El futuro de la elección en Coahuila está ahora en manos del tribunal electoral local. De éste dependerá ahora la decisión de anular el proceso o ratificar el resultado que dio el triunfo al priista Miguel Riquelme.
Esta es la primera etapa de una batalla que puede llegar a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si el frente opositor que encabeza Guillermo Anaya, excandidato del PAN a la gubernatura, impugna el fallo de los magistrados electorales del estado.
Aunque la impugnación está en marcha, sobre la posibilidad de que el tribunal local anule la elección hay opiniones divididas. Para César Astudillo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, la moneda está en el aire, en tanto no se conozcan los argumentos y se presenten las evidencias. José Antonio Hernández Company, profesor de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), considera que hay pocas posibilidades de anular el proceso. Pero Álvaro Arreola, especialista en legislación y sistema electoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, asegura que los magistrados tienen todos los elementos jurídicos y legales a la mano para anular la elección.
'Sí hay fundamento legal para anulación'
Arreola explica que el artículo 8 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila anota la "capacidad enorme" que tiene el tribunal local para anular la elección.
"No puede rehuir a esta responsabilidad porque sí hay fundamento legal para que el tribunal proceda", afirma.
En ese artículo se lee que: "Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral podrá requerir el auxilio judicial de cualquiera de los órganos jurisdiccionales del estado, el de los auxiliares de la administración de justicia, así como el de las autoridades, estatales y municipales, quienes estarán obligadas a prestarlo de inmediato en los términos que les sea requerido. En los casos que lo amerite, también podrá solicitar el auxilio de las autoridades federales".
Al respecto, el investigador y especialista destaca que este artículo de la ley otorga al tribunal la atribución completa para poder auxiliarse o servirse de lo que necesite para cumplir su objetivo.
"Si el objetivo es anular la elección, el tribunal electoral de Coahuila tiene todos los elementos necesarios para poder hacerlo, sobre todo si los recursos, las impugnaciones, están debidamente argumentados", dice.
Arreola incluso advierte que el tribunal electoral de Coahuila no puede invocar, por ejemplo, que el recurso no está bien presentado, porque el artículo 11 de la legislación local, producto de una reforma de 2016, lo autoriza de oficio a proporcionar todas las medidas conducentes.
En ese artículo se anota que: "Presentado un medio de impugnación, el Tribunal Electoral tomará de oficio las medidas que estime conducentes para su debida sustanciación y adelantará su trámite con la mayor celeridad posible".
De modo que "sustanciar un recurso que puede estar mal presentado y darle trámite permite al tribunal electoral construirse como un verdadero garante de la justicia electoral", destaca el investigador.
Por lo tanto, destaca, el tribunal local "no puede invocar que esté mal presentado, no puede invocar que no tiene las herramientas legales para poder consultar a las diferentes autoridades y averiguar o investigar sobre el proceso electoral. Eso hay que recordarles".
Para el especialista, no hay vuelta de hoja para el siguiente capítulo de la elección en Coahuila. Lo que sigue, dice, es que la sociedad coahuilense siga presionando para lograr la anulación de las elecciones. "No hay mejor manera de probar que la paz pública y la vía electoral son la mejor solución".
Advierte, además, que "si no se anula la elección, lo único que vamos a tener es que el camino hacia 2018 será caótico".
Sustentar con pruebas contundentes
Pero anular una elección no es cosa fácil. Para ello "deben confluir una serie de elementos que prueben que el proceso fue afectado de manera sustancial en toda su organización y que eso trascendió en el resultado definitivo", advierte César Astudillo, del IIJ de la UNAM.
"Hay que probar, por ejemplo, que hubo una injerencia indebida, que se metieron a las elecciones quienes no debían meterse, o que hubo un trato preferencial a un candidato respecto de otro en medios de comunicación".
En el caso de Coahuila advierte que hay dos planos de disputa: uno político y otro jurídico, que no necesariamente coinciden.
En lo político, dice, la oposición no reconoce el resultado electoral, pone en duda la credibilidad de la institución electoral y de la organización de la elección, argumenta que hubo injerencias indebidas de la autoridad estatal, excesos de gastos de campaña y uso de la fuerza pública para la coacción y compra del voto.
"Pero lo que interesa a los tribunales electorales es que la parte inconforme pueda probar cada una de estas afirmaciones", dice. "Debe demostrar fehacientemente, con documentación, con el conjunto de pruebas que admiten los tribunales electorales, lo que está afirmando".
Astudillo advierte que, por ahora, es difícil prever el fallo del tribunal local. En todo caso, dice, este es el primer tramo del proceso en tribunales. Posteriormente, si alguna de las partes queda inconforme con el fallo que emita el tribunal electoral local, puede recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
"Como es una elección de gobernador, la competencia para revisar esto, más allá del ámbito de Coahuila, es directamente la Sala Superior del TEPJF, que podrá revisar lo que hizo el tribunal, lo que resolvió, o entra en estudio de algún tema que no fue impugnado ante el tribunal del estado".
Astudillo asegura que de la elección en Coahuila queda clara una cosa: "Tenemos un sistema electoral profundamente abigarrado, complejo y difícil de entender. Un sistema de votos harto complicado".
'La estrategia del chantaje'
Para José Antonio Hernández Company, del Tec de Monterrey, hay pocas probabilidades de que el frente opositor en Coahuila logre la anulación de la elección.
"Aunque el PAN haga berrinche, es muy difícil que se modifique el resultado", dice.
"Legalmente será muy difícil demostrar un posible fraude". No obstante, admite que "tal vez políticamente puedan ejercer presión sobre el árbitro electoral local".
Además, prevé que "el PRI no se va a dejar". Sobre todo de cara a las elecciones federales de 2018. "Es fundamental para los partidos tener gobiernos para controlar los programas sociales mediante los cuales pueden manipular el voto", explica.
Especialista en regímenes políticos y elecciones, Hernández Company advierte que a pesar de las suspicacias de los partidos, el sistema electoral "es bastante limpio y eficaz".
Si hay problemas, éstos se deben en general a errores humanos en el conteo, ya sea por fallo matemáticos o por la complejidad que implica sumar votos de coaliciones, afirma.
Para Hernández Company, el principal problema del sistema electoral son las campañas, cuando ocurre la manipulación y compra de voto, ya sea a cambio de algún beneficio o mediante el uso de programas sociales.
Pero estas prácticas, no pueden atribuirse a un solo partido ni son fáciles de demostrar, afirma. "Generalmente, no se documentan lo suficiente", afirma.
El especialista advierte además que los partidos "están acostumbrados a presionar" y que para ellos "el sistema siempre estará sesgado".
Hernández Company recuerda que en los 90, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hubo las llamadas "concertacesiones", a través de las cuales se negociaron gubernaturas como la Guanajuato, mediante la presión del PAN.
El propósito parece el mismo, dice el especialista: "presionar, argumentar fraude y negociar la gubernatura a cambio de votos en el Congreso, por ejemplo", dice.
Asegura que en democracias más consolidadas no se ven estas pugnas por reformar una y otra vez las instituciones y las leyes siempre después de las elecciones, y lo atribuye a "la desconfianza del pasado que aún prevalece".
A fin de cuentas, afirma, los partidos son "un oligopolio que cambia las reglas como le conviene".
Lo suyo, dice, es "la estrategia del chantaje".
Elecciones anuladas
El 22 de octubre de 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de gobernador en Colima. Con ésta, sumaban tres los comicios declarados inválidos debido a irregularidades en el proceso.
*Colima (2015): El entonces candidato del PAN Jorge Luis Preciado impugnó el triunfo del priista José Ignacio Peralta en la elección del 7 de junio de 2015, al considerar que el gobernador Mario Anguiano operó con recursos públicos para favorecer la campaña del abanderado tricolor. El pleno del TEPJF consideró que en esa entidad el Ejecutivo infringió el artículo 59 de la Constitución local y el 134 de la Constitución mexicana. Por lo tanto, revocó los resultados y ordenó la reposición de los comicios, organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
*Colima (2003): El TEPJF anuló la elección de gobernador y revocó el triunfo del priista Gustavo Vázquez Montes. Por mayoría, en sesión ordinaria, la Sala Superior del Tribunal llegó a la conclusión de que el entonces gobernador Fernando Moreno violó la ley al intervenir en el proceso en favor del PRI.
*Tabasco (2000): El 29 de diciembre el TEPJF anuló las elecciones para gobernador celebradas el 15 de octubre, y dejó sin efecto el triunfo del priista Manuel Andrade, al considerar que el gobierno estatal intervino para favorecerlo. El Congreso tuvo que nombrar como gobernador interino a Enrique Priego Oropeza. Pero en 2001 Andrade ganó la elección extraordinaria y asumió el cargo en 2002.
Camino. La impugnación contra el triunfo de PRI en Coahuila podría llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (ARCHIVO)
