Son hechos graves en sí mismos, pero su importancia se abultará de establecerse nexos causales entre ellos. Se trata de acciones violentas de la delincuencia organizada, que de ese modo se burla de las acciones gubernamentales, lanza una risotada ante la presunta revitalización del combate en su contra. No hay, sin embargo, en la realidad tales acciones, pues las autoridades parecieron darse por satisfechas al firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y desde el 21 de agosto impera en ellas el pasmo, salvo en tratándose de secuestros, terreno en que las detenciones se han multiplicado.
Entre el 6 y el 12 de septiembre ocurrieron tres acontecimientos estremecedores. En la madrugada del viernes seis se enfrentaron poderosas bandas delincuenciales en Arcelia, Guerrero. Se tirotearon, presumiblemente, grupos de narcotraficantes locales, los Pelones, con Zetas llegados de Tejupilco, Estado de México, en disputa por el control de la zona. Durante varios días la población padeció el temor de que se reanudara el furioso tiroteo ante el cual las autoridades locales prefirieron no intervenir. Sólo varios días después llegaron militares y agentes federales que una semana después detuvieron a once personas por su participación en la balacera.
En un segundo acontecimiento, el martes 9, 25 presuntos narcomenudistas fueron “levantados” en la colonia El Olivo, de Huixquilucan, el profusamente poblado municipio adosado al F, según informaron “fuentes de la Procuraduría mexiquense”. (Reforma, 13 de septiembre).
El viernes doce, en fin, en el tercer acontecimiento de que hablamos, se hallaron en el camino a Chalma, no lejos de La marquesa, parajes mexiquenses muy concurridos, los cadáveres de veinticuatro personas, muchas de ellas con señales de haber sido golpeadas y aun torturadas. Todos murieron de un solo balazo en la cabeza. La mayor parte de las víctimas fueron al parecer ultimadas lejos del lugar del hallazgo, aunque allí fueron ejecutadas algunas más. Cuando el sábado 13 se conoció la detención de once personas en Arcelia, de inmediato se las supuso responsables de la matanza de La Loma, en el valle del Conejo, ya que desde la noche del viernes autoridades locales y federales vincularon la violencia ocurrida en Guerrero con las ejecuciones consumadas en el Estado de México.
Al parecer, sin embargo, la matanza de 24 personas se vincula más con el “levantón” a 25 presuntos narcomenudistas ocurrida el martes nueve. A esa dirección encaminan los primeros indicios, pues el domingo catorce fueron identificadas cinco personas, cuya desaparición había sido denunciada días atrás. A primera vista, sin embargo, ninguna de ellas se dedicaba a ninguna actividad. Eran, al contrario, jornaleros que llegados a Huixquilucan desde Hidalgo, Oaxaca y Veracruz se afanaban por sobrevivir como peones de campo en las etapas de siembra y de cosecha, y como albañiles en otras épocas del año. No puede descartarse que hubieran sido reclutados para la venta de drogas al detalle y por eso se les privó de la vida, pero también es posible que se les hubiera confundido y por eso sufrieron la suerte de otros presuntos involucrados en ese ruin negocio.
Estos sucesos parecen corresponder, de una u otra manera, a los desplazamientos de bandas de un territorio a otro y las consiguientes batallas por el control de los mismos. Esa es, al menos, la convicción oficial. La matanza del 12 de septiembre, según el procurador Eduardo Medina-Mora, es parte de “la disputa que, sobre todo en esta región, mantienen organizaciones de delincuencia organizada”. Esa batalla comarcana, así como la que ocurre “entre bandas del crimen organizado en todo el país, es un motivo de preocupación central parta nosotros” (Reforma, 14 de septiembre).
Si hay preocupación, ocupación parece no haberla. La batalla de Arcelia transcurrió sin que las policías del municipio y del estado de Guerrero figuraran ni siquiera como espectadoras. Fueron el Ejército y la Policía Federal, no la PGR, las corporaciones que detuvieron una semana después a algunos de los participantes en la violenta querella. Omisiones semejantes deben ser imputadas a la procuración de justicia mexiquense, en cuyo territorio ha prosperado la banda que se denomina a sí misma La familia, surgida en Michoacán y que se caracteriza por comunicar los propósitos de sus actos delincuenciales, ya sea con recados explícitos o con otros simbólicos, como la decapitación.
Como prueba de sus operaciones en el Estado de México, “de mayo a agosto pasado, en 13 hechos distintos que han arrojado un total de 18 ejecuciones, este grupo criminal ha dejado mensajes en los cuerpos de sus víctimas.
“Entre los casos más sobresalientes se encuentra la ejecución de Braulio Hernández, escolta de Cuitláhuac Ortiz, director operativo de la Policía Ministerial de Toluca, ocurrido el 11 de julio. Junto al cadáver fue encontrado un mensaje que decía: ‘Con La familia no se juega, vayan preparando el traje con el que se van a morir” (Reforma, 14 de diciembre).
La averiguación de la descomunal matanza de 24 personas está a cargo de la Procuraduría federal. La declaración de su titular Medina-Mora sobre la matanza más que brutal se produjo no en el terreno de los acontecimientos, sino al cabo de una ceremonia oficial, la recordación de los Niños Héroes. Cierto es que antes hubo reunión de emergencia del gabinete de seguridad. Pero es hora de trabajo, no de festejos.
