El martes pasado las fuerzas federales policiacas efectuaron la operación de detención más espectacular que se recuerde en los últimos tiempos. Durante la mañana del martes pasado, veintisiete personas fueron detenidas en el estado de Michoacán; la detención tiene la peculiaridad que se trata de diez alcaldes y funcionarios estatales de altos vuelos, como lo son la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, Citlalli Fernández González, y hoy asesora del gobernador Leonel Godoy.
Está también Ramón Ponce, ex subprocurador estatal y coordinador de asesores del procurador general de Justicia de la entidad michoacana.
Los municipios a los que pertenecen los alcaldes detenidos son: Apatizingán, Uruapan, Buena Vista, Tonotlán, Arteaga, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Ciudad Hidalgo, Coahuayana, Aquila y Zitácuaro. Los presidentes municipales provienen de diferentes partidos políticos.
Las reacciones a nivel nacional no se hicieron esperar. Era ya conocido que el destape de la violencia a la escala que hoy se vive, justamente había aparecido en aquel bello estado. Las ejecuciones con crueldad que incluían decapitaciones ocurrieron en Michoacán desde hace ya varios años. Ese estado además, fue el elegido por el presidente Calderón para abrir fuego a lo que el Gobierno ha definido como la guerra frontal contra el narcotráfico, y quizá fue desde entonces -diciembre de 2006- cuando México empezó a vivir en casi todo su territorio los ataques y el disparo de los delitos vinculados a la delincuencia.
Es un hecho innegable que las condiciones políticas no le favorecen al partido del presidente, que ha enfocado todas sus baterías a la promoción de sus éxitos en su lucha contra el narcotráfico. Por ello, el que un operativo de estas dimensiones, no deje de levantar suspicacias a quienes consideran que esto podría tener un tinte claramente electoral, donde la lógica es ciertamente que estas acciones donde se detiene a diez alcaldes, puede interpretarse como que el Gobierno Federal en realidad está con todo profesionalismo y apego en la ley. Por lo menos a como han sucedido las cosas en la vida pública mexicana, el que a poco más de un mes de la celebración de los comicios se haya llevado a cabo una acción de esta envergadura, definitivamente hace dudar.
Actores políticos nacionales han ya manifestado lo anterior. El irracional Peje, Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho que esto es totalmente electoral. El gobernador del Estado de México, virtual candidato del PRI a la Presidencia de la República, ha dicho también que los acontecimientos en cuestión realmente lo hacen dudar si son genuinamente policiales o si hay un apetito político.
Muy pronto se sabrá en qué acaba este embrollo. Si los detenidos o una mayoría de ellos son consignados, realmente se habrá dado un golpe mediático y anímico, en verdad se está procurando justicia parejo, y de pasada el PAN se verá beneficiado. Por otra parte, si muchos de ellos terminan con un "usted disculpe" quizá sea la puntilla para saber que el crimen ha derrotado a México y habrá que resignarse a lo que hasta ahora hemos venido viviendo.
De todo esto hay tres preguntas que surgen: ¿Sólo en Michoacán hay autoridades locales relacionadas con la delincuencia o sucederá lo mismo en otros Estados? ¿Se atreverá la Federación a repetir una operación como la pasada en caso que realmente haya el mismo tipo de colusión? ¿Ocurrirá algo así en Coahuila o Durango?
Las semanas irán revelando estas interrogantes, pero la realidad es que debe existir hoy nerviosismo en otras áreas del país que tal vez asemejen el caso de Michoacán, y quienes estén en ese supuesto, deberán poner sus barbas a remojar.
El asesinato de Eliseo Barrón nos debe conmover a todos. Hoy el gremio de la comunicación está de luto, -obviamente el dolor de la familia es cosa aparte- y ante tal poder de los sujetos que llevaron a cabo la privación de la libertad y ejecución, lo único que por el momento queda es implorar que quienes hicieron eso, tengan más compasión por la vida de los demás.
