El presidente del Partido Acción Nacional en Coahuila (PAN), Carlos Orta reprobó el hecho de que el estado continúe protegiendo a aquellos que están señalados por la Procuraduría General de la República (PGR), como prófugos de la justicia, ya que entre ellos se encuentra señalado el exdirector del Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa (Fincoah), Juan Manuel Froto García, quien actualmente se encuentra trabajando aún para el Estado.

"Me llama la atención que se maneje como prófugo desde hace varios días y que aún esté trabajando, se supone que son exfuncionarios que trabajaron en la administración anterior y están implicados en el gran desfalco, lo que nos deja claro que la Fiscalía General del Estado es cómplice y tapadera de gente que ha estado delinquiendo, porque es la autoridad local la que tiene conocimiento de lo que está pasando", destacó.

Según recordó Carlos Orta, en el mes de noviembre del año pasado, el fiscal todavía aseguraba que tenían localizado al extitular del Satec Javier Villarreal y que en cualquier momento lo podían llamar a la justicia, sin embargo ahora desconocen su paradero.

"Son cosas que los ciudadanos ya no nos creemos; no podemos seguir siendo engañados y viviendo bajo simulaciones del gobierno del estado, y esto es una prueba más de que el gobierno está encubriendo a través de la Fiscalía a muchos de los que están siendo llamados por la PGR, cuando se supone que están prófugos, pero que el propio gobierno los tienen trabajando como en este caso. El que tiene la mayor responsabilidad no es el empleado que está trabajando ahí y a quien su nombre ha sido publicado en todos los medios, sino el Gobierno del Estado, ya que está violando totalmente el proceso de investigación por estar encubriéndolos", dijo.

Por lo que corresponde a las denuncias que han presentado ante la PGR, informó que van en entre ocho y 10, pero que aún faltarían responsabilidades que van desde el auditor superior Armando Plata, quien asegura Orta es un cómplice y de los propios diputados de la Quincuagésima Legislatura.

"Hay muchos responsables de legitimar algo que fue contratado a través de fraudes y simulación de actos jurídicos, entre ellos todos los que tengan que ver con el "Moreirazo", ya que actualmente todos están protegidos y son escondidos por el propio gobierno que resguarda a los delincuentes", subrayó.

Además exigió que en cuanto al caso que se sigue de Javier Villarreal, extitular de Satec, dijo que es necesario que se informe sobre su procedimiento jurídico y que el gobierno dé cuentas de cómo va marchando. "Hay cosas que se puedan reservar, siempre y cuando estén bajo una investigación donde haya peligro de por medio, pero en este caso no nos podemos pasar años esperando mientras se están maquillando todas las cifras, ya que los ciudadanos los cuestionamos tanto y jamás sabemos nada, es injusto y el Gobierno Estatal no está haciendo su trabajo. Entre más opacidad se dé a éste, más se está nadando en un mar de impunidad", aseguró.

Según indicaron, se está trabajando con alrededor de 18 mil vehículos, los cuales el hecho de que estén afiliados a la organización no significa que dejen de ser ilegales.

"Hay una atención por parte de las autoridades, ya que observan una organización y nosotros estamos demostrando que estamos haciendo lo posible para que se haga un decreto de regularización", indicó Armando Grimaldo, secretario de la unidad.

Asimismo, comentó que las gestiones se estarán presentando ante el gobierno federal para que se realice el decreto bajo las normas correspondientes.

"Actualmente en Coahuila consideramos un aproximado de casi 30 mil vehículos que están afiliados a otras organizaciones y en el país más de un millón circulando, por lo que la gente que se acerque con nosotros sabe que vamos a trabajar en esto y que se busca al gobierno federal para que se haga conforme a lo que esté permitido establecer", aclaró.

Por otra parte, indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento de que el gobierno estatal o el federal haya retirado algún vehiculo por este motivo, sin embargo manifestó que es debido a acciones ilegales cuando se retiran los coches pues resulta que no tienían los papeles en regla.

El director general de los Conalep en Coahuila, Julián Montoya de La Fuente, informó que se ha establecido un convenio con la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), con la finalidad de vincularse con cada uno de los planteles para poder instalar a los jóvenes egresados y practicantes dentro de una bolsa laboral.

"Se busca que los estudiantes de la institución educativa realicen sus prácticas en las empresas y que establezcan mejores relaciones con los empresarios y de esta forma conozcan como se manejan las empresas desde que recién egresan".

Cabe destacar que esto se llevará a cabo en el próximo semestre escolar febrerojulio 2011-2012, ya que actualmente la institución tiene una ocupación de egresados de un 20 por ciento en las compañías, donde el resto decide continuar sus estudios en las escuelas de nivel superior y otros al autoempleo, por lo que afirma será de gran ayuda comenzar el semestre con el programa de vinculación.

"El 25 por ciento de todos los automóviles de México se produce en la región Sureste, por lo que se necesita empresarios dentro de las instituciones a fin de que participen en los consejos para que orienten a los profesionistas y ellos tengan un conocimiento de aproximación a lo que es el campo laboral", expresó.

Asimismo, mencionó que se tiene una bolsa de trabajo para aquellas personas que en su momento no encuentren acomodo, para después buscar que estos jóvenes se desempeñen en las industrias y empresas del estado.

"Afortunadamente el gobierno del estado está trayendo compañías a fin de dar trabajo a los estudiantes del Conalep, donde se tienen cerca de siete mil alumnos en los planteles de la entidad, además estaremos trabajando en mejorar el porcentual de la prueba Enlace, en donde se han tenido avances, aunque no son los que se quisiéramos y por eso se debe de avanzar en esta tarea", dijo.

Informó que los estudiantes del Conalep participarán en el servicio social en el Instituto de Educación para los Adultos, a fin de contribuir en la disminución en el problema del rezago educativo.

Por su parte, María Fraustro Siller, secretaria de Educación en Coahuila, reconoció que esta es una de las mejores instituciones educativas, por lo que ahora tres planteles se incorporarán al sistema nacional del bachillerato en lo que es la educación media ; uno más en Saltillo, en Acuña y otro en Torreón.

Además destacó la importancia de que los padres de familia estén más cercanos a las instituciones educativas a fin de que se involucren con sus hijos y evitar que sean víctimas del crimen organizado.

"Los alumnos deben de realizar una comunidad académica muy sólida que permita defenderse de cualquier problemática, pero sobre todo que se les dé una buena orientación, el nuevo gobierno en Coahuila tiene la firme convicción de que se formen jóvenes sanos, responsables y comprometidos con la sociedad de la que formar parte, pues esto garantiza ciudadanos alejados de la delincuencia", dijo.

Diputados panistas piden a través del Congreso local que se dé a conocer los padrones de los programas sociales que se implementaron en la pasada administración.

El líder estatal del PAN, Carlos Orta, lamentó que el Gobierno del Estado no haya publicado los padrones de los programas sociales que se implementaron de 2007 a 2011.

Durante la administración pasada, diputados locales como Carlos Orta y Esther Quintana pidieron los padrones de la Tarjeta de la Gente; el PAI o Programa de Apoyo Inmediato; el Seguro Escolar; De la Mano con tu Apuro, Los Zapatos de la Gente y los Uniformes de la Gente.

Sin embargo, la información que solicitaron no fue atendida, posteriormente el representante de la FUNDEC, Jorge Verástegui dio a conocer que la Secretaría de Finanzas también se negó a proporcionar el padrón de los beneficiarios de los programas sociales de la administración de Humberto Moreira y Jorge Torres López.

En entrevista para El Siglo de Torreón, la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Martha Laura Carranza Aguayo, declaró que el padrón se dará a conocer cuando se presenten los nuevos programas sociales.

La titular de la Sedesol, comentó que las listas estarán disponibles para todos los coahuilenses, que se espera sea en el mes de marzo.

Por su parte, los legisladores de la bancada panista Edmundo Gómez y Fernando Simón Gutiérrez presentaron un punto de acuerdo ante el Congreso local, para exigir al Gobierno Estatal entregue las los padrones que se utilizaron en la pasada administración.

"Como que algunos olvidaron que los programas del Desarrollo Social se hacen con dinero de los contribuyentes, no con dinero del bolsillo particular de los gobernantes", dijo Edmundo Gómez.

Por lo que pidió que se proporcionen los padrones de todos los programas sociales que fueron implementados por el Gobierno del Estado, en el período de enero de 2007 a diciembre de 2011, así como el monto total de dinero ejercido o aplicado a cada uno de los programas, el desglose del origen de los recursos especificando cuánto aportó la Federación y cuánto el Estado.

Asimismo Edmundo Gómez dijo que la Ley General de Desarrollo Social establece que se debe de publicar toda la información referente a los programas que son puestos en marcha por el Gobierno Estatal.

"En la administración de Humberto Moreira, y de Jorge Torres, se negaron a publicar los padrones de los beneficiarios de los programas sociales que implementó el Poder Ejecutivo local. Por lo que los coahuilenses nunca pudimos conocer información que por ley debe ser pública", aseveró.

El diputado panista, Edmundo Gómez, declaró que uno de los objetivos de su trabajo legislativo será buscar la protección económica de los familiares de las personas desaparecidas en el Estado.

"Hay que dotar al Estado de Coahuila de un marco jurídico que permita prevenir y combatir de forma adecuada la desaparición forzada o involuntaria de personas y brindar a las familias de las víctimas todo el apoyo posible" dijo el diputado panista.

El propósito es reformar leyes estatales o llegar acuerdos para que los familiares de las personas desaparecidas no pierdan los ingresos financieros y las prestaciones laborales que los beneficiaban, como el servicio médico, y el Infonavit o Fovissste.

Edmundo Gómez declaró que los más perjudicados cuando hay una desaparición, son los familiares cercanos que dependían económicamente de él, por ello buscará que el Congreso brinde ayuda para que no se les quite el derecho al seguro social, al menos por un periodo de tres años.

Además del derecho a las prestaciones otorgadas por el ISSSTE, y gozar de una prórroga de 36 meses para los pagos que se deben de realizar al INFONAVIT, y en caso que la persona sea trabajador del estado se le otorgue una licencia por un periodo de hasta tres años.

"Es importante que se regule la situación de las familias de los desaparecidos porque la angustia por la que pasan se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la falta de la persona ya que el desaparecido solía ser el principal sostén económico de la familia", puntualizó Edmundo Gómez.

El diputado local del PAN explicó que la FUNDEC tiene adheridas alrededor de mil 600 familias, por lo cual considera importante que se garantice el derecho a la protección para que tengan un nivel de vida adecuado, donde se dé el derecho a la salud y a la educación.

"Sabemos que falta mucho por hacer, son muchas las reformas que tenemos que realizar, para dotar al estado de Coahuila de un marco jurídico que permita brindar a las familias de las víctimas todo el apoyo posible", dijo Edmundo Gómez.

Asimismo, explicó que es necesario reformar las leyes federales que se refieren a la materia laboral, penal y las que regulan el desarrollo social del país, para establecer un marco que establezca apoyos jurídicos, económicos y laborales a las familias de las víctimas.

Asimismo, aseguraron que de llegar a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota será una presidenta que gobernará al país con mano dura y cero tolerancia contra la delincuencia.

Por su parte, el diputado federal Jesús Ramírez, considera que el voto de las mujeres coahuilenses "se volcará" hacia Josefina Vázquez Mota, "ya que es una persona que trabaja a favor de las minorías".

Además comentó que la candidata tiene el apoyo de los panistas coahuilenses, quienes trabajarán por ganarse el voto de la ciudadanía a su favor.

Tomasa Vives señaló que Vázquez Mota actuará acorde a las necesidades del país y "luchará por disminuir la inseguridad".

En cuanto a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, dijeron que son candidatos fuertes pero confían en que realicen una campaña sin agresiones personales.

En relación a la política de seguridad, Jesús Ramírez, dijo que el PAN tendrá cero tolerancia para quien infrinja la ley.

El secretario de la Unión Democrática de Coahuila (UDC), Armando García Grimaldo señaló que en coordinación con otras asociaciones como lo son Transparencia México y la Cruz Roja, vigilarán que los recursos que el Gobierno Federal anunció lleguen a los más afectados por la sequía, con el fin de evitar que éstos se politicen, entre los cuales figuran miles de despensas y cobertores que ya fueron destinados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Según indico Armando García Grimaldo, Coahuila es uno de los cinco estados más perjudicados de las 19 entidades federativas afectadas, por lo que Sedesol entregó un total de 331 mil despensas en cinco estados, entre ellos Coahuila, por lo que aseguró que se revisará en conjunto con otras organizaciones si están fluyendo los apoyos y que éstos no sean condicionados.

"El gobierno federal anunció que se darán 34 mil millones a nivel nacional para amortiguar los efectos que ha dejado la sequía, sin embargo no han dicho si son recursos extraordinarios", dijo.

Por otra parte, por lo que corresponde a la participación que tuvieron en el movimiento de la Caravana del Hambre en Chihuahua, el pasado 15 de enero, señaló que se lograron varios objetivos, uno de los principales fue que el gobierno federal declarara emergencia nacional el problema de las sequías en México.

"La petición principal era que el gobierno federal declarara emergencia nacional el problema de la sequía, afortunadamente logramos nuestro objetivo".

Por otra parte, una de las acciones que se acordaron fue en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para poder facilitar energía eléctrica a aquellos ejidos que no cuentan con este servicio.

"El 55 por ciento de las hectáreas que son de producción temporal no van a producir este ciclo y la opción que se tiene es que se pongan a producir y que se riegue mediante bombeo con energía eléctrica".

Luego de un acuerdo a nivel federal, se informó que la Secretaría de Hacienda cuenta con 3 mil 800 millones de pesos para liquidar el adeudo que tienen con los ex braceros mexicanos que laboraron entre 1940 y 1960 en los cultivos agrícolas del vecino país, por lo que se liquidarán sus ahorros antes del 15 de junio.

Se prevé que se vean beneficiados alrededor de 108 mil ex braceros en todo México, sin embargo muchos de ellos ya fallecieron, por lo que serán los familiares quienes cobren el ahorro.

El secretario de la Unión Democrática de Coahuila (UDC), Armando Grimaldo, declaró que los ex braceros se acercarán a la Secretaría de Hacienda para solicitar el pago antes del 15 de junio.

El temor que existe entre los líderes de los campesinos y representantes legales es que los beneficiarios sean víctimas de extorsión durante el trámite.

"Existen muchos timadores que les solicitan dinero a cambio de hacer los trámites, sin embargo sólo dan largas al proceso y les extravían papelería importante", explicó el representante de la UDC.

Se espera que los pagos sean repartidos a partir de marzo y se liquiden antes del 15 de junio.

El monto que corresponde a cada ex trabajador es de 38 mil pesos.

El recurso económico estaba guardado desde 1964 ya que la bolsa de ahorro se hizo desde 1942 y permaneció en resguardo hasta la fecha, y uno de los problemas que tienen es que han fallecido alrededor de 35 mil personas y sus familiares no han acudido a solicitar el dinero por lo que se teme que los recursos no lleguen a su destino.

Ante esta situación el representante de la UDC solicitó una tercera etapa para formar un padrón donde se registren los familiares de los ex braceros fallecidos, pero esta propuesta no ha sido aprobada.

Los cinco ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) que contrataron un crédito por mil millones de pesos con el Banco del Bajío, a nombre del Estado y con documentación apócrifa, recibieron el dinero pero lo tuvieron que devolver a la institución bancaria luego de que fueron descubiertos.

Los hoy prófugos de la justicia Miguel Ramón Rodríguez Flores, ex tesorero de Coahuila; Héctor Javier Villarreal, ex secretario ejecutivo del SATEC; Sergio Ricardo Fuente, ex administrador de políticas públicas del SATEC; Juan Manuel Froto, ex director del Fondo de Garantías para el Impulso de la microempresa, y Enrique Ledezma, ex subadministrador de Políticas Públicas del SATEC, solicitaron y obtuvieron del Banco del Bajío un crédito por mil millones a favor del gobierno estatal; sin embargo, los funcionarios de la institución bancaria descubrieron que los fondos fueron entregados con base en una documentación falsa, por lo que obligaron a los funcionarios a liquidarlo "anticipadamente".

Según averiguaciones previas, Rodríguez Flores entregó información falsa y esta conducta "engañosa" fue avalada por los otros cuatro implicados, quienes, con ayuda de los ex servidores de Hacienda Jaime René Jiménez y Jorge López realizaron el engaño.

Este viernes se dictó auto de formal prisión en contra de López y Jiménez.

Un juzgado federal con sede en el Reclusorio Norte dictó auto de firmal prisión a dos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acusados de estar involucrados en la contratación presuntamente fraudulenta de mil millones de pesos para deuda del Gobierno de Coahuila.

El Juzgado Décimo Sexto de Distrito determinó ayer iniciar un juicio a Jaime René Jiménez Flores, exdirector de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la SHCP, y Jorge López Alarcón, exjefe de departamento de la misma área, por el delito de violar el artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa. El apartado sanciona a quienes, para obtener un crédito, proporcionan datos falsos a una institución financiera sobre el monto de los activos de una entidad y con ello causen un quebranto patrimonial a quien proporciona el empréstito. Al responsable de este delito se le castiga con 8 a 15 años de prisión y una multa que va de 15.5 a 21.8 millones de pesos.

La acusación específica contra los exfuncionarios es que dieron de alta en la Secretaría de Hacienda un crédito de mil millones de pesos de Banco del Bajío, contratado el 16 de diciembre de 2010, con un folio que corresponde a una cancelación de crédito del Municipio de Jiutepec, Morelos.

La modalidad del delito que les imputan es considerado grave por las normas secundarias, motivo por el cual los dos implicados permanecerán presos en el Reclusorio Norte mientras se lleva a cabo el juicio. Algunos juzgadores a últimas fechas han concedido la libertad provisional bajo caución a personas acusadas por estos delitos, con base en el catálogo de ilícitos de gravedad, que fueron establecidos en el Artículo 19 en una reforma del año pasado.

Entre los aspectos que se destacaron en el informe, se encuentran créditos bancarios que fueron contratados a largo plazo sin la autorización del Congreso Local y que ascienden a 18 mil millones de pesos.

El vocero de Seguridad Sergio Sisbeles, señaló que la Fiscalía General del Estado, sólo se encargaría de estar al pendiente en caso de que solicite apoyo el Municipio de Parras, donde 48 policías renunciaron, pero, no por negarse a realizarse las pruebas de control y confianza como sucedió en Progreso, si no al contrario, debido al incumplimiento de los acuerdos de garantías laborales por el propio alcalde Evaristo Madero.

Según informó Sisbeles, la problemática que se dio en la comunidad de Parras, en nada tiene que ver con los acuerdos que se firmaron con el estado, donde se comprometieron a apoyar a los elementos dedicados a cuidar la seguridad con equipo, uniformes y buenos salarios para que mejoraran la calidad de su trabajo, ya que aseveró que la falta de recursos a la que los elementos se refieren, es una problemática del municipio con sus trabajadores, en este caso del alcalde con sus policías, donde el municipio no está facilitando los recursos que sí tiene el municipio.

El pasado martes 48 oficiales en Parras dejaron sus cargos debido a que el alcalde, quien les prometió aumento de sueldo, no ha cumplido los acuerdos; quienes señalaron además, la falta de recursos para la compra de gasolina, sin embargo la quincena pasada se les rebajó parte de su sueldo lo que provocó la inconformidad y renuncia de incluso el director de la corporación Antonio Joaquín Zavala.

"Se trata de un problema de los acuerdos entre alcalde y su policía, sí hay suficientes recursos y se tiene la asignación de la partida que tienen normalmente. La Fiscalía estará al pendiente de la decisión que se tome dentro de la autonomía que tiene el municipio y si los elementos de esa corporación toman la decisión de renunciar a su cargo, entraría el estado para apoyar como sucedió en el municipio de Progreso, donde renunciaron, por otro motivo, por lo que sólo esperamos a que el alcalde fundamente los motivos para que el estado se haga cargo de la seguridad del municipio", destacó.

El precandidato a senador Luis Fernando Salazar lamentó que su compañera panista Tomy Vives haya interpuesto una demanda en su contra por desvíos de recursos públicos, y se declaró inocente de las acusaciones.

"Tomy Vives se está dejando llevar por otros intereses, quizás porque sabe que encabezo las preferencias electorales, pero hay que recordar que el verdadero enemigo que tenemos son los Moreira y los actos ilícitos que han cometido", aseveró Luis Fernando Salazar. En este mismo tenor el líder estatal del PAN, Carlos Orta Canales, indicó que acatarán las sanciones que dictamine tanto la Procuraduría General de la República como la FEPADE.

Luis Fernando Salazar señaló que estas acciones demuestran que en el PAN no hay una línea a seguir y sus militantes son libres de expresar sus inconformidades.

"Esta es una denuncia mediática y compañeros panistas se han dejado llevar por sus emociones porque están inmersos en una contienda, pero tenemos que llamar a la unidad y no caer en provocaciones", manifestó Luis Fernando Salazar.

Además el precandidato comentó que no caerá en un juego de descalificaciones entre miembros de su partido, al indicar que su principal objetivo es esclarecer el fraude financiero que se cometió en el estado. "Para agredir al PAN no cuenten con migo, tengo claro que el adversario es el PRI y tengo la consciencia tranquila", aseveró.

Asimismo reiteró que las acusaciones en su contra son falsas e indicó que no realizará ninguna acción legal ya que está seguro que la demanda no procederá porque las pruebas no lo señalan como culpable.

Fernando Salazar declaró que caerá en el juego del PRI y lanzó un exhorto a sus compañeros para unirse ante la adversidad.

"Yo respeto mucho a Tomy Vives porque es una dama y le pido que no caiga en el juego del PRI", puntualizó el pre candidato a senador del PAN.

La firma Fitch Ratings anunció ayer que bajó de BBB- a BB+ la calificación crediticia del Estado, lo que significa que perdió el "grado de inversión" y se ubicó en un grado de "especulación", que significa una incertidumbre sobre su capacidad para cumplir obligaciones financieras.

La nota de BB+ es similar a la que Fitch otorgó recientemente a los gobiernos de Portugal y Hungría, dos de las economías más vulnerables de Europa.

Según Fitch, la baja en la calificación se debe a que el Estado tiene "limitada flexibilidad para cumplir en forma oportuna y total con sus altos compromisos financieros, derivados del muy alto nivel de endeudamiento".

En medio año, Coahuila pasó de tener una de las más altas calificaciones crediticias del país (AA) a ser considerada una entidad vulnerable. En agosto pasado, Fitch degradó la calificación a BBB-, el grado más bajo de inversión, cuando se reveló que el monto de la deuda estatal ascendía a más de 33 mil millones de pesos.

Si bien Fitch señala que la reestructuración de los créditos fue favorable para el Estado, el pago ejerce una "fuerte presión" sobre sus finanzas y falta información sobre la situación financiera de Coahuila. El secretario de Finanzas, Jesús Ochoa, dijo que la baja de calificación no afecta las condiciones de la reestructuración hecha con los bancos el año pasado. Ochoa admitió que esta calificación sí afectaría la intención se solicitar un nuevo crédito, pero afirmó que el gobierno estatal no pretende un nuevo endeudamiento. La calificación de BB+ es llamada "especulativa" o "grado de no inversión"; pero se le conoce coloquialmente como "chatarra", debido a que la capacidad del sujeto de crédito es vulnerable a condiciones económicas adversas.

Ochoa admitió que una de las causas por la baja de nota fue la falta de información sobre las finanzas estatales en 2010 y 2011, pero aseguró que el gobierno del Estado ha dado a Fitch los datos necesarios y que en dos meses se revisará de nuevo la calificación. Según el funcionario, Fitch no tomó en cuenta dos créditos que estaban pendientes de reestructuración, que suman unos mil 600 millones de pesos. Dijo que uno de los créditos, con Banco del Bajío, ya fue renegociado y se sigue este proceso con otro de Banorte.

Cinco exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno de Coahuila que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por presentar documentación falsa para contratar deuda se encuentran prófugos de la justicia por lo que la dependencia emitió una alerta migratoria y ficha roja para ubicar a esas personas.

Lo anterior lo informó el subprocurador especializado en Delitos Federales, Irving Barrios, quien al dar a conocer los avances en la investigación por endeudamiento de la administración de Humberto Moreira, señaló que dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda ya fueron consignados al Reclusorio Norte por también tener responsabilidad en el caso.

El subprocurador señaló que hasta el momento el Ministerio Público Federal ha logrado comprobar endeudamiento por más de mil millones de pesos contratados con documentos apócrifos con el Banco del Bajío.

Explicó que el pasado 3 de febrero se libró orden de aprehensión en contra de Jaime René Jiménez Flores, exdirector de deuda pública con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y contra Jorge López Alarcón, exjefe de unidad de esa dependencia.

Los exfuncionarios prófugos de la justicia son Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Coahuila; Miguel Ramón Rodríguez Flores, extitular de la Tesorería del estado de Coahuila; Sergio Ricardo Fuentes Flores, exadministrador general de políticas públicas del SAT estatal; Juan Manuel Froto García, exdirector general del Fondo de Garantías para el Impulso de las Pymes en la entidad y Enrique Ledesma Sánchez, exsubadministrador de políticas públicas del SAT estatal.

Barrios Mújica aseguró que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó cuatro denuncias por créditos otorgados de manera irregular, por lo que la investigación continúa y sólo se está presentando un avance de la indagatoria "las investigaciones continúan para dar cumplimiento a la procuración de justicia", manifestó el subprocurador.

Legisladores panistas pidieron a la Secretaría de Desarrollo Social que dé los padrones de los programas sociales que entregó la administración pasada.

Pidieron a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas un informe sobre el avance de la investigación del presunto fraude cometido por empleados del Satec. Fernando Simón Gutiérrez pidió a la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social los padrones de los programas sociales que fueron aplicados en la administración pasada, así como el desglose de los recursos ejercidos del Gobierno Estatal y Federal de 2007 a 2011.

"El exgobernador Jorge Torres López nunca nos proporcionó esta información con lo cual violó la ley general de Desarrollo Social", indicó el diputado y añadió "se negaron de forma sistemática a publicar los padrones de los beneficiarios de los programas sociales que implementó el Poder Ejecutivo".

La petición del diputado del PAN fue turnada a comisiones en donde se analizará para ser votada. La bancada panista del Congreso Local pidió a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas Públicas un listado de los expedientes que recibieron en relación a los procesos de investigación en contra de los funcionarios estatales que participaron en la contratación de créditos de manera ilícita.

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A dos días que se lleve a cabo el debate entre precandidatos a senadores de la república, Tomy Vives presentó una denuncia en contra de Luis Fernando Salazar por uso indebido de recursos públicos. "No es justo que se utilicen los recursos de Sedesol para fortalecer su campaña, por eso presente la denuncia en la PGR para que se castigue o se destituya a quien se tenga que castigar", aseveró Tomy Vives.

La aspirante a la senaduría de la república comentó que simpatizantes del municipio de San Pedro se quejaron de la lideresa Leticia Hernández Montoya, a quien acusan de pedir dinero para la campaña de Luis Fernando Salazar.

"Cuando se repartían las becas de 500 pesos, se les pedía una ayuda de cien pesos para la campaña de Luis Fernando", manifestó Tomy Vives. Además la panista comentó que esta situación se repite en los municipios de Francisco I. Madero y Parras. Asimismo denunció que se utiliza material de Sedesol para repartirlas a nombre de Luis Fernando Salazar.

El precandidato acusado, Luís Fernando Salazar, no concedió entrevistas ni fijó una postura a través de su equipo de comunicación.

Por su parte Tomy Vives exhortó a su partido para que se castigue el uso de recursos públicos de manera indebida.

Jaime Guerra Pérez expuso la necesidad de llevar a cabo una planeación en las empresas esto con el objetivo de que con ello se den de baja las rotaciones de personal en este semestre, ya que en el próximo semestre se espera una movimiento de trabajadores igual al del año pasado, que es en donde el personal cambia de empresas continuamente.

Asimismo indicó que por ello se tendrá que tomar medidas preventivas a fin de no caer en el problema que se tuvo el año pasado, ya que varias empresas llegaron a niveles de veinte por ciento mensuales, que fue una suma bastante alta y perjudicial.

"En la actualidad se tiene una rotación del 4 a 4.5 por ciento, lo cual es manejable. Lo ideal es el 2 por ciento, pero los empresarios ya se acostumbraron a ello" explicó.

"Se revisará cuál es la relación que tienen con los trabajadores porque muchas veces se ha tratado de implementar el outsourcing para poder incumplir algunas obligaciones no solamente en materia fiscal, sino en lo laboral, es decir ver los derechos que tienen los trabajadores con estos supuestos patrones", explicó.

Informó que actualmente se encuentran cruzando información con el Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para focalizar adecuadamente las revisiones en el segundo semestre de este año. "También se implementará el programa de enfermedades de trabajo en las fuentes laborales, así como el operativo de la industria de la construcción, así como visitar tiendas de autoservicio", destacó.

Luego que el Gobierno del Estatal ha sido cuestionado por la deuda de más de 34 mil millones de pesos y el proceso penal en contra de exfuncionarios del estado por la contratación de créditos de manera ilícita, en el Congreso Local aprobó la nueva Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila que tiene la finalidad de lograr un progreso equilibrado y una integración de todo el territorio coahuilense tanto en lo individual como en lo colectivo.

"Factores como la violencia, el aumento de los precios, la disminución de la capacidad adquisitiva y el desempleo, repercuten directamente en el estado. Por ello, es imprescindible consolidar una visión y planeación armónica, con proyección y consideración de las distintas variables locales, nacionales e internacionales", se indicó durante la sesión del Congreso Local.

Durante la lectura de la nueva ley se explicó que es necesario contar con un instrumento que permita desplegar una acción gubernamental organizada en torno a los objetivos y metas de la entidad acorde a las necesidades de todos los ciudadanos.

Los legisladores locales aprobaron por unanimidad el dictamen presentado por la comisión de Gobernación, Puntos Constituciones y Justicia que contempla el regreso de la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría General de Justicia. Con la aprobación del dictamen la propuesta realizada por el gobernador Rubén Moreira se enviará a los 38 municipios para que los cabildos analicen y voten los cambios a la Constitución del Estado.

Se espera que los cabildos emitan su propio dictamen antes del 14 de febrero, fecha en que se realizará la próxima sesión del Congreso.

"Para hacer frente a los nuevos retos que nos presenta la inseguridad es necesario cambiar el modelo que tenemos actualmente", cita el documento presentado por la Comisión de gobernador, Puntos Constitucionales y Justicia.

Para que la propuesta pueda avanzar es necesario que sea aprobada, al menos por el 51 por ciento de los ayuntamientos (20 municipios), y ser turnada de nuevo a los legisladores para su aprobación definitiva. Lo cual permitiría que la Fiscalía del Estado desapareciera. Se prevé que de aprobarse la propuesta los titulares de la Secretaría de Seguridad y Procuraduría General de Justicia sean Domingo Favela, actual fiscal general, y Griselda Elizalde Castellanos.

Se contempla que la Procuraduría General de Justicia, sea encabezada por Griselda Castellanos y se encargue de la investigación, mientras que la Secretaría de Justicia a cargo de Domingo Favela se hará cargo de la operación policiaca.

nbsp;SALTILLO, COAHUILA.- Los cañones de Jamé y de San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga, amanecieron ayer cubiertos de nieve y con reportes de temperaturas de hasta menos nueve grados.

La Unidad de Protección Civil de Arteaga señaló que el fenómeno de nieve y aguanieve se presentó en la mayoría de las partes del municipio, donde se mantuvo una densa neblina por más de 14 horas.

Destacó que en esta región, las temperaturas registradas por la mañana fueron en ascenso de los menos dos grados a los tres, mientras que en las zonas montañosas que estaban a menos nueve grados pasaron a los cero grados.

Por su parte, el alcalde Ernesto Valdés Cepeda dijo que la Sierra de Arteaga amaneció completamente blanca cubierta de nieve, por lo que espera es que el paisaje se conserve durante todo este fin de semana.

Dijo que se establecerán recorridos cada dos horas por las comunidades cercanas a las faldas de la Sierra, en apoyo a los pobladores en caso de que presente otro descenso de temperatura.

AGENCIA REFORMA

La Comisión Estatal Electoral del PAN, anunció que se llevará a cabo un debate entre los precandidatos a senadores del blanquiazul el próximo domingo 11 de febrero en Saltillo, donde los asistentes sólo serán los acompañantes de cada uno de los cinco participantes.

El debate se transmitirá por la página de Internet del PAN en Coahuila y es posible que el moderado sea un periodista.

Cabe mencionar que la propuesta original era que se desarrollaran tres debates, pero sólo fue aprobado uno.

El precandidato a la senaduría de la república, Jesús Ramírez, celebró que el resto de sus compañeros accedieran a participar, sin embargo considera que un solo debate no es suficiente para que los coahuilenses conozcan las propuestas de cada uno de los cinco participantes.

"En lo que no estoy de acuerdo es en que la entrada sólo sea mediante boletos, ya que debería de ser abierta", manifestó Jesús Ramírez.

Los precandidatos a senadores que participaran en el debate el próximo domingo son Jorge Zermeño, Jesús Ramírez, Luis Fernando Salazar, Tomy Vives y José Ángel Pérez.

La transmisión iniciará a partir de las 17 horas y el debate se dividirá en tres partes en donde se tocaran temas de educación, economía y seguridad.

"No sólo será una exposición de ideas, sino que habrá una parte en donde nos podremos plantear cuestionamientos", indicó Jesús Ramírez.

Asimismo comentó que los debates al interior de su partido no dividen sino fortalecen, ya que es una muestra de la unidad, al indicar que el objetivo es que los militantes conozcan la oferta política de los candidatos.

"El debate permitirá a los panistas conocer más a los precandidatos, sus ideas y sobre todo sus capacidades para ocupar un cargo tan importante como es la Senaduría", puntualizó el precandidato.

El fiscal general del Estado, Domingo Gonzalez, advirtió que será necesario que la ciudadanía también se integre a las nuevas políticas para facilitar la seguridad, ya que señaló que la preocupación mayor no radica en qué tantos secuestros se están dando, sino que éstos en muchas ocasiones no sean denunciados por temor a represalias.

"No me preocupa tanto las denuncias que se han presentado por éstos, sino las que desgraciadamente no se reportan, ya que en ese delito es done se infunde mucho temor sobre las víctimas y la mayoría no se denuncia, por ejemplo en el caso de grupos de delincuentes que hace unos días presentamos, los cuales se dedicaban a robar con violencia y a privar personas, pero no hemos podido acreditarles todos los agravantes, porque las personas tienen miedo y no se acercan", explicó.

Asimismo destacó que estos secuestros son parte de la delincuencia organizada, pero desechó la posibilidad de que tengan algún nexo con el narcotráfico, por lo que ya se tienen siete averiguaciones los cuales aún no están clasificados.

"Estos secuestradores son personas ordinarias que están operando, sin embargo estamos trabajando en líneas de investigación para dar con la banda entera y desarticularla, los casos que hemos presentado son integrantes de una sola banda, no quiere decir que sean varias", aseguró.

En otros temas por lo que corresponde a los hechos ocurridos el pasado martes, donde una persona fue localizada sin vida en las calles de Quetzalcóatl entre la colonia Alpes y Los Pinos, Domingo Favela, mencionó que fue en punto de las17 horas que se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego, donde al acudir al lugar, se aseguró una camioneta con una persona dentro sin vida.

"Estamos en el proceso de la identificación y tratando de corroborar que es de Tamaulipas, podría tratarse de un ajuste de cuentas, pero aún no se ha confirmado; afortunadamente no hubo lesionados", informó.

Por otro lado en cuanto a los dos policías que fueron privados de su libertad, mencionó que éstos aún no aparecen, pero que continúan con las investigaciones abiertas para dar con su paradero.

"Desgraciadamente entre más pasan los días menos posibilidades tenemos de que estén vivos, quisiéramos que lo estuvieran y como dependencia seguimos investigando para que aparezcan, el motivo aún no se pude sacar a la luz y más bien tiene que ver con la función que desempeñan, sin embargo en el momento, se encontraban en un centro nocturno e hicieron lo que no tenían que hacer los policías".

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El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), fomenta la cultura de la transparencia en preparatorias, sin embargo los estudiantes consideran que las pláticas deberían de dirigirlas a las dependencias, ya que muchas de ellas hacen caso omiso a las solicitudes de información.

En consejero del ICAI, Alfonso Villarreal Barrera, declaró que la preparatoria Ateneo Fuente es una de las instituciones que han participado en difusión de la cultura de la transparencia, ya que sus alumnos han recibido los elementos básicos y las herramientas para el conocimiento y el ejercicio del derecho del saber.

Sin embargo, los estudiantes consideran que las pláticas deben ser impartidas en las instituciones gubernamentales, ya que el proceso para recibir la información solicitada es muy largo y no se responde con eficiencia.

"Hemos aprendido que tenemos el derecho a la información, pero el trámite es largo y tedioso", indicó una de las estudiantes del Ateneo Fuentes.

Es necesario señalar que una vez que se manda la solicitud de información a la dependencia u organismo, este trámite se puede alargar hasta seis meses, lo cual provoca que se pierda el interés.

"Deberían acortarse los plazos porque se supone que la información debe estar actualizada en cada dependencia, pero no parece así, porque a veces se tardan mucho", manifestó un joven estudiante de 17 años.

Por su parte el consejero presidente del ICAI, comentó que los jóvenes han manifestado gran interés por aprender y estar al tanto del trabajo gubernamental.

Villarreal Barrera dijo que se promueven cursos sobre acceso a la información, transparencia y protección de datos, desde el 2 de diciembre.

"Los muchachos podrán explorar los programas de gobierno que los pueden beneficiar, y lo que estamos viendo es que los jóvenes están muy interesados, hay una gran colaboración con nosotros y eso se refleja en las solicitudes que recibimos, porque el 60 por ciento de ellas proviene de adolescentes", explicó el consejero.

El gobernador Rubén Moreira Valdez anunció más recursos para obras que se iniciaron en la administración pasada y que no fueron concluidas, además en el plan de inversión no se especifica qué obras pertenecen al Gobierno Estatal ya que todas cuentan con una mezcla de recursos estatales y federales.

Ante los cuestionamientos en relación a la falta de obras nuevas en el plan de inversión pública 2012, María Esther Monsiváis, secretaria de Infraestructura, declaró "las obras son institucionales y tenemos que concluir las obras que quedaron pendientes".

Dentro del marco de la semana de infraestructura Rubén Moreira anunció que los recursos para el Programa Estatal de Inversión 2012 serán de cinco mil 938.4 millones de pesos, conformado por recursos estatales y federales.

La inversión para La Laguna es de mil 500 millones de pesos, de acuerdo a declaraciones de la secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis.

En el Programa Estatal de Inversión Pública no se especifica cuáles son las obras nuevas, ni cuáles son los recursos estatales, ya que se mencionan obras de la administración pasada y recursos de Sagarpa, Conagua, Zonas Metropolitanas y Plan Carretero, así como programas sociales parecidos a los que había en la administración de Humberto Moreira.

Dentro de las obras anunciadas se encuentra la ampliación de 20 metros del camino Torreón-Mieleras de Ferropuertos-entronque el Esterito que contempló el alcalde de Torreón en su informe de trabajo 2011.

Asimismo anunció la instalación de alumbrado público en el bulevar Mieleras tramo Ferropuerto-Esterito la cual se había anunciado dentro del plan de trabajo 2011 de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna.

La Construcción del paso superior vehicular La Concha de la autopista Torreón San Pedro que se había anunciado dentro del plan de "Obras metro" en el mes de abril de 2011.

Además de la construcción del libramiento norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio en el tramo Martamoros-La Partida que inició el 29 de agosto de 2011 y la construcción del Sistema Vial Alianza que también ya habían iniciado en la pasada administración.

Otras de las obras "recicladas" son la construcción del bulevar Senderos del puente Ibero-Rotonda, el bulevar Laguna, la remodelación del periférico Raúl López Sánchez y el bulevar San Pedro Laguna Sur-entronque Milenio.

Además se anunciaron 14 obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado, mas no especificó si éstas se encuentran dentro de los programas que maneja la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El plan de inversión se divide en tres partes: Nueva Ruta al Desarrollo Económico, Nueva propuesta para el Desarrollo Social y un Nuevo Pacto Social.

En dicho plan Moreira Valdez anunció la rehabilitación del Teatro Isauro Martínez en Torreón, la conclusión de la segunda etapa del Museo Arocena, así como la construcción de dos canchas de futbol de 7 x 50 metros, y la rehabilitación del campo de beisbol infantil en la unidad deportiva San Pedro.

En Torreón se invertirán 272 millones de pesos para construir dos gimnasios, dos arenas de deportes de combate, cancha de futbol rápido, y la segunda parte de la villa olímpica en la unidad deportiva.

Dentro del rubro Nuevo Pacto Social se contempla la creación de un Centro de Justicia para Mujeres en Torreón y la constitución de la Policía Metropolitana que ya está operando.

"Tenemos obras para Torreón como el Centro ecoturístico en el cañón de Jimulco, y el Hospital General, además del centro ecoturístico en dunas de Bilbao en Viesca", puntualizó Rubén Moreira.

"Nos hemos cansado de ver que firman convenios y que dicen que hay miles de millones para los programas y en los ejidos no ha llegado un solo peso; da tristeza ver la realidad y que Felipe Calderón dice que va mandar 34 mil millones de pesos y es mucho dinero que no ha llegado a los ejidatarios, por ello la UNTA trabaja para demostrarle a la gente que laboramos para que se respeten los acuerdos", aseguró.

Según recordó en el ejido Pilar de Richardson, que se encuentra en General Cepeda, se apoyaría a los campesinos con despensas, sin embargo José Luís López Cepeda, señaló que sólo se aplicaron los estudios de valoraciones económicas, pero no se dieron por terminados.

"Sólo vinieron a hacer encuestas y a preguntar de qué se alimentaban a diario y qué les hacía falta y ahí quedó, yo creo que eso no debería estar pasando en Coahuila y México no debe de tener esta pobreza y menos en municipios que viven de los recursos que les da el puro tallado del ixtle", declaró.

Manuel de Jesús Hernández Rocha, delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mencionó que de las revisiones llevadas a cabo en los centros laborales durante el año 2011, se tuvo como resultado la determinación de más de cuatro mil medidas que abarcaban desde la ley Federal del Trabajo, Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento General para la Inspección.

Según manifestó la dependencia a su cargo realizó un total de 2,197 visitas de inspección en aproximadamente 1,200 centros de trabajo, beneficiando con ello, a casi 256 mil trabajadores coahuilenses, donde se hicieron miles de observaciones, sin embargo al vigilar el cumplimiento de éstas, en su gran mayoría por la parte patronal, se mejoró sustancialmente el ambiente laboral en favor de los trabajadores.

Además señaló que en la región carbonífera por tercer año consecutivo se desplegó el operativo de inspección a minas de carbón, el cual se realizó de manera coordinada con la Dirección General de Minas y en conjunto con la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Se practicaron 176 inspecciones a 107 centros de trabajo, decretándose 941 violaciones directas y 714 medidas, restringiendo el acceso en 34 desarrollos mineros y determinándose en 19 casos, la suspensión provisional de obras y trabajos mineros, y donde se benefició a 2,169 trabajadores mineros.

Se asesorará y fomentará, al caso de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores y la nueva Norma Oficial Mexicana para la pormover Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.

"Se ha establecido un sistema de planeación por etapas que incluso las instituciones federales como lo es el Instituto Nacional de Administración Pública ha calificado como ideal, donde Coahuila camina con las etapas y la planeación adecuada, ello con el fin de no improvisar y no comprometer el éxito del sistema y por ello nos hemos cuidado de ir con pasos muy firmes en la constitución de los juicios orales", aseveró.

En lo que corresponde a la fase en que atraviesa el procedimiento jurídico de Villarreal, Gregorio Pérez Mata, explicó que la información de ésta es de carácter reservado, sin embargo aseguró que el juez a cargo deberá llevar a cabo la responsabilidad como lo marca la ley, donde hasta el momento se ha trabajado el caso bajo las normas legales, por lo que descartó que éste se esté llevando con tibieza.

"Son procesos reservados que pudieran presentar una reprehensión y ninguna autoridad le pudiera informar, lo que sí puedo afirmar es que el juez tiene a su cargo una responsabilidad y la tiene que cumplir como lo establece la ley. El criterio del juez está en calificar la justificación de las faltas, pero es clara y contundente la consecuencia si Villarreal incumple", aseguró.

Aclaró que no se otorgan privilegios, por lo que explicó que los procesos jurídicos se trabajan de acuerdo a las particularidades impuestas y donde se varía para determinar con cuantas faltas se puede revocar una la libertad bajo fianza.

"Cuando alguien goza de la libertad caucional, tiene una serie de obligaciones de naturaleza procesal que el juez le impone; si deja de cumplir de forma injustificada, puede venir una consecuencia que puede ser la reprehensión, incluso puede ser hasta con una falta para que ésta se determine, todo dependiendo de las modalidades de las obligaciones que se tengan contempladas en el procedimiento", destacó.