Sólo ayer, tres temas vinculados con las acusaciones realizadas por ambos partidos fueron abordados por los legisladores. (ARCHIVO)
Los partidos con mayor representración en Coahuila, PRI (oficial) y PAN (oposición), han llevado el proceso electoral al Congreso local a través de sus bancadas. Sólo ayer, tres temas vinculados con las acusaciones realizadas por ambos partidos fueron abordados por los legisladores.
Uno de los casos se trata de un punto de acuerdo aprobado para solicitar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), órgano federal dependiente de la PGR, que resuelva "de forma inmediata" las denuncias presentadas por el PRI y la Fundación Colosio en contra del candidato de la coalición "Alianza Ciudadana por Coahuila", Guillermo Anaya, por presunto fraude para la compra de votos con 70 millones de pesos.
"Se trata de una estrategia de compra de votos (...) a través de un sindicato fantasma y cuentas bancarias apócrifas. En este proceso electoral han llevado su desacato por la ley a niveles sin precedentes", dijo la diputada Leticia Castaño, del PRI.
Por su parte, el diputado del PAN Jesús de León Tello pidió al PRI presentar la denuncia penal, pues aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha abierto ninguna investigación en contra del candidato Guillermo Anaya.
El mismo De León solicitó al pleno del Congreso del Estado hacer comparecer al procurador estatal Homero Ramos para que aclare la indagación que llevó a la "exoneración" del exgobernador Humberto Moreira, pero la petición fue rechazada por la mayoría priista del Poder Legislativo.
"Realmente es inválida (la exoneración) porque hay delitos de carácter federal. No quiere decir que sea una exoneración, pues ésta la hace un juez, lo que hace la Procuraduría es dictar el no ejercicio de la acción penal", dijo el diputado panista.
Pero también este mismo legislador solicitó iniciar un procedimiento de responsabilidad contra el auditor del Estado, Armando Plata, así como exigir una explicación al procurador Ramos por el presunto desvío de recursos estatales para el pago a "empresas fantasma".
El PAN reveló que, según las últimas indagatorias realizadas, 500 millones de pesos fueron desviados a través de firmas inexistentes, pero la petición del procedimiento contra el auditor fue rechazada por el Congreso.
