Llamado. OSC advierten que carece de autonomía, además de que no se tomó en cuenta a la ciudadanía.
Organismos de la sociedad civil que integran la Alianza Anticorrupción Coahuila se reunieron con diputados electos para exigirles que echen abajo el actual Sistema Estatal Anticorrupción, pues advierten que carece de autonomía, además de que no se tomó en cuenta a la ciudadanía.
La Alianza consideró que la próxima Legislatura deberá enmendar la Ley que fue aprobada en el actual Congreso local, pues indicaron que todos los procesos para la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción actualmente son manipulados por el grupo político en el poder.
A la reunión con los representantes de la Alianza acudieron diputados electos de los municipios de Acuña, Sabinas, San Pedro, Torreón y Saltillo, de distintos partidos políticos, a fin de escuchar los planteamientos de los ciudadanos y buscar la construcción de acuerdos.
Los organismos exigieron a los diputados electos que se respeten los principios de máxima publicidad, transparencia, parlamento abierto, en las decisiones con respecto al Sistema Anticorrupción, que se incorporen las propuestas de la sociedad civil, que se realice una evaluación rigurosa y profesional a los integrantes del actual comité de selección y del comité de participación ciudadana, y que se destituya a quienes no garanticen la independencia necesaria para cumplir con la función correspondiente.
"Que además, se realice un nuevo proceso de designación de dichos órganos del Sistema Anticorrupción, apegado a los criterios de transparencia, legalidad, objetividad, pero sobre todo, garantía de independencia política", expresó Gustavo García, de la Alianza Anticorrupción.
"Que inicie el procedimiento de remoción de los cinco magistrados y el fiscal anticorrupción y se promuevan procesos abiertos, que cuenten con la participación de la sociedad civil y se apeguen a los criterios de transparencia (...), que se incluyan pruebas de confianza y exámenes de conocimientos y mérito para tan importantes cargos", expuso.
García señaló que la corrupción afecta a todas las áreas que la padecen y recordó que Coahuila ha destacado a nivel nacional por los temas de corrupción e impunidad, en los cuáles, mencionó la deuda pública, que ha sido clasificada como información reservada hasta que termine la administración o que prescriban los delitos, los más de 160 millones de pesos que se desviaron a empresas "fantasmas", la descapitalización de los fondos de pensiones de educación, 423 millones de pesos que fueron observados por la Auditoría Federal como pendientes de ser reintegrados a la Federación al no comprobarse su aplicación para los programas diseñados.
En este contexto, indicó, el Sistema Anticorrupción ha surgido como respuesta al hartazgo de la ciudadanía. Explicó que el pasado 14 de julio el Congreso de Coahuila aprobó la reforma constitucional y la Ley Anticorrupción obedeciendo a sendas iniciativas que presentó el gobernador, Rubén Moreira.
"Nada valieron las propuestas que hizo la sociedad civil organizada, a través de la Alianza Anticorrupción, conformada por 109 organizaciones", expresó García.
Refirió que las demandas de la Alianza eran la implementación de un Sistema Estatal Anticorrupción cuyos integrantes posean una verdadera autonomía e independencia política, técnica, presupuestaria y de gestión, condiciones indispensables para asegurar su incidencia real y eficaz en la lucha contra la corrupción.
También establecer un método público y transparente con participación ciudadana para la designación de los integrantes de la comisión de selección, del comité de participación ciudadana y del secretario técnico del Sistema Anticorrupción; otorgar facultades al comité para proponer al Congreso candidatos para los cargos de fiscal general, fiscales especializados en materia anticorrupción y delitos electorales, auditor superior y magistrados.
Crear una fiscalía general con autonomía real, establecer una fiscalía especializada en materia anticorrupción con autonomía funcional, presupuestal y de gestión; crear una auditoría superior del estado autónoma con autoridad y obligación de denunciar los hechos de corrupción; instituir un tribunal de justicia administrativo especializado independiente, honesto y profesional; incrementar al menos 10 años la prescripción de delitos de corrupción, entre otras.
"Ninguna de las propuestas fue aceptada, el gobernador y los diputados sujetos a su mando decidieron maquillar la Ley para simular autonomía e independencia de las principales figuras componentes del sistema", expresó García.
En este sentido, las agrupaciones decidieron no participar en la conformación del consejo del Sistema Estatal Anticorrupción, al considerar que el gobernador tiene control absoluto de los procesos.
