalla que tenía un equipo de 92 colaboradores, de los cuales 34 eran sus colaboradores cercanos y los 58 restantes, conformaban equipos de trabajo en diferentes actividades. Aunque la cifra podría ser mayor, porque hubo personas que no fueron identificadas.

A través de la fuerza bruta es como se ejercía el control en el interior de la cárcel, acción que se realizaba desde el ingreso de nuevos internos, quienes al entrar al complejo los celadores los llevaban al área de visitas donde el Jefe de Cárcel se presentaba y les informaba que él era comandante y jefe.

Prácticas como tablazos o golpes con un bat de aluminio en los glúteos, o arrojarles agua caliente en la espalda o manos, así como pasar por entre los vendedores y sicarios; quienes a su paso los golpeaban.

El documento refiere que la cárcel era un depósito de drogas y un taller para "arreglar automóviles y adaptarlos para transportar droga", tal y como se tuvo conocimiento a través de los testimonios en Estados Unidos.

También hace referencia a que el penal era un centro de consumo de drogas, según declaró el Jefe de Cárcel; quien señaló que la recepción de la droga se realizaba a la vista de todos y los celadores permitían el acceso por la puerta principal, a quien llevaba la droga en una mochila.

En 2010, el comandante "Enano" o "Nano", exigió al Jefe de Cárcel ampliar fuentes de ingresos e inició a cobrar a cada interno 25 pesos por semana, luego 50 pesos por semana; como pago de renta de celdas.

"Es posible que comenzaran a rentar la cárcel para pagar los sobornos", refiere el documento; tras señalar que pagaban un millón y medio al año en pagos al personal directivo y de seguridad. Se detalla que a un custodio le pagaban mil pesos al mes y al director 10 mil pesos.

Luego cobraron otros servicios como agua, luz, pasar la noche en la el área de visita conyugal, además de controlar la venta de la tienda, de la tarjetas de teléfono.

 TALLERES AL SERVICIO DEL CRIMEN

En el interior del penal y bajo el control del grupo del crimen organizado de Los Zetas, los talleres fueron utilizados para sus necesidades de: hojalatería y pintura, costura, soldadura y carpintería.

Según el informe, el taller de hojalatería y pintura fue el más importante; porque allí adaptaban los coches para introducir droga hacia los Estados Unidos, utilizando autos robados, la mayoría de origen americano. Un interno declaró que él arregló alrededor de 150 o más automóviles. Además de señalar que el negocio era redondo, pues la pintura la robaban de un establecimiento de Piedras Negras.

El segundo taller en importancia era el de costura, pues en él se elaboraban uniformes de militar color verde y arena, trajes de Marina, trajes de GATE y de la AFI, los cuales usaban Los Zetas. Además de fabricar chalecos antibalas, fornituras, cintos tipo policial, tirantes para colgar armas largas, fundas para pistolas y cargadores.

Respecto al taller de soldadura, se hace referencia a que allí fabricaban estrellas o picos que usaban Los Zetas para ponchar llantas.

 RECLUTARON INTERNOS

El informe detalla que el penal de Piedras Negras también fungió como base de reclutamiento de sicarios. Además de hacer referencia a que en la venganza de Los Zetas, que inició el 18 de marzo de 2011, participaron algunos internos, algunos que inclusive podían salir a placer; según se ventiló en juicios de Estados Unidos, pues refirieron que cuando necesitaban refuerzos en la región, sacaban hasta 100 presos.

También se hace referencia a la fuga de 129 internos del penal, registrado el 17 de septiembre de 2012, en el que refieren que según testigos en Estados Unidos, la fuga se realizó por la puerta principal y con el auxilio de dos camiones que los esperaban en el exterior. Versión muy diferente a las declaraciones que estaba en el expediente de la Fiscalía General y que habla de un escape por un túnel. En Estados Unidos se dijo que la fuga de internos fue porque el jefe de plaza, David Loreto Mejorado, "El Comandante Enano o Nano", necesitaba gente para proteger la plaza y otras regiones.

 INCINERARON DESDE NIÑOS HASTA ANCIANOS EN EL PENAL

Con base en declaraciones de internos, miembros del grupo criminal de Los Zetas y trabajadores del penal, se pudo establecer que el penal de Piedras Negras, efectivamente fue un centro de ejecución y exterminio; pues relatan la forma en cómo Los Zetas llevaron cuerpos y les pidieron desaparecerlos.

Las víctimas eran "chapulines", es decir, vendedores de droga ajena a Los Zetas, así como personas que debían dinero al cártel, familiares de ambos, así como personas que no tenían nada que ver con actividades criminales. Los testigos refieren que fueron hombres, mujeres, mayores de edad, jóvenes e inclusive niños y ancianos. Hasta una mujer con siete meses de gestación.

Sin embrago, se pudo establecer que en ocasiones ingresaron con personas con vida, con las manos atadas y a quienes asesinaban de dos formas: con un disparo en la nuca o con un martillazo en la cabeza. Aunque no se ha definido qué determinaba el uso de un método u otro.

Los internos recibieron capacitación para incinerar los cuerpos, la primera ocasión se les mostró cómo hacerlo con el cuerpo de una persona que metieron en un tambo de 200 litros, donde le echaban diesel y luego le prendían fuego. Después de eso bajaron 12 cuerpos. Tales actividades las desarrollaban en el área de talleres del penal, por donde se encuentra la enfermería y la iglesia; donde caminaban por lo que denominaron "el pasillo de la muerte". Dicho complejo mencionado se localizaba a un costado de la torre de vigilancia número seis, la cual según los relatos de los testigos, mismas que eran desalojadas.

Cabe mencionar que los talleres, la zona de máxima seguridad y el área conyugal, estaban bajo el control del crimen organizado; precisamente en la última área es donde vivía el Jefe de Cárcel y algunos de sus colaboradores cercanos. Cuando realizaban esto, los custodios recibían órdenes de dejar las torres de vigilancia y sacaban de esa área a los internos y los encerraban en sus celdas.

 VENGANZA, RESPONSABILIDAD DE LA DEA

La violencia registrada en el norte de Coahuila, derivada de una acción de venganza por parte de los líderes del grupo del crimen organizado de Los Zetas, es considerado un ejemplo de "violencia criminal binacional" que es investigado por periodistas y académicos de México y Estados Unidos, refiere el informe de el Colegio de México. Lo anterior, derivado de lo revelado por la periodista Ginger Thompson, en el que señala que un jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles), proporcionó información delicada a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal y de allí se filtró a los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42; líderes del cártel de Los Zetas. Tal situación desató lo que hoy han nombrado la Venganza Zeta en el norte de Coahuila, pues la información será los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares de los hermanos Treviño Morales, mismos que fueron obtenidos por la DEA de un miembro del citado grupo del crimen organizado.

Los hermanos descubrieron que dicha información provino de Mario Alfonso "Poncho" Cuéllar, que según la periodista Ginger Thompson, era el encargado de conseguir teléfonos a sus jefes cada tres o cuatro semanas y se apoyaba en su mano derecha: Héctor Moreno Villanueva "El Negro". Aunado a que Z-40 también se enteró de que "Poncho" Cuéllar se había fugado con 10 millones de dólares.

Por tal situación Los Zetas aplicaron un operativo en el norte de Coahuila, que incluyó Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Morelos, Nava, Zaragoza y Villa Unión; pues Z-40 ordenó "levantar a todas las personas y bienes que olieran a Poncho Cuéllar". Incluyendo a Moreno Villanueva y otra persona, identificada como José Luis Gaytán Garza. Lo anterior fue revelado por un testigo protegido en Estados Unidos y que estuvo presente cuando Z-40 se enteró de la traición.

A la fecha, la cifra de personas muertas no se ha esclarecido, pues las cifras no concuerdan. El Gobierno del Estado refiere que fueron 28 víctimas, el Informe del Colmex señala que ellos contabilizaron 42, mientras que la periodista Ginger Thompson señala 60 muertos y desaparecidos.

Gobierno abrió expedientes

El Gobierno de Coahuila informó que la investigación presentada se dio por la apertura de los expedientes que ha llevado a 27 personas a la cárcel con penas de hasta 80 años.

"La cooperación, la apertura y la transparencia de la actual administración estatal permitió abrir los archivos y que el Colegio de México tuviera toda la información para realización de esta investigación" se informó a través de un boletín de prensa.

Aclaró que esto fue posible gracias a un convenio firmado por el Gobierno del estado de Coahuila, la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, el Colegio de México y La Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Asimismo el gobierno indicó que Si bien puede haber diferencias con los resultados presentados o incluso temas por aclarar la autoridad estatal reconoce la seriedad de sus investigadores y su buena fe.

"El Gobernador Rubén Moreira manifiesta que está a su disposición para aclarar y participar en cualquier tipo de indagatorias sobre temas de la entidad y reafirma su compromiso de luchar contra la delincuencia", se informó.



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