De acuerdo a la sentencia 008/2017, dos funcionarios involucrados en la adquisición ilegal de créditos libraron acusaciones al no poder acreditarse el delito. (ARCHIVO)
La adquisición ilegal de dos créditos por un monto total de 2,000 millones de pesos quedó sin castigo, primero por una mala integración de la investigación y luego por prescripción.
De acuerdo a la sentencia 008/2017, dos funcionarios involucrados en la adquisición ilegal de créditos libraron acusaciones al no poder acreditarse el delito.
La denuncia fue interpuesta durante la administración de Jorge Torres López por la Secretaría de Finanzas el 28 de octubre de 2011, por simulación de acto jurídico y no por peculado, contra el subadministrador de Políticas Financieras del extinto SATEC y un empleado de la misma dependencia (Enrique Ledezma y Juan Manuel Delgado Hernández). La resolución fue absolutoria.
"De acuerdo a todas las pruebas que se han analizado y valorado hasta este momento no son suficientes ni pertinentes para que den por acreditado el delito", se indica en la sentencia.
En entrevista, Armin Valdés, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, indicó que se omitieron documentos importantes para la investigación.
-¿A qué se debe que no se haya podido acreditar el delito?- se le cuestionó.
-En primer lugar por lo deficiente que vino la averiguación. Que te quieran acreditar la simulación de acto jurídico, la falsificación del documento y no te agregan ni siquiera el periódico oficial. No lo agregaron, entonces cómo vas a probar que hubo una simulación, si ni siquiera tienes el acto jurídico simulado.
Agregó que "Y así una serie tremenda de documentos que se sustrajeron de la averiguación y que al final tenía como propósito que no hubiera una sentencia condenatoria".
Respecto al posible delito de peculado, éste no puede ser investigado, dado que ya prescribió, según el magistrado.
Cabe mencionar que los créditos fueron solicitados con documentos falsos por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento a dos casas financieras, mismos que fueron pagados pese a desconocer el destino de esos recursos.
El titular del SATEC era Javier Villarreal, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos.
