Caso. Solicitan la intervención de la Auditoría Superior del Estado que inicien de inmediato una investigación de la empresa Riviera Álamo. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Tras la renuncia de María Esther Monsiváis en la Secretaría de Infraestructura, diputados de Morena, Acción Nacional y Unidad Democrática exigen el cese de corrupción en Coahuila y castigo para los funcionarios involucrados en tráfico de influencias.
PAN EXIGE CASTIGO A SEFIR POR EMPRESAS FACHADA
La bancada panista pide que revise el trabajo de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas por no realizar su trabajo y detectar que la empresa Riviera Álamo ligada a María Esther Monsiváis fue favorecida con contratos millonarios.
El diputado Jesús de León dijo que pedirá a la Sefir que remita al Congreso "una explicación detallada sobre el trabajo que se supone realiza para verificar que los proveedores del estado cumplan con todos los requisitos de ley, y justifique por qué no pudo detectar ni sancionar o denunciar hasta la fecha a ninguna de las empresas "fachada" a las que el gobierno el estado ha pagado cientos de millones de pesos".
Esta petición se da tras la renuncia de María Esther Monsiváis a la Secretaría de Infraestructura al ser acusada de favorecer a la empresa Riviera Álamo con contratos millonarios.
El diputado del PAN, Jesús de León, pide la intervención de la Auditoría Superior del Estado que inicien de inmediato una investigación de la empresa Riviera Álamo, ligada al esposo y a un exempleado de María Esther Monsiváis.
Esta empresa está ligada al esposo y a un exempleado de la ahora exsecretaria María Esther Monsiváis.
Esta mañana Acción Nacional llevará el caso hasta Tribuna del Congreso del Estado. A través de un Punto de Acuerdo solicitarán que la Secretaría de Finanzas dé a conocer cuál es el estatus y registro como proveedor de esta empresa ligada a la ahora exfuncionaria del PRI, incluyendo el Acta Constitutiva, los comprobantes de las erogaciones que se han hecho a su favor.
UDC PIDE INVESTIGACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El Partido Unidad Democrática de Coahuila pide la intervención la Procuraduría General de la República para que investigue en torno al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el gobierno del Estado en las administraciones de los hermanos Moreira.
"Es conocer lo que pasa en sus gestiones", dijo el legislador Sergio Garza.
Para el diputado no es suficiente con la renuncia de María Esther Monsiváis y pide se castigue a quien ha usado al Gobierno de Coahuila para desviar recursos.
"La renuncia de la secretaria de Infraestructura del Gobierno de Coahuila, María Esther Monsiváis Guajardo no debe ser el final del tema, ella y otros funcionarios deben comparecer ante las autoridades correspondientes, rendir cuentas y aclarar a la sociedad coahuilense los hechos", aseveró.
Agregó: "De nada nos sirve que renuncie y argumente transparencia, cuando lo que requerimos es que enfrente a la sociedad las acusaciones que se les han venido dando. La carrera de la funcionaria pública está íntimamente ligada a temas de manejos de recursos dentro de las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira".
MORENA SE SUMA AL CESE DE CORRUPCIÓN EN COAHUILA
El empresario Armando Guadiana acompañado de la fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, pidieron poner fin a la corrupción en Coahuila.
Indicaron que Coahuila ha acaparado las planas de medios nacionales e internacionales por casos de corrupción.
"Estos casos han lanzado a Coahuila a la fama, el gobernador Rubén Moreira se empeña en defender a corruptos en vez de pedirles cuentas en defensa de los intereses de los coahuilenses", dijo el empresario.
Los diputados federales de Morena han presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que intervenga para que los bienes que han sido incautados a funcionarios públicos de las administraciones de Humberto y Rubén Moreira en los Estados Unidos, sean recuperados y devueltos al erario coahuilense.
También piden que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emprenda una auditoría fiscal a las empresas "fachada".
QUIEREN QUE RENUNCIE
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado exigirá al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, separarse del cargo para deslindar responsabilidades sobre las operaciones millonarias realizadas por su Administración a través de empresas fantasma.
Los legisladores federales demandarán la salida del mandatario priista ante la probable comisión de delitos por el desvío de recursos públicos.
"El Senado exhorta a Moreira para que solicite licencia y se separe de su cargo a fin de que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones que permitan deslindar su responsabilidad por los probables delitos cometidos en torno a las operaciones millonarias celebradas entre el Gobierno del estado de Coahuila y diversas empresas fantasma", se lee en el resolutivo.
IEC BLINDA ADQUISICIONES
Tras el escándalo mediático por beneficios a empresas "fachada" en el Gobierno de Coahuila, el Instituto Electoral Local informó que se las empresas proveedoras serán verificadas a detalle.
La consejera presidenta, Gabriela María de León Farias, indicó que se tiene planeado comprar alrededor de siete vehículos para el Instituto.
La consejera indicó que estas adquisiciones pasarán por procesos de selección en donde se verificará la procedencia, empresas, ubicación, y costos.
Cabe mencionar que la licitación aún no se emite.
'Separación interesante'
Empresarios señalan que la renuncia de María Esther Monsiváis es una separación interesante, pero que muestra la falta de profesionalización de las instituciones que deberían fiscalizar las operaciones. Por ello, dijeron que exigirán a las instancias correspondientes que informen, investiguen y procedan contra quienes resulten responsables.
Juan Antonio Sifuentes, presidente del CLIP dijo que esto muestra falta de vigilancia en el manejo de los recursos públicos, por lo que pedirán cuentas a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas , Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado.
Destacó que lo evidente para todos es que la falta de profesionalización de las instituciones que deberían fiscalizar esto y que deberán responder ante las denuncias de empresas "fachada", a quienes se les paga con recursos estatales.
Alcalde pide eliminar reserva de deuda e indagar a funcionarios
El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, resaltó que es necesario eliminar la reserva de la Deuda Pública, esto con el fin de indagar a fondo a los funcionarios que estuvieron involucrados.
Luego de que la secretaria de infraestructura, María Esther Monsiváis, renunciara a su cargo, el alcalde saltillense pidió investigar su caso. "Yo creo que lo que se debe de hacer es investigar a fondo como se ha indagado muchas cosas. Creo como siempre se ha mencionado habría que también, para que se pueda investigar todo esto, dejar mantener reservado todo lo que es la deuda", dijo.
Manifestó que en específico de la ahora exfuncionaria, se deben de agotar los procedimientos necesarios.
'Fue por presiones'
Más que voluntaria, la renuncia de María Esther Monsiváis como secretaria de Infraestructura de Coahuila, fue por presiones internas del Gobierno del Estado tras el escándalo en el que se viera "envuelta" por el presunto tráfico de influencias para la entrega de recursos millonarios a una empresa "fachada", dijo Patricia Vargas de la asociación Participación Ciudadana 29.
"El gobierno de (Rubén) Moreira tiene que tomar alguna acción fuerte para que los ciudadanos veamos que se está tratando de arreglar las cosas, entre ellas retirar de su cargo a la señora, no creo que haya renunciado", dijo.
Y es que asegura Patricia Vargas que el tema de las "empresas fachada" ha tomado dimensiones impresionantes, "ya es un problema ahorita que está en los ojos a nivel nacional, en donde ha surgido un sinnúmero de empresas 'fachada', un montón de recursos que se han desviado por medio de esas empresas".
Es por ello que considera necesario que el Estado realice una investigación exhaustiva sobre el escándalo aunque reconoce que no sería posible, "porque a todas luces el gobierno está involucrado en esas acciones", dijo Vargas, presidenta de PC29.
