Grande asombro ha causado en las provincias norteñas un nuevo acto de ilusionismo que de seguro debe ser la envidia del mismísimo Mago Frank y su Conejo Blas. Y es que mientras las autoridades mantienen el ritmo intenso de jurar y perjurar que la delincuencia en Coahuila ya es cosa menor, se registró el robo de una avioneta en el aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe sin que, misteriosamente, nadie se diera cuenta. El caso llama poderosamente la atención ya que se trata de una aeronave Cessna Centurion T210 propiedad de conocido político coahuilense, Alejandro Gutiérrez, mejor conocido como “La Coneja”, quien funge como coordinador de asesores del jefazo de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y que alguna vez fuera suspirante por la gubernatura coahuilteca.
Este nuevo hurto recuerda al sucedido en el aeropuerto J. Agustín Castro de Lerdo el 22 de enero pasado, en el que se trató también de la avioneta de un político, el exalcalde de Torreón, Carlos Román Cepeda, otrora conocido como “El Bien Peinado”. Lo más extraño de ambos casos es que nadie sabe y nadie supo qué pasó, como si los aeropuertos se manejaran solos, como si no existieran radares, como si no hubiera control de vuelos o como si se pilotara un avión de la misma forma que se conduce una bicicleta. Las similitudes de los casos son un festín para los amantes de las suspicacias. Y de la labor de las autoridades de ambas provincias, los maldicientes se preguntan qué se puede esperar cuando son aficionadas a ningunear a la Necia Realidad, como cuando declaran, muy quitadas de la pena, que en la Comarca Lagunera ya no hay secuestros, cuando se ha sabido de al menos cuatro casos en los últimos meses.
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Llegaron los 100 días del alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, y, como lo había anunciado, rindió un atípico informe, que le costó al contribuyente 250 mil pesillos, y del que vale la pena mencionar varios aspectos. En primer lugar, motivó curiosas miradas la presencia de un nutrido contingente de representantes de medios de comunicación de la capital del estado, por lo que las palabras y promesas de don Miguel resonaron en varios rincones de la provincia, con lo cual se alimenta la idea -y el suspiro riquelmista- de que pudiera ser la carta fuerte del PRI para contender por la sucesión en la gubernatura. Por otra parte, aunque el edil montó una presentación como si se tratara de un informe anual de gobierno, el público estaba conformado por el funcionariado municipal que trabaja para él, delegados, legisladores locales y representantes de cámaras empresariales y asociaciones civiles. De su discurso, destacó una frase que tiene varios posibles destinatarios: “Cuando estamos convencidos de construir un gobierno exitoso, se deben dejar atrás las ocurrencias y las improvisaciones”. Los aficionados al cuchicheo no tardaron en lanzar preguntas como dardo: ¿se referirá a su antecesor o a alguien que despacha en el Palacio Rosa de la urbe de adobe? Y proyectos como el teleférico, el centro de convenciones y la famosa marca Torreón inmediatamente comenzaron a hacer eco de la palabra ocurrencia, mientras el necesarísimo hospital general, mejor conocido como “la obra eterna”, continúa sin ser terminado. Por cierto, dicen nuestros subagentes disfrazados de bocinas que entre los asistentes se extrañó la presencia del gobernador Moreira, quien andaba en Viesca, y del exalcalde Eduardo Olmos, que quién sabe dónde ande.
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Por cierto, un día antes de su informe, el alcalde Miquel Riquelme volvió a evidenciar que tiene la piel delgada y que es de mecha corta. En un recorrido que realizó por el mercado Juárez, hizo gala de florido lenguaje y, de paso, recordó aquella dorada época universitaria de actividades porriles, al llamar a sus críticos “columnistas de prominentes glándulas reproductoras masculinas”. En realidad utilizó un término, digamos, más coloquial, que, por respeto a usted, amigo lector, aquí no reproducimos. Y arremetió contra ellos, a pesar de que, según dijo, “no me importan sus comentarios”, en un ejercicio claro de contradicción. Como era de esperarse, la declaración despertó reacciones encontradas entre el respetable público espectador de la cosa pública. Hubo quienes aplaudieron con ahínco el arrojo del edil, pero también hubo quienes comenzaron a hacer cuestionamientos punzantes, por ejemplo: si al jefazo torreonense no le agrada que critiquen su trabajo en un cargo público pagado con los impuestos de la ciudadanía ¿acaso no habría sido mejor contender por una hamaca, perdón curul, lejos de los reflectores y miradas escudriñadoras? Si, como dijo, no le importan lo que dicen sus críticos y criticones, ¿para qué consumir tiempo en intentar descalificarlos? Lo cierto es que con estos arrebatos don Miguel demuestra que no está acostumbrado a la crítica, siempre necesaria en la función pública dentro de una democracia, aunque se debe entender también que su administración apenas comienza y que, muy seguramente, con el tiempo adquirirá la suficiente madurez para saber digerirla e, incluso, sacar provecho de ella.
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Tremendo aprieto en el que se metió esta semana el alcalde de la industriosa urbe de Gómez Palacio, José Miguel Campillo, al declarar que los culpables de la falla del pozo 39, que dejó sin agua a miles de familias de la miniciudad Chapala y alrededores, son los ciudadanos que no pagan el servicio, y que por eso no hay recursos para el mantenimiento y reparación de norias. Obviamente esta temeraria afirmación provocó rápidas e intensas reacciones. Primero porque la mayor parte de los 140 millones de cartera vencida que tiene el sistema de aguas de Gómez Palacio corresponde a los grandes deudores, o sea, empresas y oficinas de gobierno. Y segundo, porque nuestros subagentes disfrazados de tubos rotos nos informan que el alcalde está tratando de desviar la atención de los serios problemas que tiene el Sideapa, por obvias razones. Como recordará, enterado lector, don Pepe fue director del organismo antes de ser alcalde y en su lugar dejó a Guillermo Morales, cuya labor y manejo financiero ha comenzado a ser cuestionado en el Cabildo. Así que, el alcalde, en vez de coger al toro por los cuernos y lanzarse contra los grandes y poderosos deudores, entre ellos, el gobierno de su jefe, el gobernador Herrera, prefiere endosarle la factura al ciudadano de a pie. Por otro lado, es más fácil diluir la responsabilidad entre miles que asumirla para corregir las deficiencias administrativas que hay al interior del organismo, las cuales, si se le rasca, podrían alcanzar hasta los tiempos de la dirección de Campillo. Así que, mejor, por ahí ni moverle y que se forme el usuario doméstico en las cajas.
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Desconcertantes noticias nos llegan de distintos rincones del país que vienen a aderezar la verdad de Perogrullo lanzada esta semana por el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, acerca de que “México tiene un serio problema de seguridad” (hasta ahora se vino a enterar). A la complicada situación que aún se vive en Michoacán por la resistencia de las autodefensas al desarme y la sobrevivencia de grupos criminales, se suma el recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas. Que se trate precisamente de esos estados habla mucho de cómo nuestro amado país está inmerso en una especie de déjà vu desde que inició el presente siglo. Y es que cabe recordar que desde tiempos del expresidente Vicente Fox, el estado fronterizo ya era nota nacional por esa fina costumbre de los cárteles de dirimir sus diferencias a balazos. Incluso, don Chente ordenó un operativo que ahora podemos constatar que no funcionó. Lo mismo ocurre con Michoacán, estado con el que Felipe Calderón inauguró su “guerra contra el narco”. Pero de Tierra Caliente hoy intriga otro asunto: es el de la investigación y arraigo del exsecretario de Gobierno, Jesús Reyna, por presuntos nexos con los malos. Y es que la PGR asegura que don Jesús se reunió con presuntos líderes de los “Caballeros Templarios”, entre ellos Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”. Esta acción de la autoridad causa desconcierto y motiva a reforzar la idea de que en este bello país la justicia es selectiva. Como se recordará, hace dos meses se reveló que el mismísimo procónsul federal Alfredo Castillo se reunió con Juan José Farías, alias “El Abuelo”, presunto lugarteniente del cártel de “Los Valencia” y, como hemos visto, nada ocurrió y el comisionado sigue en funciones. Ante esto, los amantes de la intriga dicen que lo que pasa es que el gobierno federal tiene el monopolio de reunirse con presuntos capos. Pero otro detalle intriga aún más y es el hecho de que la PGR haya dejado fuera de la investigación al gobernador Fausto Vallejo, quien dice que él nada sabía de lo que hacía su secretario. Algo muy típico de nuestra clase política que nos recuerda a lo ocurrido en Coahuila con el extesorero Javier Villarreal y su antiguo patrón, el Profe Moreira.
