Objetivo. Buscan no vulnerar los principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y la equidad en la contienda.
Desde el inicio del período de campañas en Coahuila, como parte del proceso electoral que se desarrolla para la elección de gobernador, alcaldes y diputados locales, se han establecidos limitaciones para la actividad gubernamental y de los servidores públicos.
Lo anterior con el fin de no vulnerar los principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral, estipulados en el artículo 134 de la Constitución Política de México, según dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en su reciente visita a Coahuila.
Precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un acuerdo, a través del cual exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales para que no interfieran en el proceso electoral e incurran con ello en algún delito.
Estableció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó una jurisprudencia que prohíbe que a partir del inicio de campaña se realicen entregas masivas de apoyos sociales. Aunque ello no impide la entrega de los apoyos.
"Lo que no puede desarrollarse bajo ninguna circunstancia, es la compra de votos y el condicionamiento de los programas sociales a partir de la entrega de los mismos. La violación a la imparcialidad en la contienda electoral al utilizar los bienes, fondos o servicios públicos que tienen los servidores públicos a su alcance para apoyar a beneficiar un partido político o candidato", dijo el fiscal electoral.
Y puntualizó que también está prohibido coaccionar a los subordinados para que desarrollen trabajos a favor de un determinado político o candidato.
