Alumbrado público, El Siglo de Torreón
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EDITORIAL

Alumbrado público

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK
miércoles 28 de mayo 2014, actualizada 9:31 am


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La licitación del servicio de alumbrado público de la Ciudad de Torreón, es cuestionada en virtud de que la única empresa participante que permanece en el proceso, hizo su propuesta sustentada en planos de la obra que ostentan fechas de hasta dos y tres meses antes de la fecha de la convocatoria respectiva.

La conclusión es clara y la realidad evidente. La empresa que sobrevive conocimiento de las bases de la obra antes de que ésta fuera públicamente licitada, lo que le dio una ventaja sobre las otras nueve empresas concursantes, que desistieron no sin antes reclamar por escrito que el tiempo concedido para la presentación de la propuesta, no era suficiente para generar un proyecto acorde a las exigencias de la obra.

La denuncia al respecto la hizo la síndica de oposición Gabriela Casale Guerra y mereció de parte de la administración que encabeza Miguel Riquelme una respuesta evasiva y cínica, argumentando que "no es ilegal" que los planos ostenten la fecha que fuere sin embargo, el hecho de que la empresa finalista haya tenido la ventaja de conocer antes que el resto de los competidores y antes de la convocatoria las exigencias de la licitación, no sólo viola la Ley sino que además es una burla.

Por si fuera poco el Cabildo de Torreón de mayoría priista, amenaza aprobar la propuesta única el lunes próximo, lo que cancela toda oportunidad de que los colegios de ingenieros civiles y arquitectos y los ciudadanos de Torreón en general, conozcamos el proyecto que se pretende aprobar, lo que viola el derecho a la participación ciudadana y vecinal, reconocido en los artículos 115 fracción II de la Constitución de la República y 158 U fracción VIII, inciso 2, de la Constitución de Coahuila.

Otra violación a la Ley que empaña el proceso de licitación, se refiere al plazo de la concesión fijado por quince años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Jurisprudencia Número 170632, ha declarado la inconstitucionalidad de las concesiones de largo plazo, porque impiden que el Estado en sus diversos niveles de gobierno, cumpla con su deber de rectoría en materia de servicios públicos.

Para lograr la asignación óptima de la concesión que nos ocupa, son indispensables la transparencia y la participación ciudadana, que permitan valorar las ofertas técnicas y financieras propuestas por las empresas concursantes y que deje claro el monto y destino final de los apoyos y subsidios que brinda la Comisión Federal de Electricidad a los Municipios que reconvierten su infraestructura eléctrica a formas de menor consumo de energía, soportados en tecnología de punta.

Es cierto que el tamaño de las inversiones que requiere la prestación de los servicios concesionados hace necesario garantizar condiciones de estabilidad en favor de los concesionarios, pero este principio no debe ser utilizado para generar monopolios que frenen la competencia y la innovación, ni está reñido con la eficiencia en términos del bajo costo y buena calidad que merecen los ciudadanos como usuarios del servicio.

En otras palabras, la concesión de los servicios públicos que implica delegar la satisfacción de una necesidad colectiva y las funciones de la autoridad en una empresa privada, debe ser regulada mediante contratos temporales para ganar-ganar es decir, que generen ventajas para todas las partes.

La naturaleza del servicio de alumbrado público, hace conveniente dividir la concesión en diversas zonas de la ciudad, y distribuirla en dos o más empresas privadas que en competencia, acrediten su rendimiento que redunde en provecho para los ciudadanos, lo que extrañamente la autoridad es omisa de aprovechar.

En el caso del servicio de alumbrado público de Torreón, las sospechas de parcialidad que dan ventaja a la única empresa participante que sobrevive, obligan a las autoridades del Municipio de Torreón a reponer el procedimiento de licitación, dando oportunidad a la trasparencia y apertura a la participación ciudadana.

El objetivo es evitar las concesiones de largo plazo en favor de un concesionario único, que generan monopolios y privilegios que condenan a los ciudadanos a padecer servicios caros y de mala calidad, e implican un burdo saqueo de los recursos públicos.

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