Pudieron más los apremios coyunturales del presidente Calderón que su voluntad y necesidad de anudar los lazos de su Gobierno con el de Francia. Por eso, de modo unilateral que le fue reprochado de inmediato, anunció en cadena televisiva la decisión de no conceder a Florence Cazzes su traslado a un penal francés. Los medios franceses coincidieron ayer en señalar que el anuncio tenía propósitos electorales, para reforzar la campaña propagandística del PAN respecto de la delincuencia organizada. Observadores perspicaces en México añadieron que la posición presidencial en este caso, grata a un sector de la opinión pública fue dada a conocer el día en que falleció la víctima número 47 de la matanza de niñas y niños a que no resulta ajeno el Gobierno Federal. Por ello se estimó preciso que el propio presidente, de un modo inusual y que no corresponde a la dimensión del caso, notificara intempestivamente el desenlace.
El 9 de marzo los presidentes Calderón y Sarkzozy, de visita en México este último, anunciaron la creación de una comisión binacional cuyos delegados estudiaran la aplicabilidad al caso Cassez de la Convención de Estrasburgo, pactada en 1983 y a la que México se adhirió años después, sin formular ninguna reserva (como ha hecho, por ejemplo, a otros instrumentos internacionales para evitar la enjuiciabilidad de militares en tribunales civiles). Se dijo que el grupo de trabajo concluiría su labor en tres semanas, y para subrayar la prisa de las partes y la importancia que Francia concedía al tema, el canciller Bernard Kouchner permaneció en México algunos días tras la partida del matrimonio Sarkozy. El asunto había dominado la agenda en la breve visita del presidente francés: nubló asuntos de importancia económica como la eventual cooperación de los dos países en materia aeronáutica, que comenzaría con la compra de helicópteros franceses y acaso concluiría con la instalación en México de una fábrica de aviones en nuestro país. También se restó importancia a la manifestación de Sarokozy sobre los nuevos deberes internacionales de México, como su participación en misiones de paz de la ONU y en general de una presencia mundial acorde con su importancia, nueva presencia en que contaría con la solidaridad francesa.
El grupo binacional tuvo "entrada de caballito ligero", como se decía antes en los pueblos; inició sus labores al día siguiente del anuncio de su creación el diez de marzo. Luego su paso fue cansino, pues la segunda reunión ocurrió el 25 de ese mes y después se caminó con extrema lentitud, pues transcurrieron los meses de abril y mayo y la tercera y última reunión tuvo lugar sólo el 8 de junio. Fue subrayándose en esas reuniones que el principal obstáculo al traslado de Florence Cassez es que su condena se vería reducida a la mitad: de 60 a 30 años, que es la pena máxima para el secuestro en la legislación francesa. Según el reproche emitido ayer por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores y europeos, al "confirmar el estado en que se encontraban las cosas, las autoridades francesas transmitieron a las autoridades mexicanas un informe de la parte francesa presentando el balance de los trabajos del grupo. Este documento proponía a México una mediación, tal como está previsto en el artículo 23 de la Convención de Estrasburgo".
Esa propuesta fue rechazada por el Gobierno de México y de modo imprevisto el propio presidente Calderón anunció en la tarde del lunes, en cadena de televisión y durante ocho minutos que el "Gobierno de la república ha llegado a la determinación de que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de la ciudadana Florence Cassez, a Francia, su país de origen, y al cual hace referencia el Convenio (sic, por convención) de Estrasburgo. Este tratado internacional prescribe que la pena impuesta en el país remitente del reo trasladado puede no ser la misma que cumpla en el país destinatario, donde se aplicará su propia legislación. En el caso particular, implicaría que Cassez estuviera presa la mitad del tiempo previsto por su condena, de 60 años, pues en la ley francesa el máximo aplicable a quien secuestra es de 30 años.
"Para México eso resulta inaceptable -dijo Calderón; el Gobierno de México tiene el deber irrenunciable de asegurarse de que la sentencia impuesta por un juez sea cumplida en todo momento. El caso de la señora Cassez no puede ser una excepción".
Desde que se planteó el caso era previsible que cualquiera posición que tomara México generaría inconformidades. La que adoptó finalmente suscitó el descontento francés, manifiesto en un comunicado en que sin ambages se reprocha la unilateralidad de la decisión y el incumplimiento de las reglas que normaron la creación y el funcionamiento de la comisión:
"Francia expresa su profunda decepción con respecto a la decisión de la parte mexicana de terminar los trabajos sin que un informe conjunto, solicitado por los presidentes, haya podido establecerse" El comunicado del Quai d'Orsay hace notar también "por un lado, que la asimetría de las penas francesa y mexicana era conocida por la parte mexicana antes incluso del inicio de los trabajos del grupo de especialistas y, por otro lado, que México no había formulado ninguna reserva en cuanto a la adaptación de las penas, cuando decidió su adhesión a la Convención de Estrasburgo".
El precio diplomático de la decisión presidencial será alto. Acaso se espera que su rendimiento político sea mayor.
