Laicismo indispensable, El Siglo de Torreón
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EDITORIAL

Laicismo indispensable

Plaza pública

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
martes 09 de febrero 2010, actualizada 3:56 am


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 M Ientras la desgracia de Ciudad Juárez es convertida en botín político o al menos en motivo de agrias diferencias entre los gobiernos federal y estatal, que irresponsablemente se cruzan reproches y acusaciones en vez de ajustar sus instrumentos de combate a la violencia criminal, parece ocioso ocuparse de otro tema que no sea el la deplorable suerte de esa frontera. Pero abordar la reforma en curso para declarar que México es una república laica es necesario porque el laicismo es indispensable, y es oportuno y urgente que se simbolice su vigencia -o se emprenda su defensa-mediante esa declaración explícita que acaso hoy dé su segundo paso.

Está previsto, en efecto, que el pleno de la Cámara de Diputados discuta y apruebe en la sesión de esta mañana el dictamen emitido el miércoles pasado por la Comisión de puntos constitucionales, sobre una sencillísima reforma al artículo 40. Se trata de agregar a los atributos de la república mexicana: representativa, democrática y federal, las cinco letras que la definan también como laica. La adición está cargada de significados, como lo está el que se hayan opuesto a ella los cinco diputados de Acción Nacional que acudieron a la sesión, cuyo número contrastó fuertemente con los 18 que votaron a favor del dictamen, presentado por Juventino Castro y Castro. Digamos entre paréntesis que el solo dictamen, y mucho más la reforma cuando se logre consumarla, serán una suerte de coronación de la vida pública de este hombre que a sus noventa y un años piensa y actúa con mayor dinamismo y generosidad que muchos jóvenes a un tercio de su edad. Había llegado ya a una primera culminación de su carrera al desempeñarse durante quince años como ministro de la Suprema Corte de Justicia y ahora es diputado de la Oposición, presidente de una de las comisiones cuya tarea es de las más trascendentes, pues prepara las enmiendas y adiciones a la carta constitucional.

Hoy o cuando pronto ocurra el debate sobre la incorporación de la palabra laica a la definición del carácter de nuestra república, y si se considera la proporción del voto en la Comisión de puntos constitucionales, no habrá problema para que se reúna el voto de dos terceras partes de los miembros presentes, ya que las fracciones promoventes de la reforma suman 358 votos del total, unos veinte más de los dos tercios requeridos. El PAN no puede, con sus 142 diputados, frenar en San Lázaro esta mudanza constitucional. Puede sin embargo frenarla en el Senado, donde su condición de bancada más numerosa le permite impedir que se reúna la mayoría necesaria para la reforma constitucional. Los partidarios de ella necesitan persuadir a un puñado de panistas, alrededor de diez, para que se sumen a una reforma indispensable, por más que parezca meramente formal.

La actitud de los panistas, hasta este momento en San Lázaro, refuerza la necesidad de expresar el carácter laico del Estado mexicano en su Constitución. Justamente porque ese partido actúa en los ámbitos legislativos, y a través del Poder Ejecutivo en algunas entidades y en la Federación, en un sentido tal que se mina la condición laica de nuestra república, es preciso oponerle un dique, es preciso ofrecer a los intérpretes de la carta básica una herramienta expresa para resolver cuestiones constitucionales que implican el laicismo. Y paradójicamente se requiere que senadores panistas ajenos al integrismo contribuyan a erigir esa defensa.

El laicismo mexicano está en riesgo porque se ha pasado de conductas punibles de algunas autoridades en ámbitos municipales que obligan a ciudadanos que no lo son a comportarse como católicos, hasta el montaje de una legislación o el combate a otra, claramente con base en criterios religiosos. Pretender imponer comportamientos y convicciones propios de una fe a la sociedad a través de la ley es atentar contra la convivencia en la diversidad, que sólo es posible en el Estado laico, el que impide la conversión de normas morales de raíz religiosa en normas jurídicas. Las creencias religiosas y conductas emanadas de ellas son respetables en la medida en que no agravian al conjunto de la sociedad, y porque las asume quien quiera, voluntariamente. Ya no pensemos en materias trascendentes como la vida humana. Pensemos en actos de la vida cotidiana. Hay confesiones religiosas que prohíben a sus fieles ingerir carne de cerdo. Es una convicción respetable y seguramente hasta conveniente, en relación con la higiene. Pero sería en extremo peligroso que se pretendiera convertir tal prohibición en norma jurídica, aplicable a quienes no profesan la fe de quienes rechazan los cárnicos porcinos.

En pequeñas comunidades donde con dificultad se han asentado miembros de confesiones cristianas no-católicas, no falta autoridad que imponga sanciones (como negar la provisión de agua) a quienes por ese motivo rehúsan cooperar económicamente o mediante su trabajo en fiestas propias del santoral de la fe dominante. Las autoridades que de ese modo obran, vulneran el laicismo, y hasta ahora la sociedad lo ha tolerado no obstante que actitudes de esa guisa han provocado violencia. No hay que admitir que, en ámbitos más dilatados se provoque un efecto semejante al convertir normas religiosas en leyes. Eso está ocurriendo, como también ocurre que un órgano del Estado como es la PGR pretenda ya dos veces que se declare inconstitucional lo que es, simplemente, discordante de nociones propuestas y propagadas desde el Vaticano.

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