Todavía no toma posesión de su cargo y el presidente electo, Enrique Peña Nieto, ya mostró claramente cuál será la línea de su gobierno y qué se puede esperar del mismo. Desde el año pasado quedó claro que la reforma dependía totalmente de la voluntad de Peña Nieto, en aquel entonces todavía gobernador del Estado de México, y, en esta ocasión, simplemente se concretó.
En aquel entonces los diputados priistas aprobaron su propia propuesta, que en lo fundamental es coincidente con lo que ayer volvieron a aprobar, aunque ahora ya lo hizo una nueva legislatura, sin embargo, dicha reforma la congelaron en el Senado, los senadores tricolores, porque EPN consideró que la nueva legislación podría afectarles electoralmente en la sucesión del estado que todavía gobernaba.
Ahora, ya no sólo no les afectaría, sino que les convenía que la iniciativa proviniera del presidente Felipe Calderón, pues eso les permitió definir qué pasaba y qué no. Y la imagen no puede ser más diáfana: a Peña Nieto lo que le interesa claramente es quedar bien con las cúpulas empresariales y sindicales y le importan un bledo los derechos de los trabajadores, la construcción democrática y la justicia.
Alfonso Navarrete Prida, vicecoordinador de trabajo del equipo de transición del gobierno electo, declaró que aprobarían la iniciativa preferente de Calderón, con algunas modificaciones, porque permitía conseguir los tres objetivos planteados por EPN: estimular el crecimiento económico, impulsar la generación de empleos y fortalecer el equilibrio entre los factores de la producción, sin afectar los derechos de los trabajadores.
Respecto a los primeros dos, hay que señalar que esa ha sido la bandera principal para impulsarla, pero respecto al tercero, hay que decir que si en algún momento el balance de poder entre los factores de la producción está totalmente inclinado a favor de los empresarios es ahora y la nueva legislación todavía aporta más en dicho sentido. Desde luego, que en la situación actual juegan diversos factores, entre los que desde luego tienen un peso importante los avances tecnológicos; el debilitamiento progresivo de los sindicatos en el mundo, no únicamente en México; los altos niveles de desempleo y de manera muy importante la existencia de un aparato de justicia laboral, éste sí en México, totalmente inoperante. Así que esta reforma contribuye al desequilibrio, no al equilibrio.
Algunas de las reformas, más allá de que se hayan olvidado salvaguardas importantes, eran indispensables (como la del outsourcing o subcontratación), sin embargo, al momento de hacerlas también era importante haber acabado con los actuales órganos tripartitos (gobierno, empresarios y líderes sindicales) de supuesta impartición de justicia, dependientes totalmente de los ejecutivos (estatales y federal) y crear tribunales adscritos al Poder Judicial, que efectivamente sean operativos.
Así las pretendidas salvaguardas o matices que introdujo el PRI, en algunos de los artículos, no tendrán ningún valor, pues quedan totalmente al arbitrio y criterio discrecional del nuevo presidente o los gobernadores estatales.
Y los priistas sí se encargaron de rechazar todas las propuestas de Calderón relacionadas con la vida interna de los sindicatos, que obviamente pretendían impactar sobre los ancestrales cacicazgos e impulsar la democratización de dichas organizaciones. Pero los priistas se cuidaron muy bien de impedir dicha democratización, tan lo hicieron que pusieron como presidente de la Comisión del Trabajo a Carlos Aceves del Olmo, uno de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y beneficiario del actual status quo. Para evitar que los líderes sindicales le pudieran reclamar alguna pifia, Peña Nieto prefirió que fuera uno de ellos el responsable de vigilar sus intereses.
Algunos dirán que lo colocaron allí por ser experto en dichos temas, pero la realidad es que se traduce en "poner la iglesia en manos de Lutero" o "al lobo a cuidar a las ovejas", con decisiones como ésta (que se están extendiendo a otras comisiones de las dos cámaras) no se gana en experiencia y conocimiento de los legisladores, sino en la defensa de los intereses de los directamente involucrados, como ya también sucedió en el sector de telecomunicaciones y radio y televisión, donde la llamada telebancada se apoderó de las mismas.
Estos legisladores están allí para cuidar los intereses del grupo que los impulsó y, por lo tanto, no responden a los intereses del electorado que los eligió, sino del patrón que los colocó en esa posición; llegan con consignas y compromisos; es el llamado voto imperativo, es decir, votarán de acuerdo a las instrucciones de sus patrones, desde luego, en detrimento de la ciudadanía y la democracia.
La iniciativa presidencial cubría tres aspectos: flexibilización laboral; avances en la protección de algunos de los derechos fundamentales, como en el caso del trabajo infantil (aunque la Organización Internacional del Trabajo, ya dijo que sus avances son limitados e insuficientes); y democratización sindical. Pero los priistas (que aunque no poseen mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, sí tienen el poder de decisión en las iniciativas presentadas por el PAN y/o el PRD, pues con sus votos automáticamente aseguran la mayoría) eliminaron el último de los aspectos.
Por supuesto que no sorprende la posición priista, simplemente es tomar conciencia de la evidencia contundente: su prioridad será avanzar en la consolidación del estado neoliberal, con los consecuentes impactos sobre los derechos sociales de la mayorías, y frenar o, incluso retroceder, en la construcción de la democracia. Esto fue lo que votó una mayoría de mexicanos (haiga sido como haiga sido) y es lo que regirá, al menos, hasta el 2015.
