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EDITORIAL

Proyectos en telecomunicaciones

Plaza pública

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
martes 13 de abril 2010, actualizada 4:06 am


El jueves 8 el Congreso de la Unión vivió una jornada singularísima en materia de telecomunicaciones y radio y televisión, que súbitamente ese día se avivó en contraste con el letargo que el tema ha solido padecer. Casi al mismo tiempo, las bancadas de Acción Nacional en cada cámara presentaron una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Lo hicieron en el Senado el líder de la fracción albiazul Gustavo Madero, y en la Cámara el diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación. Minutos después, se reunió en Xicoténcatl la Comisión de radio, televisión y cinematografía, encabezada por el senador perredista Carlos Sotelo para cumplir, con cuatro meses de retraso, una cita para dictaminar un proyecto de reforma a la ley de radio y televisión iniciado en diciembre de 2008 por Manlio Fabio Beltrones. Si en el Congreso se legislara en el vacío, no atenidos sus miembros a presiones e intereses sino que respetuosos de la formalidad se limitaran a cumplir la ley, la sesión de la Comisión debía haberse suspendido pues acababa de iniciar su trayecto un colosal insumo que no podía ser ignorado por ninguna dictaminadora que pretendiera realizar responsablemente sus labores.

Pero ese no es el caso de Sotelo, que desdeñando lo que había ocurrido en la sesión plenaria, llevó adelante la sesión del órgano que preside. Debe haber calculado que si había demorado más de 120 días en reunir a su comisión, ésta podía esperar unos minutos más a que se integrara a la sesión un convidado que llegó tarde. Sólo cuando el vicepresidente jurídico de Televisa, Javier Tejado, se apersonó en la comisión, ésta comenzó a trabajar, con mayoría priista y la presencia de dos perredistas y dos miembros del PAN que si bien se abstuvieron a la hora de votar el dictamen contribuyeron al quórum que permitió que la comisión actuara. La sesión fue brevísima, sin discusión, acaso porque en un recinto diferente al senatorial ya se había elaborado el dictamen. Eso se barrunta porque un componente del documento mostró la huella informática de su preparación, que corresponde a Televisa.

Esa involuntaria revelación, y la presencia de Tejado, comprobaron lo sabido: que Sotelo se había sumado a la telebancada y procedía conforme a instrucciones recibidas, y que el proyecto dictaminado es un intento (probablemente el primero de varios) de devolver su carácter original a las reformas legales de 2006 que el público denominó Ley Televisa, bautizo al que ahora se pretende hacer honor más cabalmente que antaño.

En diciembre de 2005, inopinadamente, diputados unos lelos y otros corruptos (que cada quien adopte la calificación que le cuadre) aprobaron la Ley Televisa. Lo hicieron por unanimidad, sin discusión ni en comisiones ni en el pleno y probablemente sin leer el documento, hábilmente deslizado al orden del día por la telebancada de entonces, encabezada por Javier Orozco, hoy senador de la república.

Se buscó que un ánimo acrítico semejante imperara en el Senado y la ley fuera aprobada y entrara en vigor de inmediato. Senadores interesados en la legislación, que habían procurado elaborar un proyecto amplio con visión y propósitos ajenos a los del duopolio de la televisión consiguieron por le menos demorar su discusión, pero no lograron impedir que fuera aprobada. En una tristemente memorable sesión (el 30 de marzo) en que nadie de la mayoría refutó los vigorosos argumentos de los opositores a la ley, ésta fue aprobada. No tardaría en surtir sus efectos, uno de los cuales dejó en claro que los hacedores de la ley (que no eran los miembros del Senado) consiguieron no únicamente su ley, esa ley, sino también el órgano regulador que estuviera a su servicio. En el colmo de la desvergüenza fueron elegidos miembros de la Comisión federal de telecomunicaciones senadores inclinados a favorecer los intereses dominantes. Todavía hoy Héctor Osuna y Ernesto Gil Elorduy, que no repararon ni por un minuto en el conflicto ético que los tocaba, son comisionados de la Cofetel, en premio a sus servicios.

Senadores renuentes a admitir que se consumara esa maniobra promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia que en junio de 2007 invalidó algunos de los artículos en que se cifraba el interés de los promotores de la ley. En particular la Corte se manifestó contra el refrendo automático de las concesiones de radio y televisión, considerando que es preciso abrir la competencia a nuevos participantes en ese campo. Desde entonces el Senado ha sido omiso en adaptar legislativamente la sentencia de la Corte, como está obligado a hacer, y al mismo tiempo en atender la exigencia social de elaborar una nueva, cabal y moderna legislación de medios y de telecomunicaciones.

En vez de emprender esa magna operación, que el jueves fue atendida con creces por las bancadas panistas, Beltrones y Sotelo pretendieron una reformita que satisficiera legítimos intereses de radiodifusores. Pero buscaron hacerlo de un modo contrario a lo establecido por la Corte. Disfrazaron el refrendo automático de "prórroga administrativa" y la adobaron con modificaciones, igualmente de corto alcance, de pretendido aliento a la radiodifusión pública y comunitaria. Su intento de sorprender al Senado se frustró y ha sido retomado ahora, en un marco al que nos referiremos mañana. En diciembre se hizo ostensible la dependencia de Sotelo respecto de Beltrones y la telebancada. Ahora hiede.

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