Hace unas semanas asistí a la reunión del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Mapimí, un área natural protegida de categoría federal, la primera y más extensa de las tres que existen en la Comarca Lagunera, ya que abarca una porción de ésta y otras de los municipios de Jiménez, Chihuahua y Sierra Mojada, Coahuila.
Mapimí es la primera Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO como tal en 1977; es un área natural protegida con una extensión de 342,388 ha con ecosistemas representativos de las ecoregiones áridas del norte de México, y dentro de esa diversidad biológica alberga especies emblemáticas en estatus de riesgo como la tortuga del Bolsón (Gopherus flavomarginatus) y la lagartija de las Dunas de la Soledad (Uma paraphygas), esta última endémica y ambas en peligro de extinción.
A partir del año 2000 esta Reserva es administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo federal dependiente de la Semarnat, el cual ha realizado importantes esfuerzos por la conservación de la riqueza biológica ahí existente, enfrentando las diversas amenazas como la excesiva carga animal en algunos de sus sitios debido a la práctica de una ganadería mal manejada, en gran parte originada por la invasión de reses que han realizado personas ajenas al área.
Otra de esas amenazas es la extracción minera o el turismo no regulados, este último sucedía por la afluencia de visitantes a la llamada Zona del Silencio, quienes en esos recorridos colectaban plantas o animales, en particular especímenes de la tortuga del Bolsón, que extraían irregularmente, en ocasiones con la complicidad de lugareños, que aunado a la caza furtiva, estaban impactando el área y su diversidad biológica.
Afortunadamente, el trabajo realizado por el personal de la Conanp ha acotado estas y otras amenazas, buscando soluciones consensuadas con los actores involucrados en el área, particularmente con los propietarios y habitantes que ahí residen, centrando sus programas y acciones en promover el desarrollo local de su población asociado a la conservación, como se observó en esta sesión del Consejo Asesor donde la discusión giró en torno a asuntos como los apoyos que con esa orientación otorgan organismos como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la misma Conanp y otros. Quizá su categoría de ANP federal limita la injerencia de actores locales y una intervención que afecta más que beneficia a la conservación.
Tal es el caso de la necesaria regulación que se hizo del turismo mal comprendido y practicado por visitantes carentes de educación ambiental, quienes no distinguen entre un turismo económico y el turismo de naturaleza, ya que esta actividad si bien presenta un gran potencial en las ANP, al ser practicado sin plan y regulaciones adecuadas resulta más perjudicial que benéfico; es una actividad que puede ser promovida desde las oficinas gubernamentales de turismo o a través de agencias privadas, pero que al no ser practicada adecuadamente y con la participación de los habitantes del área, presenta más riesgos y se convierte en una verdadera amenaza a la conservación con escasos beneficios para la población local. Afortunadamente, esta actividad ha sido regulada en la mayora parte de la Reserva.
En la sesión del Consejo Asesor que comento, se observó claramente la capacidad de convocatoria que tiene el personal profesional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), al asistir representantes de las comunidades, de instituciones de los tres niveles de gobierno, universidades y ONG's, pero también en el ambiente en que se realizó se denotan los avances obtenidos en su conservación, así como el involucramiento de dichos actores en la gestión del área. Para quienes residimos en la parte urbana, debe interesarnos lo que sucede en esta ANP y apoyar esa gestión que ha contribuido en la contención de las amenazas descritas.
