Lo que es tener buenos abogados: Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Gallardo, conocido por su hipocorístico: Don Neto, fueron detenidos en febrero y abril de 1985, hace 24 años, ¡y sólo ahora se les ha dictado sentencia! La condena es por demás benévola. La suma de penas que correspondería a Caro Quintero, por los diversos delitos que se le imputaron, llegaría a 199 años de prisión. Sólo se le sentenció a 40, de los cuales ha purgado más de la mitad. Si encuentra funcionarios benévolos, o él logra imprimirles esa condición, no estará lejano el día en que lo sepamos liberado, como lo fue hace tres meses y medio José Antonio Zorrilla Pérez. Los destinos de ambos confluyeron hace casi un cuarto de siglo de forma definitiva para sus vidas.
Caro Quintero era un próspero negociante de marihuana. Poseyó en el estado de Chihuahua un enorme rancho, El Búfalo, dedicado a ese cultivo. Era tal su extensión que se requería la mano de obra de cuatro mil personas, a las que según los cargos judiciales Caro Quintero privó de su libertad. En realidad, no es que se les impidiera salir del rancho, sino que éste se hallaba custodiado por soldados, pues el jefe de la operación mantenía buena relación con la autoridad. Por eso se sintió agraviado cuando por informes de la DEA el vasto predio fue "descubierto" y aseguradas seis mil toneladas de la yerba, "el decomiso más grande en la historia mundial", según recordó ayer Reforma.
La operación sobre El Búfalo ocurrió en noviembre de 1984, y Caro Quintero dedicó sus recursos, que no eran escasos, en los siguientes dos meses, a atrapar al culpable de su descomunal pérdida. Era un agente norteamericano residente en México, Enrique Camarena Salazar, a quien secuestró y torturó hasta matarlo el 7 de febrero de 1985, junto al piloto Alfredo Zavala, colaborador del representante de la DEA. Cuando poco después se supo del crimen, el Gobierno de Washington presionó al de México para hallar al culpable, al punto de que el tema ocupó un lugar en una conversación entre los presidentes Reagan y De la Madrid.
Un comando de la Policía Judicial Federal fue despachado a la capital de Jalisco para capturar a Caro Quintero y su pandilla. Los agentes federales los ubicaron en el aeropuerto, pero no pudieron detenerlos porque los delincuentes se identificaron como agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Mostraron las charolas respectivas y pudieron huir. Más tarde se sabría que además del temor de un enfrentamiento armado con los presuntos miembros de la DFS, el comandante de los federales, Armando Pavón Reyes actuó movido por el efectivo método de persuasión practicado por Caro Quintero, una importante suma de dinero pagada sobre la marcha. No le sirvió de mucho al narcotraficante la escapatoria de Guadalajara. En abril siguiente sería detenido en Costa Rica y trasladado a México, donde se le iniciaron los juicios que sólo ahora llegan al final de una etapa (pues su sentencia a 40 años no es todavía cosa juzgada).
Las vidas de Caro Quintero y Zorrilla Pérez, proveedor de las charolas a los delincuentes, se juntarían de nuevo años después. El traficante estuvo preso un tiempo en el Reclusorio Norte del Distrito Federal (antes de ser trasladado a los penales de alta seguridad del Altiplano y Occidente, donde se encuentra ahora). Su celda en el ReNo, mejor dicho su espacio en ese reclusorio donde se hacinan decenas de reos donde sólo caben cuatro, fue ocupado por Zorrilla, cuando cayó preso en junio de 1989: "una área con estancia, cocina, toda clase de aparatos de sonido, videocasetera y una enorme televisión a color", según la descripción de Juan Pablo de Tavira en ¿Por qué Almoloya?
El apoyo de la DFS a Caro Quintero no pudo ser ocultado. Miguel de la Madrid, en sus memorias (que todavía no han sido desmentidas por sí mismo) recuerda que "la Policía Judicial Federal tuvo que reconocer que Rafael Caro Quintero, presunto narcotraficante y sospechoso del secuestro de Enrique Camarena, había huido en avión amparado por credenciales de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial de Jalisco". Ante la presión norteamericana, el Gobierno de México tuvo que sacar consecuencias de ese reconocimiento, si bien lo hizo con lenidad. Poco después de ese episodio, el 27 de febrero Zorrilla Pérez renunció a la DFS. Se le ofreció una salida airosa: sería por segunda vez diputado, esta vez por el primer distrito de Hidalgo, con cabecera en Pachuca. Como todos los candidatos del PRI, comenzó su campaña el 4 de marzo de 1985, pero exactamente veinte días más tarde, sin precisar la causa, el PRI avisó a la Comisión Federal Electoral que Zorrilla Pérez sería sustituido. Si bien se le defenestró, se le permitió huir. Viajó a España en mayo siguiente. Sólo se sabría de él en junio de 1989, cuando fue capturado. La Policía política que había encabezado perduró sólo hasta noviembre del año de su huida. Desapareció entonces y en su lugar se erigió el Centro de Iinvestigaciones de Seguridad Nacional (Cisen).
Zorrilla quedó libre, en circunstancias oscuras (o muy claras, según se las quiera ver) en febrero pasado. Caro Quintero logró echar abajo en 1997 una primera sentencia. Un tribunal de circuito la anuló porque no se habían desahogado las pruebas testimoniales aportadas por el ministerio público. Ahora podrá apelar por la nueva condena, dictada anteayer por el juez cuarto de distrito de Guadalajara. Si perdiera la apelación, acudirá al amparo.
