Una nueva apuesta ha hecho el presidente Felipe Calderón con su propuesta de reforma política.
Si prospera, probablemente desvanezca el fracaso del primer trienio de su mandato, si no, probablemente sepulte su gestión porque entonces será todavía más difícil impulsar alguna de las otras reformas propuestas. Por lo demás, la sola propuesta de reforma política no basta para congratularse, falta ver si esta vez se cuenta con el equipo y la capacidad de operación para concretarla.
Si el sentido de la nueva apuesta presidencial es tan sólo exhibir cómo la Oposición resiste la reforma, la ganancia no alcanzará para cubrir la deuda contraída por Felipe Calderón con el país.
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El conjunto de reformas que, supuestamente, realizará el jefe del Ejecutivo antes de concluir su mandato es ambicioso en extremo.
Prometió el 2 de septiembre y reiteró el 29 de noviembre: frenar la pobreza, ofrecer una cobertura universal de salud, lograr una educación de calidad, transformar las finanzas públicas, replantear el sector energético, modernizar el régimen de telecomunicaciones, rediseñar la legislación laboral, realizar la reforma regulatoria, combatir el crimen y reponer la seguridad pública, además de reestructurar el poder. Ésa es su agenda de trabajo para el resto del sexenio.
Si ese decálogo de tareas Felipe Calderón lo presentó de manera jerarquizada, asombra que haya resuelto empezar por la última y no por la primera. Optó por la reforma política y, ello, deja suponer que la prioridad presidencial no empata con el reclamo ciudadano. De acuerdo con los estudios de opinión, la economía y la inseguridad pública preocupan más a la ciudadanía que la política. Como quiera, el mandatario consideró que por la reforma política debería comenzar su revolución.
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El análisis del anuncio de la reforma política tiene tres deficiencias y carencias.
La primera. Aunque asegura que el eje de esa propuesta es que "el ciudadano participe y perciba que sus órganos de representación están más atentos a sus demandas y necesidades", no define su concepto. No dice si quiere generar un presidencialismo de nuevo cuño o sólo reducir el peso del Poder Legislativo. La reforma no define su pretensión. Suena bien "cerrar la brecha entre política y ciudadanía", pero la reestructura del poder que plantea no lleva a esa conclusión.
La segunda. Deja en el aire el segundo capítulo de la reforma: "este proyecto será ampliado con propuestas complementarias que atenderán otros retos que enfrentan las instituciones democráticas del país y señaladamente los procesos electorales". ¿De qué trata ese otro capítulo? ¿Cómo valorar lo propuesto, si lo propuesto no es todo lo que se va a proponer?
La tercera. La iniciativa no considera su impacto en el presupuesto. La carencia de ese estudio abre una duda: fue hecha sobre las rodillas o no se cree mucho en ella, tanto así que ni siquiera consideró su costo. ¡Y claro que tiene costos! Dos ejemplos: redistritar al país no es algo que se haga con pizarrón y gis, proponer una segunda vuelta en la elección presidencial no se hace con papel revolución. ¿Cómo venir con el cuento de que no tiene un impacto en el presupuesto?
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Por lo demás, aunque el mandatario quiere "crear una nueva relación entre los tres Poderes de la Unión, entre los distintos órdenes de Gobierno y entre las autoridades y la sociedad", el análisis de la propuesta a partir de sus beneficiarios y perjudicados no respalda esa pretensión.
Los beneficiarios directos de la reforma son: el Poder Ejecutivo, la partidocracia -esto es, las tres grandes fuerzas políticas-, el Poder Judicial y la ciudadanía. Los perjudicados directos son: el Poder Legislativo y los gobernadores.
El Poder Ejecutivo se beneficia de la segunda vuelta en la elección presidencial, de las dos iniciativas preferentes y del referéndum. La partidocracia conserva el monopolio político al elevarse, sin grado ni matiz, a 4 por ciento la votación nacional para que los partidos conserven su registro: ¡qué bueno salir de "la chiquillada", qué malo dificultar aún más la creación de nuevos partidos! Se consolida el monopolio, no se abre. Asimismo, la partidocracia se beneficia de la reelección de alcaldes y legisladores porque, sin candados de seguridad -tales como la revocación del mandato-, cualquier cacique podrá adquirir en comodato su municipio o distrito por 12 años. El Poder Judicial se beneficia de la facultad otorgada a la Suprema Corte para presentar iniciativas.
La ciudadanía se beneficia de manera directa de la posibilidad de presentar iniciativas y de las candidaturas independientes que, hay que decirlo, también abren la puerta a quienes tengan fortuna o patrocinador para concursar. Y se beneficia de manera compartida del Ejecutivo con la segunda vuelta y el referéndum, así como también comparte el beneficio con la partidocracia de la reelección (si se ponen los seguros señalados).
Los perjudicados de la reforma son, por un lado, el Poder Legislativo, que se ve reducido en su integración y en su margen de acción. Hecho que puede estar bien, pero como no hay obligaciones para el Poder Ejecutivo resulta desbalanceado. Por otro lado, los gobernadores resultarán perjudicados en su margen de maniobra por la innegable influencia sobre las bancadas que responden a ellos tanto en el ámbito del Congreso de la Unión como de los congresos locales.
Con tanto claroscuro es improbable que el Poder Legislativo que, a fin de cuentas, tiene la llave de la puerta para reestructurar el poder, le dé el "sí" a la propuesta presidencial.
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Capítulo aparte de la reforma política es la fórmula de integración del Congreso de la Unión.
La composición de la Cámara de Diputados -260 diputados uninominales y 140 plurinominales- es producto de un acto de inconciencia o de una conciencia torcida. Detrás de esa fórmula se plantea modificar la geografía del poder: la redistritación del país es eso, y no otra cosa. ¿Por qué se optó así como así por esa fórmula?
La matemática electoral aplicada para la nueva integración el Senado es también impresionante. Ahora, quizá habrá estados con más senadores que diputados.
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La apuesta hecha por el presidente Calderón es casi un volado. Sin claridad en los conceptos ni precisión en las ideas y dudas sobre el equipo y la capacidad de operación, el mandatario se la juega. Pero, por lo visto, así se concibe el porvenir de la República: como un juego.
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