El avance de las autodefensas en varios estados del país pone de manifiesto la incapacidad de los gobiernos por brindar seguridad a los ciudadanos. El surgimiento de estos grupos comunitarios refleja el hartazgo de la gente por soportar ser víctimas del crimen organizado. Sin embargo, este fenómeno ya no debe ser tolerado por las autoridades porque la ingobernabilidad está más palpable que nunca.
El objetivo -según los creadores- de estas policías comunitarias es combatir a los grupos del crimen organizado que los extorsionan, los roban, asaltan, sin embargo, lejos de eso, parece ser que sólo los están imitando, ya que operan fuera de la ley, usando armas de uso exclusivo del ejército en la vía pública para acabar con sus “rivales”.
Hasta el momento el Gobierno ha permitido o desatendido el problema. Sólo se ha limitado a reiterar que no dejarán que este fenómeno siga, pero han sido incapaces de cumplirlo.
La protección de los ciudadanos sólo se puede hacer con el uso de las fuerzas del orden ya sea policías, Ejército o Marina.
Hasta el momento el Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha visto indeciso en aplicar la ley. No se debe combatir el crimen al margen de la ley, simplemente los grupos de policías comunitarias están fuera de toda legalidad.
El mensaje que se manda a la sociedad es que cualquiera puede protegerse o hacer justicia por su propia mano si es víctima de algún delito y que no recibirá castigo por sus acciones. El peligro de una “guerra” entre comunitarios y miembros del crimen organizado es inminente.
Ya lo dijo el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el clima de violencia en Michoacán es producto del “abandono en el ejercicio de las funciones de gobiernos municipales y estatal para proteger a los ciudadanos”. Nada más cierto que esto.
Y aunque las fuerzas federales ya se encuentran en Apatzingán para reforzar la seguridad, este hecho sólo podría traer como consecuencia un poco más de incertidumbre, ya que en ese territorio estarían ellos, el cártel que opera en la zona y los comunitarios que están a un paso de llegar.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene el gran reto de hacer cumplir la ley tanto a los grupos del crimen organizado como a todas aquellas personas que quieran hacer justicia por mano propia.
